La Generalitat facilitará asesoramiento gratuito a particulares y empresarios con deudas a raíz de la covid-19

La Generalitat pondrá en marcha este otoño un servicio de acompañamiento a los deudores. El objetivo del Govern es reducir los concursos de acreedores y resolver los casos de insolvencia antes de que lleguen a los juzgados, a través de los mecanismos de segunda oportunidad previstos por la ley. Este servicio será gratuito y ayudará a las personas y los empresarios afectados por las deudas a preparar la documentación para iniciar una mediación con los acreedores.

El servicio de acompañamiento estará activo el octubre que viene, para hacer frente al previsible incremento de casos de quiebra económica provocados por la emergencia sanitaria de la covid-19. De este modo, la Generalitat podrá empezar a actuar antes del 31 de diciembre del 2020, que es cuando se agota la moratoria para la presentación de concursos

Los técnicos de la Generalitat identificarán los casos con posibilidades reales de acuerdo y pondrán a los interesados en contacto con el notariado y las cámaras de comercio, que se harán cargo de la negociación en nombre de los particulares y de los empresarios, respectivamente, con la colaboración de la abogacía y la procura. Entre las ventajas de iniciar el proceso por un acuerdo extrajudicial de pagos a través de la mediación, destaca la paralización de la ejecución de la deuda con la subasta de la vivienda habitual.

Si las partes no llegan a ningún acuerdo extrajudicial de pagos, o si lo acuerdan pero lo incumplen, los tribunales iniciarán automáticamente el proceso judicial del concurso de acreedores. Si es así, el estudio previo del servicio de la Generalitat facilitará la tramitación judicial, porque el caso llegará a los juzgados con una mayor y mejor información, en beneficio tanto de los deudores como de sus acreedores.

El Govern hace un llamamiento a las entidades financieras y de crédito y a los suministradores de servicios básicos para que se impliquen en los mecanismos de segunda oportunidad y faciliten los acuerdos con los deudores. La resolución de los impagos a través de la mediación contribuye, por un lado, a un cambio cultural sobre la resolución de los conflictos y, por el otro, a la descongestión de los juzgados, que harán frente a una previsible avalancha de casos de insolvencia por la emergencia sanitaria. Los mecanismos de segunda oportunidad permiten acuerdos más rápidos y satisfactorios para las dos partes y favorecen la continuidad de la actividad económica. La mediación por insolvencia y el concurso de acreedores son mecanismos conocidos por los empresarios, pero desconocidos por los particulares, que también se pueden acoger.

Reformas legislativas urgentes

Además de la creación del nuevo servicio gratuito de acompañamiento a los deudores, el Departament de Justícia ha preparado una batería de enmiendas al proyecto de ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19 y las ha hecho llegar a todos los portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso.

En relación con la ley de la segunda oportunidad, Justícia propugna que los deudores puedan acceder al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI); es decir, a la exoneración de las deudas, sin pasar obligatoriamente por un intento de acuerdo extrajudicial de pagos (AEP). En cambio, actualmente, cualquier exoneración requiere, por ley, el intento de un acuerdo previo al inicio del concurso judicial. Se trata de una condición innecesaria para los deudores que no disponen de ningún patrimonio y que, por lo tanto, no pueden negociar ningún pago parcial a sus acreedores. Este requisito fuerza un intento imposible y dilata la posible solución.

El Govern también considera que hay que ampliar el acceso a la exoneración de las deudas. La regulación de la segunda oportunidad impide que se puedan beneficiar los deudores con impuestos y cotizaciones pendientes de pago a Hacienda y la Seguridad Social. Con el cambio normativo que impulsa el Departament de Justícia, el peso de la exoneración del pasivo insatisfecho no recaería exclusivamente sobre los acreedores privados, sino que también lo asumiría el Estado, como ejemplo de compromiso con la condonación de los impagados y la generación de nuevas oportunidades.