El abandono de Juan Carlos I expone la debilidad de nuestro Estado democrático y de derecho

El exilio del rey emérito Juan Carlos I expone la debilidad de nuestro estado democrático y de derecho.

Uno de los principios mínimos de la democracia es el principio de legalidad y el imperio de la ley, de lo que se desprende que los poderes, de la índole que sean, están sujetos a las leyes y a la legalidad vigente. La fuga de Juan Carlos I demuestra que no siempre se cumplen estos principios. La inviolabilidad ha hecho imposible una apertura rápida de una investigación. Por lo tanto, se puede decir que la inviolabilidad real es contraria a un estado democrático.

Por otro lado, cabe señalar que, en estos momentos, el rey emérito es solo un presunto delincuente, y que, por la falta de investigación y sentencia, goza de un derecho fundamental, la presunción de inocencia, recogido en nuestra Constitución. Parte de la sociedad lo ha sentenciado, y aún no ha sido ni investigado; coherencia. Aparte, el antiguo rey podría haber incurrido en un delito de obstrucción a la justicia con su abandono de España.

No se trata de la primera vez que en España se pone contra las cuerdas el estado democrático y de derecho. Ya pasó en Catalunya con el referéndum, los autores del cual ahora sí piden que se judicialice la actuación de Juan Carlos I. Parece que la justicia a veces dependa de sensibilidades políticas. Aunque esta, en un estado democrático y de derecho, debe permanecer equitativa e independiente.