Un juez condena la Administración por no atajar el acoso a un alumno de P-4 en Barcelona

Un juez ha condenado al Consorci d'Educació de Barcelona a indemnizar con 3.800 euros, más los intereses legales, a la familia de un alumno de una escuela pública por la "pasividad" de la dirección del centro para atajar la situación de acoso escolar que sufrió el menor durante tres cursos, desde los 4 hasta los 6 años. 

En la sentencia, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 15 de Barcelona estima parcialmente la demanda que presentaron los padres del menor, representados por la abogada Noelia Liduina, después de que la Generalitat rechazara indemnizarles por el acoso escolar que el niño sufrió por parte de sus compañeros. La madre llegó a escribir en un diario los espisodios de hostigamiento sufridos por el pequeño que, según la denuncia, incluian, "golpes, insultos y amenazas". 

La sentencia condena al Consorci de Educació (organismo formado en un 51% por la Generalitat y un 49% por el Ayuntamiento de Barcelona) a indemnizar a la familia por la conducta "ineficaz" del centro para impedir el acoso escolar que sufrió el niño durante los cursos de P4, P5 y Primero de Primaria en una escuela de Barcelona, en la que estudió entre el 2013 y el 2016, año en que fue trasladado a otro centro. El juez estima que existió "un trasfondo de cierta inactividad-pasividad de la dirección y del centro y/o la inspección educativa", al no haber adoptado "todas las medidas posibles y medios a su alcance para atajar" la situación que sufría el menor.

Para el magistrado, "lo preocupante e insólito del caso es que no se activara un protocolo de actuación contra un posible acoso escolar a un menor, pese a la insistencia de la madre de este", cuando la finalidad de estos programas es "la evitación y/o perpetuación de tales posibles situaciones y la prevención de riesgos al respecto". Y es que la madre del niño se había quejado en varias ocasiones, tanto verbalmente como por escrito, desde el 2014. El pequeño llegaba a casa, según la resolución, con morados y golpes.

El juez sostiene que hay indicios suficientes de que el menor sufrió acoso "continuado", a la vez que admite que es "infrecuente", pero verosímil, que el 'bullying' se produzca a cortas edades. Asimismo descarta el argumento de la Generalitat de que las quejas presentadas por la madre contra el centro educativo persiguieran que el niño fuera cambiado de escuela y reprocha a la dirección que no activara el protocolo contra acoso escolar pese a existir un informe de un pediatra que alertaba de posibles indicios de acoso escolar.

Según la sentencia, la dirección del centro se limitó a afirmar que respetaba la opinión del pediatra, aunque no la compartía, sin tener en cuenta el informe médico ni siquiera para "constatar que la situación de 'bullying' era inexistente".

Lesiones físicas

Otros indicios que para el juez sustentan la hipótesis de que el niño sufrió acoso escolar es que se le apuntara a una actividad de defensa personal y que la dirección del centro acabara por extremar las medidas de prevención y detección del acoso a instancias de la inspección educativa.

Para el juez, "es difícilmente creíble que unos padres (en especial la madre del menor) efectúen quejas constantes, continuadas en el tiempo (durante tres años) a un mismo centro educativo, sin fundamentación, por capricho, o con búsqueda de finalidad y cambio de centro (...)". Según la sentencia, otros dos menores se fueron de esta escuela por motivos similares.

La sentencia, que no es firme, descarta indemnizar al menor por daños morales, dado que no sufre secuelas en la actualidad y no existen partes físicos de las lesiones. Los padres habían reclamado 15.000 euros. En el 2016, un juzgado de Tarragona ya condenó, pero esta vez a la Conselleria d'Ensenyament, por un caso de acoso escolar de un alumno en P-4 en un colegio de El Vendrell (Baix Penedès).