Las recientes tormentas avivan los bulos sobre las expropiaciones de inmuebles en la costa

Las reiteradas tormentas de los últimos días de marzo han erosionado de manera extraordinaria las costas del mediterráneo y avivado los temores de ayuntamientos y propietarios por los costes de la recuperación de la fachada marítima. Paralelamente, se han reavivado los bulos interesados en la devaluación de propiedades con la ley de costas de trasfondo. También se ha recrudecido la batalla política en torno al impacto del nuevo reglamento, marco legal que está en proceso de reforma ante los efectos del cambio climático y el temor a un recrudecimiento progresivo de los efectos de las tormentas en las zonas costeras. Uno de los bulos más impulsados estos días ha sido el del derecho de la Administración a la expropiación forzosa de propiedades costeras, previsto en el marco legal para concesiones o propiedades en casos excepcionales. La falta de concreción de la ley de costas, especialmente en el ámbito competencial, apunta a una batalla entre partidos, entre autonomías y entre los que reclaman medidas para prevenir el cambio climático y los que incluso niegan su existencia (con Vox a la cabeza). Sí que es cierto que este cambio normativo está generando una cierta inseguridad jurídica, precisamente el objeto principal del cambio legal impulsado desde el Parlamento Europeo.  Hace dos años, en agosto de 2022, el Gobierno realizó una modificación de la normativa que afectaba a la prohibición de establecer chiringuitos o edificaciones de más de una planta, entre otras medidas. Pero el hecho de no haber realizado suficientes trámites de consulta pública hizo que el Supremo anulase la reforma en febrero de este año.

Según fuentes del Gobierno, la reforma de la ley de costas de 1988, con un cambio en el 2013 y modificaciones en 2022, obedeció a que la normativa se había "desconectado de la realidad" y era ya "ineficaz para proteger el litoral de los excesos urbanísticos". Para el Gobierno, "se ha producido una importante inseguridad jurídica para los titulares de viviendas y otros inmuebles: deslindes sin criterios homogéneos, más de 10.000 ocupaciones residenciales en Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), falta de garantías para adquirentes de buena fe (reclamaciones de numerosos ciudadanos europeos e intervención del Parlamento Europeo con el informe Auken, que reclama la reforma de la ley de costas), desprotección de antiguos propietarios y titulares de otros derechos, con previsión de demoliciones masivas a partir de 2018". La ley requiere que los inmuebles, salvo zonas urbanas, zonas históricas, etcétera, se sitúen a al menos 20 metros de la línea de costa, y que permitan el tránsito de personas y vehículos entre el inmueble y el mar. Las propiedades en primera línea son un bien preciado y de alta valoración inmobiliaria, por lo que existen múltiples intereses en influir en su devaluación y la confianza de los actuales propietarios, alarmados por los efectos del cambio climático y el valor a largo plazo de su patrimonio. Los ayuntamientos van a tener que asumir responsabilidad sobre la defensa de sus costas y su patrimonio urbanístico, pese a que muchos de ellos no disponen de recursos para asumir soluciones definitivas, inmunes a fenómenos meteorológicos extremos.

La ley de costas en términos generales persigue que se impidan nuevas edificaciones en zonas de primera línea de mar y prohíbe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie. El Hotel de El Algarrobico es el emblema de lo que se quiere evitar. Este inmueble situado en Carboneras, Almería, un hotel, de 21 plantas y 411 habitaciones, se construyó sobre uno de los escasos espacios sin urbanizar de la costa mediterránea occidental en el parque natural Cabo de Gata-Níjar.

Enfrentamientos políticos

La ley ha causado ya críticas y enfrentamientos políticos. El Govern balear del PP ha presentado estos días alegaciones a la reforma de la ley de costas. El Ejecutivo dirigido por Marga Prohens sostiene en una nota que el proyecto de reforma, propuesto tras la anulación del Reglamento de Costas de 2022 por el Tribunal Supremo debido a la omisión de la consulta pública, no refleja adecuadamente los intereses y necesidades de la comunidad. El Govern considera que la consulta pública previa llevada a cabo se ha realizado sin facilitar a la ciudadanía el acceso a documentos claros y concisos y sin la información necesaria para una participación informada. También se cuestiona la necesidad de modificar el Reglamento General de Costas de 2014 por motivos relacionados con el cambio climático. La propuesta incluye el desarrollo reglamentario de definiciones legales que implican nuevos deslindes, incorporando terrenos colindantes al dominio público marítimo-terrestre de manera injusta e incluso, en algunos casos, ilegal, ha apuntado el Govern.

En València, Compromís ha presentado una serie de consideraciones al anteproyecto de ley de costas que está impulsando el Consell. Para Compromís la nueva ley va en contra de la regulación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) que "ya ha sido evaluada ambientalmente y posteriormente ratificada en firme judicialmente". Según explica la diputada de Compromís en las Corts, Paula Espinosa, "es muy sintomático del verdadero trasfondo de esta nueva ley que el concepto de cambio climático no aparezca ni una sola vez en todo el documento y se obvie una cuestión tan reconocida desde el punto de vista técnico y científico como es la fragilidad de nuestro litoral ante estas circunstancias".

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