Miles de interinos sin estabilizar aguardan la sentencia de la justicia europea: "Reconocen que somos daños colaterales, pero nos echan a la calle"

José Miguel Sánchez tiene 51 años y durante los últimos siete ha trabajado como conserje en seis colegios distintos de Catalunya. Este hombre encontró en la función pública una salida laboral. Tras 12 años en un almacén de una empresa metalúrgica del sector privado, desarrolló una dolencia en la espalda que le obligó a dejar su empleo. Entró como interino del personal subalterno del departamento de educación, y, tras siete años sin poder presentarse a una oposición, se quedó a unas pocas décimas de estabilizar su plaza a través de los macro procesos extraordinarios que la Administración ha ido convocando durante estos últimos dos años. 

Procesos para reducir las altas ratios de temporalidad –superiores al 30%- que arrastra desde hace tiempo y en los que centenares de miles de interinos en abuso han podido ganar su fijeza a través de los mismos en las distintas administraciones de toda España, ya sea en la estatal, autonómicas o municipales. Sin embargo, él y miles como él no lo han hecho y ahora aguardan angustiados el momento en el que les comuniquen, a no mucho tardar, que su plaza ha sido adjudicada a otra persona. “Me veo en la calle a mis 51 años. Y de lo que he estado haciendo no hay prácticamente en el sector privado”, se lamenta. 

José Miguel y miles de interinos como él aguardan la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), prevista su publicación este jueves 13 de junio, como último asidero para seguir en la Administración. Confían en que este siga la estela de fallos anteriormente emitidos por ese mismo tribunal y que censure al Reino de España y su última ley diseñada ex profeso para corregir ese abuso masivo para con los interinos. Lo que obligue, a su vez, al Gobierno a reformular la normativa y habilitar un nuevo mecanismo mediante el cual aquellos interinos que puedan acreditar haber estado años como eventuales y que se hayan quedado fuera de los procesos de estabilización tengan una nueva oportunidad de quedarse como indefinidos.

A Julia Martín, administrativa de recursos humanos y de 49 años, estuvo cinco años como interina, encadenando hasta siete contratos diferentes. Luego hizo una oposición y ganó plaza, aunque se quedó 10 años en una provisional y sin poder consolidar el grado, lo que a nivel salarial se nota. Se presentó a un concurso de méritos para que se le reconociera esa mejor categoría, sin éxito.

“Reconocen que somos daños colaterales, pero igualmente nos echan a la calle”, afirma Anna Vergés, de 54 años y cesada de su plaza de interina hace tres meses. Esta bióloga hasta hace poco se encargaba de, entre otros, la gestión técnica de la fauna de jabalís en Catalunya. Trabajar dentro de la administración pero aportando sus conocimientos como bióloga la motivó a dejar la plaza de auxiliar administrativa fija que ganó hace años en una oposición y aceptar otra como interina, pero acorde con su formación. “Como funcionaria no he podido hacer carrera, como interina me han dejado en la categoría más baja. Me niego a que, con 54 años, tenga que recular hasta las condiciones laborales que tenía en 2010”, lamenta, pensando ya en la futura pensión que le quedará si eso sucede.

 El caso de Jordi Cerdà es diferente. Él ha prestado servicios durante los últimos 17 años para el consorcio de bibliotecas, luego para el Ayuntamiento de Barcelona y ahora para la Generalitat, como técnico superior de la intervención, certificando subvenciones y convenios, entre otros. Ese baile de sillas le perjudicó en el concurso de méritos para estabilizar su plaza y se quedó fuera. Ahora espera que lo cesen en los próximos meses. “Lo mío es la contabilidad pública, como mucho me podría reciclar en otra administración. Estoy condenado a continuar mi vida como interino, pero en otro sitio”, afirma. 

Estos cuatro interinos se han agrupado en la Plataforma d’Afectats per la Funció Pública, una entidad que, dicen, representa a unos 2.000 eventuales que han quedado excluidos de los procesos extraordinarios de estabilización que la Generalitat ha ido convocando y ejecutando desde 2021. Si bien cada nivel administrativo ha ido diseñando sus propias convocatorias.

Los procesos se han diseñado con el aval de los sindicatos mayoritarios y dejan un balance mayoritariamente positivo para los intereses de los interinos. Nueve de cada 10 plazas sacadas a estabilización se las acaban adjudicando trabajadores interinos, según el balance provisional de la conselleria de Presidència. Según esos mismos datos, el personal estabilizado rondaría los 38.000 empleados públicos, entre técnicos de la Generalitat, docentes y sanitarios.  

Más del 90% de los interinos se quedan en la Generalitat tras las 'macrooposiciones'

A nivel de Administración General del Estado, de las 300.000 plazas indentificadas como cubiertas por temporales en fraude, el 75% ya se han asignado a través de concursos extraordinarios, según datos del Ejecutivo. Aquí el problema que destacan las plataformas de interinos es que, a su parecer, el Gobierno no incluyó en ese cómputo todas las plazas que están o han estado ocupadas por eventuales de larga duración.

No obstante, la minoría que se ha quedado fuera no es pequeña y mira hacia los tribunales en busca de soluciones. Este pasado febrero el TJUE abrió la puerta a que los interinos del personal laboral en abuso pudieran reclamar en los juzgados su estabilización, censurando la normativa española. Fue especialmente crítico con la indemnización a la que tienen derecho los eventuales que no superen una oposición, criticando que la perciben todos los interinos, hayan estado o no en abuso. Los tribunales españoles ya se han ido pronunciado al respecto: el Supremo rechaza hacer fijos automáticamente a los eventuales en fraude y los juzgados de primera instancia están divididos en cuanto a las indemnizaciones. 

Este jueves el TJUE está previsto que vuelva a pronunciarse. Esta vez sobre si la normativa protege o no del abuso a los funcionarios de carrera interinos. Las plataformas de interinos –y los abogados cuyos ingresos penden de la judicialización de sus casos- confían en una sentencia favorable a sus intereses. Los sindicatos mayoritarios aguardan expectantes, pendientes de si los magistrados enmiendan la norma que pactaron con el Gobierno. Y el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública también espera a ver si la doctrina europea le obliga a aprobar cambios en la normativa nacional.  

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