Nueva obligación para las empresas en diciembre: así serán los planes de movilidad sostenible y cómo afectarán a los trabajadores

Las empresas con determinados centros de trabajo deberán contar con un plan de movilidad sostenible antes del 5 de diciembre de 2026. La nueva obligación, recogida en la Ley de Movilidad Sostenible, pretende reducir el uso del coche privado y fomentar alternativas como el transporte público (bus y metro), la bicicleta, los desplazamientos a pie o el vehículo compartido. Las medidas también pueden repercutir en los trabajadores, aunque la normativa no obliga a las compañías a pagarles el transporte.

La obligación afecta a las empresas y entidades del sector público cuyos centros de trabajo tengan más de 200 trabajadores o más de 100 por turno, siempre que se trate de centros a los que resulte aplicable la normativa. Por tanto, no todas las compañías tendrán que elaborar estos planes, sino aquellas que cumplan los requisitos establecidos.

El objetivo es que los desplazamientos habituales al trabajo sean más sostenibles y seguros. Para ello, las empresas deberán estudiar las características de la movilidad de sus plantillas y establecer medidas que faciliten alternativas al vehículo privado.

Qué empresas deben tener el plan

La Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, establece la obligación de elaborar e implantar estos planes en los centros de trabajo afectados. El plazo de adaptación se ha fijado en el 5 de diciembre de 2026, por lo que las compañías deben preparar las medidas antes de esa fecha.

Los planes deberán negociarse con la representación legal de los trabajadores y contemplar distintas opciones para facilitar los desplazamientos. Entre ellas figuran el transporte colectivo, el uso de la bicicleta, los desplazamientos a pie y los sistemas de coche compartido. También podrán incluir medidas para fomentar los vehículos de cero emisiones y el teletrabajo, cuando las características de la actividad lo permitan.

La normativa contempla, además, actuaciones relacionadas con la seguridad vial y la prevención de los accidentes durante los desplazamientos. Los planes no podrán limitarse a una declaración de intenciones: deberán incluir medidas concretas y mecanismos para evaluar su aplicación.

Las empresas también tendrán que realizar un seguimiento periódico. La ley prevé informes de seguimiento cada dos años y la revisión de los planes, al menos, cada cinco, para comprobar su funcionamiento y actualizar las medidas cuando sea necesario.

Cómo puede afectar al bolsillo del trabajador

Una de las cuestiones que más interés puede suscitar entre los empleados es si estos planes supondrán ayudas económicas para desplazarse al trabajo. La ley permite contemplar medidas como las tarjetas de transporte o los incentivos para utilizar alternativas al coche, pero no establece una obligación general de financiar el abono de los trabajadores.

El interés por estas ayudas ya existe. Según los datos de un estudio elaborado por Pluxee, empresa global especializada en beneficios sociales y retribución flexible para empleados, el 61% de los trabajadores que acuden a la oficina en autobús o metro reclama que la empresa les pague el transporte. Esta demanda refleja la importancia que puede adquirir el coste de los desplazamientos en la aplicación de los nuevos planes.

Sin embargo, las medidas concretas dependerán de cada empresa y de las características de sus centros de trabajo. La normativa busca impulsar alternativas sostenibles de movilidad, pero no garantiza que todos los empleados reciban una compensación económica por acudir a la oficina.

De este modo, el principal cambio para los trabajadores será la incorporación de nuevas medidas de movilidad, que podrán facilitar sus desplazamientos cotidianos. Su alcance dependerá de las soluciones que adopte cada compañía y de cómo se negocien y apliquen los planes.