¿Qué ha hecho Catalunya con sus cuatro décadas con competencias educativas?

El 26 de octubre de 1978, la primera edición de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA abría su primera primera plana con la noticia de que la comisión mixta Gobierno-Generalitat provisional había acordado que la gestión de las escuelas catalanas pasara a manos del Govern que presidía Josep Tarradellas. Hace ya casi 45 años, aunque esa atribución de las competencias en educación a la Generalitat no se formalizó hasta la promulgación del Estatut en diciembre de 1979, el traspaso de los servicios educativos no se aprobó hasta un decreto de octubre de 1980 y estos no se hicieron efectivos hasta el 1 de enero de 1981. Son, en cualquier caso, más de cuatro décadas en las que la educación ha sido responsabilidad de los sucesivos 'governs' y, como en pocos otros casos, la responsabilidad sobre los aciertos y errores debe ser asumida como propia más que atribuida a factores ajenos.

Competencias

¿Hasta qué punto esas competencias son atribuibles únicamente a la Generalitat? Según el marco constitucional, Catalunya dispone de competencias "plenas" pero no "exclusivas". El Govern confiaba en que la fijación del marco general que se reservaba el Estado fuese de "mínimos", que no se fijarían "planes de estudios [que corresponderían a la Generalitat] sino las condiciones de los planes de estudio", según sostenía el 'conseller' Guitart en ese octubre de 1980, meses antes de asumir las competencias educativas. Sin embargo, la Ley Orgánica de Ordenación de Centros Educativos (Loece, la primera de las muchas leyes orgánicas educativas de la democracia) reservaba de forma general "la ordenación del sistema educativo" al Estado, una interpretación que los Gobiernos del PP (y algunos del PSOE) aplicaron de forma expansiva en sus sucesivas reformas y solo algunos Ejecutivos socialistas aceptaron regular de forma más laxa. Ese pulso entre la fijación exhaustiva del currículo o no por parte del Ministerio de Educación ha sido un tira y afloja continuo durante estas cuatro décadas.

Gasto en medio de la tabla

En cuanto a los recursos: las características del sistema de financiación autonómica han hecho que el volumen de recursos dedicados a la educación pueda ser variable según la apuesta de cada comunidad, pero en unos márgenes muy limitados. Catalunya, en 2022, dedicaba 1.094 euros per cápita, 40 por encima de la media. Por debajo de siete comunidades, por encima de nueve de ellas, 200 euros menos que la que encabeza la clasificación, Navarra, y 154 por encima de la que dedica menos recursos públicos a la educación, Madrid.

Dentro de este marco competencial y de recursos, la Generalitat ha tenido margen para definir una política educativa propia.

La lengua

El puntal de la política escolar de la Generalitat fue hacer de la escuela la herramienta de normalización del catalán. Durante muchos años se le pudo reprochar que fue casi el único. Pero en 1978 solo el 14% de alumnos tenía una asignatura de catalán, y basta. En 1989, todos, con el 16% en régimen de inmersión. A partir de los decretos de 1992 y, sobre todo, de la ley de política lingüística de 1998, pasó a ser la lengua de uso normal en la docencia, con el castellano como asignatura. El resultado: en 1986 el 64% de la población sabía hablar catalán y el 31%, escribirlo. En 2022, el 88% y el 82%. Aunque la escasa capacidad de integrar lingüísticamente a las últimas generaciones de nuevos catalanes y que la lengua de interacción en los institutos sea cada vez más el castellano ha encendido las alarmas.

Formación Profesional

La Generalitat fue de las administraciones que aplicó más al pie de la letra la reforma de la LOGSE, unificando la red de institutos de bachillerato y FP en un solo modelo de IES que teóricamente debía combinar ESO, bachillerato y FP y eliminando centros específicamente profesionales. La apuesta diluyó la FP, el error (que otras comunidades evitaron) se pagó y se han tardado años en volver a construir una red de FP ligada con la empresa y en centros específicamente profesionalizadores. Un impasse que nos deja a años de luz de comunidades como el País Vasco.

Gestión de las plantillas

En este campo, aparte de la temprana renuncia a la antigua estructura piramidal basada en la figura de los catedráticos de instituto, la principal particularidad ha venido del último decreto que permite a las direcciones de los centros intervenir en la selección de su propio profesorado para ajustarlo al proyecto pedagógico particular. Un avance en la autonomía de centro para unos, una puerta abierta a actuaciones arbitrarias para otros.

Innovación educativa

La herencia de los movimientos de renovación pedagógica de los 70 y su reformulación en los últimos años (el enfoque competencial, y la integración de las nuevas tecnologías) ha distinguido las escuelas catalanas, haciendo que parte de las novedades que llegan con la última reforma educativa en otras comunidades suenen aquí ya a normales. Pero no siempre con consenso, ni yendo más allá de aplicar modas pedagógicas pero no sus fundamentos, ni con estímulo desde la Generalitat. Jordi Pujol siempre receló y en 2005 hacía una revisión crítica: "La disciplina y la dinámica del esfuerzo fueron rechazadas de pleno. La experimentación pedagógica ha potenciado la creatividad y la iniciativa pero nos hemos alejado de valores imprescindibles (...) como la moral del esfuerzo, la jerarquía, la responsabilidad".

El apoyo a la concertada

La Generalitat de CiU apostó desde un primer momento por un modelo mixto con protagonismo de la escuela concertada. Un modelo en el que se compensaba la menor financiación pública de la concertada haciendo la vista gorda con estrategias (como el cobro de cuotas presuntamente voluntarias que disuadían el acceso a las familias de menos renta y facilitaban una mejor oferta a estos centros) que promovían la segregación social. Algunos contrapesos (como un sistema centralizado de presinscripción o la creación de zonas para la matriculación) tardaron años en aplicarse. Con todo, no puede olvidarse que al mismo tiempo, el porcentaje de alumnos en el sistema público ha pasado en este periodo del 47% al 65%. En Barcelona, del 26% al 41%. En las áreas de crecimiento de población por la inmigración y el 'boom' inmobiliario, el grueso de la creación de nuevos centros públicos recayó en los años de gestión del tripartito.

La educación infantil

Una de cal y una de arena. La Generalitat fue avanzada en aplicar la universalidad de la educación 3-6 años en las escuelas. Pero en la etapa 0-3 dejó la iniciativa en manos de los ayuntamientos (más intensa en unos que en otros), y cuando acabó asumiendo la financiación parcial de ese servicio ha sido cuanto menos poco confiable en sus compromisos de pago.

La educación especial

Otra particularidad del sistema educativo catalán ha sido el énfasis en la integración en la escuela ordinaria en lugar de la escolarización en centros de educación especial. Una apuesta que no ha ido acompañada de los recursos suficientes para que los centros atiendan toda esa diversidad.

Pacto Nacional y Ley de Educación de Catalunya

Una última peculiaridad. Como fruto del pacto nacional de educación 2004-2005 se consiguió pactar entre el tripartito y CiU una ley de educación, la del 2009, consensuada (como lo fue la de normalización lingüística), en claro contraste con la alternancia de reformas educativas a cada cambio de gobierno en el conjunto de España.

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