La Generalitat cifra en 530 millones de euros el coste de rebajar la jornada de sus funcionarios a 35 horas semanales

Mientras el sector privado aborda cómo reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, el sector público acomete, a su propio ritmo, ir un paso más allá y rebajar el tiempo de trabajo de los funcionarios a 35 horas semanales. Si bien existen experiencias puntuales de administraciones que ya la aplican actualmente entre sus plantillas, como algunos ayuntamientos como Terrassa o Girona o en autonomías como Euskadi o Andalucía, los sindicatos aprietan ahora para generalizar esas 35 horas en la Generalitat.

El Govern, que en el proyecto de presupuestos para 2024 prevé superar los 290.000 empleados en nómina, ya ha hecho sus propios números sobre cuánto le costaría reducir la jornada a sus técnicos, docentes o sanitarios: 531 millones de euros anuales, según confirman desde la conselleria de Presidència.

En octubre del 2022, el Gobierno pactó con CCOO y UGT un acuerdo amplio para reformar las condiciones laborales de los empleados públicos. Uno de los puntos era una senda de incrementos salariales hasta 2024. Otro era rebajar la jornada laboral ordinaria en las administraciones hasta esas 35 horas semanales. Actualmente las instituciones públicas ya tienen esa competencia, si bien depende exclusivamente de su voluntad y lo habitual es que los empleados públicos –tanto de la propia Administración como de empresas públicas- trabajen 37,5 horas. 

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De momento solo parte de los servicios autonómicos ha rebajado sus jornadas a esas 35 horas y Catalunya no está entre ellas. El mapa autonómico traza una estampa casi de mitad y mitad entre lass comunidades, con Euskadi, Andalucía o València ya en ese punto y Murcia, Aragón o Baleares todavía en las 37,5 horas, según datos recopilados por CCOO y UGT y facilitados a EL PERIÓDICO. En este sentido, Catalunya está más cerca de Madrid.

Durante este 2024 está previsto que los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) cierren su acuerdo marco para rebajar la jornada laboral a 35 horas semanales. Así se comprometió a ello el ministro José Luis Escrivá en la última reunión mantenida con los sindicatos más representativos. Dicho acuerdo arrastraría a muchos municipios pequeños, que, por magnitud, van a remolque de lo pactado a nivel estatal. Mientras que los grandes municipios deberán negociar según sus propias circunstancias.

En el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, fuentes del consistorio confirman que sus empleados municipales están en las 37,5 horas semanales. A excepción de los bomberos o los agentes de la Guardia Urbana, que por sus legislaciones particulares están en 40 horas. El año que viene vence el convenio municipal y será entonces cuando en la capital catalana puedan abordar una potencial reducción de la jornada ordinaria.

Cuestión de presupuestos

La Generalitat de Catalunya, por el momento, está dilatando abordar este tema. Un elemento que lo explica es el importante desembolso económico para hacerlo posible. Para ponerlo en perspectiva, esos 530 millones de euros equivalen prácticamente al mismo presupuesto que este año se le ha sido asignado al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

La operación conlleva costes y riesgos, ya que una percepción de que la calidad del servicio empeora puede acarrear un perjuicio político para el partido gobernante y el año que viene están previstas elecciones en Catalunya. Además de que esos recursos tienen que salir de algún lado y otras políticas públicas se verán privadas de los mismos.

Otro motivo que explica la falta de avances en la Generalitat sobre esta materia es la obligación legal de reducir la temporalidad en la administración pública. La dirección de Funció Pública está focalizada en finiquitar los procesos de estabilización en los que lleva inmersa año y medio. El objetivo, marcado por ley, es reducir el elevado número de interinos que llevan años en la misma plaza y rebajar así la temporalidad a cerca del 8%, cuando a principios de legislatura ronda el 30%.

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Dichos procesos de estabilización extraordinarios deben concluir -también lo fija la ley- este 2024 y la Generalitat teme, según aputan fuentes conocedoras, que rebajar la jornada de sus funcionarios le rompa la estadística. Y es que, transitoriamente, para incorporar a más personal que compense que todos trabajen menos tendría que tirar de eventuales.

De momento lo poco que la Generalitat ha trasladado a los sindicatos es un cálculo aproximado de cuánto dinero le costaría reforzar las plantillas para poder asumir esa reducción de jornada. Unos 530 millones de euros anuales, según coincide el Govern y las distintas fuentes sindicales consultadas.

No obstante, desde Presidència también matizan que ese es el coste actual y que la cifra irá al alza, en tanto que va a tener que ir subiendo el sueldo de las plantillas públicas, a la vez que pretende ampliarlas. Fuentes consultadas de la oposición desconfían del cálculo, por demasiado abultado. El problema para los intereses de los empleados públicos es que la Generalitat no ha incorporado ninguna partida específica en sus nuevos presupuestos, todavía pendientes de las mayorías necesarias para prosperar.

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