Canarias busca sitio en el debate territorial abierto tras el 23J

Canarias mira atenta y expectante al nuevo debate territorial abierto en España tras los resultados de las elecciones generales del 23-J. El protagonismo adquirido por los distintos partidos nacionalistas de todo el Estado por tener la llave de la gobernabilidad, ha puesto sobre la mesa una compleja agenda autonómica que va a ser determinante en la vida política española si finalmente la legislatura echa a andar. Pese a que la mayoría de estos partidos, todos salvo Bildu, han perdido votos y/o escaños respecto a la etapa anterior, la aritmética parlamentaria surgida de las urnas les ofrece la posibilidad de forzar una revisión del actual modelo que, sin llegar a la necesidad de una reforma de la Constitución, puede cambiar profundamente los actuales equilibrios territoriales. 

Todos ellos han puesto sobre la mesa en estos primeros compases en la búsqueda de la investidura del único candidato con posibilidades de lograrla, el socialista Pedro Sánchez, sus aspiraciones o pleitos pendientes con el Estado, y domina el ambiente una clara sensación que esta será la clave de bóveda de los posibles acuerdos, de la acción del hipotético futuro gobierno y de la marcha de la legislatura. Tanto desde los partidos independentistas catalanes, ERC y Junts, como desde los vascos, especialmente el PNV, se plantean exigencias, aunque con muy diferentes tonos y objetivos, sobre las futuras relaciones del Estado con esos territorios, dando por hecho que el apoyo a la continuidad de Sánchez en La Moncloa pasa porque este asuma parte de esas reclamaciones. 

También CC, como formación de cuya única diputada, Cristina Valido, pudiera finalmente depender la investidura de Sánchez y el arranque de la legislatura, está mencionando el asunto territorial y las relaciones entre Canarias y el Estado como elemento central de las negociaciones que en su caso se pudieran entablar, aunque sus planteamientos tiene obviamente muchas menos aristas de las que ofrecen los partidos soberanistas de procedencia catalana y vasca. Pero independientemente de la naturaleza y complejidad de sus reclamaciones al futuro gobierno, CC, también en condición de partido gobernante en Canarias y cuya presidencia ostenta su principal dirigente, Fernando Clavijo, quiere permanecer en el centro de ese debate territorial que se avecina porque de sus consecuencias dependerá el futuro encaje de las Islas en ese posible modelo autonómico en ciernes.

De entrada, el propio Pedro Sánchez como principal candidato a la investidura dado que es el único con el que los imprescindibles nacionalistas vascos y catalanes se avienen a negociar, ha entrado al trapo y en su vídeo mensaje del pasado lunes a través de sus redes sociales ya avanzó su intención de “reforzar el modelo territorial”, sin más concreciones. Desde la dirección del PSOE ya apuntan, sin embargo, su disposición a explorar dentro del marco constitucional elementos de impulso del autogobierno de las comunidades autónomas de manera coordinada con los propios gobiernos autonómicos. En algunos sectores socialistas incluso se utiliza el término “federal” para identificar el tipo de debate territorial hacia el que se camina, algo que cuadra de hecho con las posiciones del partido en sus dos últimas propuestas de reforma del Estado Autonómico, la Declaración de Granada (2013) y la Declaración de Barcelona (2017).

El pronunciamiento de Sánchez ofrece una respuesta tácita y directa a las posiciones del PNV, uno de los partidos claves para la posible investidura y cuyos máximos dirigentes reclaman un “pacto territorial” para los próximos 20 años abriendo un melón, sin mencionar expresamente la reforma del Título VIII de la Constitución, en el que estén integrados, además de Sumar, todos los partidos nacionalistas, mencionando expresamente a CC. La otra vía que Sánchez pretende acotar con su declaración en este debate es la del soberanismo catalán de Junts y ERC para encauzar sus aspiraciones sobre el “derecho a decidir”, o la situación de los encausados por el ‘procés’ en 2017, entre ellas la del propio líder de los exconvergentes, Carles Puigdemont, uno de los personajes claves en la posible investidura del candidato socialista. Los catalanes, sin embargo, tienen otros objetivos más pragmáticos y factibles como una relación directa con el Estado y al margen del sistema en materia de financiación autonómica; la condonación de la deuda que Cataluña tiene contraída con la hacienda estatal a través del Fondo de Liquidez Autonómico; las transferencias de competencias importantes como el servicio de rodalies (cercanía de Renfe), u otras cuestiones que se eliminaron de la última reforma del Estatut.

Estatutos y financiación

La reforma de los Estatutos de Autonomía de buena parte de las comunidades autónomas, particularmente el vasco y el catalán, o en su caso el pleno desarrollo de los ya aprobados recientemente, como el de Canarias en 2018, podría ser precisamente una de las consecuencias derivada de ese “reforzamiento” del modelo territorial anunciado por Sánchez para conseguir la investidura. En el actual contexto de negociación en ciernes a este respecto, CC, que obviamente recoge el sentir del Gobierno regional, reclamará el traspaso efectivo de todas las competencias incorporadas en la última reforma estatutaria, incluida la gestión efectiva del litoral ya formalmente traspasada pero en condiciones insatisfactorias para el Archipiélago. También la participación en la gestión de los aeropuertos canarios, gestión de fondos europeos, acción exterior y participación en la política de migraciones, entre otros.

La otra cuestión vinculada al modelo territorial supuestamente en revisión sería la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014 y que ningún gobierno se ha atrevido desde entonces a abordarlo por la diferencia de intereses entre los diferentes territorios independientemente del color político de sus respectivos gobiernos. La ministra de Hacienda en funciones y ´número dos’ del PSOE, María Jesús Montero, ha admitido que esta cuestión está sobre la mesa. El último intento se produjo en la pasada legislatura sin éxito, dejando un documento sobre la mesa que en teoría serviría de punto de partida. Canarias entrará en ese debate defendiendo postulados propios como son la exclusión del sistema de los recursos del REF, una mayor ponderación de la insularidad, y que se tengan en cuenta como factores correctores las variables de pobreza y renta regional por habitante.

Todo este esquema de negociación que se avecina en torno al modelo autonómico abre un panorama muy complejo sobre la respuesta que se dará desde los distintos territorios que no están directamente representados en la misma, muchos de ellos en manos de gobiernos del PP. En todo caso, Canarias, que podrá tener voz en este proceso a través del peso que la aritmética parlamentaria del 23-J ha otorgado a CC, se ve obligada en este contexto a elaborar un plan de seguimiento del debate y de objetivos a plantear. El “reforzamiento” del modelo territorial anunciado por Sánchez da una nueva dimensión al debate político sobre su posible investidura.

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