Foment propone medidas para que Catalunya deje de ser "un infierno fiscal"

Foment de Treball ha promovido un documento para que Catalunya deje de ser "un infierno fiscal" para las familias y las empresas, ha afirmado el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre. La organización ha presentado el 'Libro verde de la fiscalidad de Catalunya', elaborado por 48 expertos y profesionales de la propia patronal, entidades, despachos especializados y representantes de la academia, con un total de 80 propuestas, entre las que destaca la supresión del impuesto de patrimonio. Se trata de ser "la locomotora de la economía española", , que no depende solo de las infraestructuras sino de los impuestos, ha sentenciado Sánchez Libre.

El documento, que se hará llegar a todas las fuerzas políticas del Parlament así como al actual Govern de la Generalitat, constituye un elemento con iniciativas "en la dirección de intentar influir en la Generalitat para que Catalunya disponga de una fiscalidad competitiva para las familias, el ahorro, las empresas y todos los ciudadanos y para que sea un país atractivo para las inversiones, la atracción de talento y directivos internacionales de las empresas que invierten en Catalunya". Uno de los objetivos, agrega el informe, es conseguir el equilibrio "entre la aportación fiscal de las familias catalanas y las prestaciones y servicios púbicos que recibe. En este sentido, Sánchez Llibre ha recordado la reciente constitución de otro grupo de expertos para analizar las balanzas fiscales y el déficit que se produce entre lo que Catalunya aporta y lo que recibe.

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A juicio del presidente de Foment, la reforma de la financiación autonómica, con una propuesta reciente lanzada desde el Ejecutivo catalán de ERC, con su modelo "singular" para recaudar todos los tributos y transferir recursos al Estado por los servicios centralizados y para un fondo de solidaridad con otros territorios, no ha de impedir que se modifique la fiscalidad en Catalunya. Sánchez Llibre ha destacado propuestas como la reducción de la fiscalidad que recae sobre la vivienda a través de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), situados por encima de los existentes en otras autonomías, con gravámenes del 10% hasta un millón de euros y del 11% por encima de esa suma en los inmuebles de segunda mano. Los expertos proponen que el Estado regule un tipo máximo del 7% que pueda ser reducido por las comunidades que lo deseen. A su vez defienden la reducción de los tipos marginales mínimo y máximo del impuesto de la renta (IRPF), al mimso nivel que "las comunidades autónomas más dinámicas", y que dieran como resultado con el tramo del Estado el 18,5% y el 47,5%.

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También propugnan que en el impuesto de sucesiones haya menos tramos en la escala impositiva y que el tipo mínimo sea del 4% y el máximo, del 9%, con lo que se situaría en la media de los países desarrollados de la OCDE. El estudio incide en los tributos propios, de los que rigen 11 ya que otros 7 fueron declarados inconstitucionales. El documento concluye que "la recaudación por impuestos propios en Catalunya es significativamente alta en comparación con otras comunidades autónomas". De hecho, estos gravámenes, "que hacen que Catalunya sea la comunidad autónoma con mayor número de estos impuestos", contribuyen a reflejar esa imagen de "infierno fiscal".

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El presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich; y Manuel Silva, consejero de la presidencia de Foment y socio de Roca Junyent han actuado como coordinadores del grupo de expertos. Silva ha insistido en que los tributos propios generan "inseguridad jurídica" y actúa como "barrera" para las inversiones extranjeras. También proponen un plan de lucha contra el fraude y la economía sumergida, así como una mayor transparencia sobre el destino de lo que se recauda y el coste de los servicios y prestaciones públicas que se financian con los mismos.

A nivel del Gobierno central, además de insistir en la necesidad de suprimir el impuesto de patrimonio, que consideran que no cumple con el principio constitucional de no confiscatoriedad e incluso insisten en la opción de recurrir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, como ya han afirmado en más de una ocasión, reclaman un tipo menor para los beneficios reinvertidos por parte de las empresas.