"La defensa de la sanidad pública no es una opción, es una obligación moral"

El desmantelamiento de la sanidad pública española se configura como una realidad cada vez más palpable. Gobernadores, disfrazados de adalides de la libertad, pretenden arrebatarnos un derecho fundamental: la salud. La Constitución, relegada a un mero adorno, observa impotente como el artículo 43, que consagra la protección de la salud, se convierte en letra muerta ante la voracidad privatizadora.

La inacción del Gobierno central es tan solo un capítulo más en esta tragedia. El panorama en las comunidades autónomas no es más esperanzador. Madrid, bajo el mandato de Ayuso, se erige como un ejemplo paradigmático del desmantelamiento sistemático de la sanidad pública. La falta de profesionales, las condiciones precarias de trabajo y las interminables listas de espera son solo algunos de los síntomas de un sistema agonizante.

Las enfermeras, guardianas de la salud, se encuentran en la primera línea de batalla. La escasez de personal, los contratos precarios y los turnos extenuantes configuran un escenario insostenible que repercute directamente en la calidad del servicio.

La desidia política tiene un alto precio: la salud de la población. La espera interminable para pruebas diagnósticas cruciales, la saturación de los profesionales y la degradación de las condiciones de trabajo son solo algunos ejemplos del desprecio hacia la ciudadanía.

Es hora de alzar la voz, de convertir la indignación en acción. La defensa de la sanidad pública no es una opción, es una obligación moral.