La Generalitat cambia de política y vuelve a apostar por los inmuebles en propiedad

Giro de 180 grados. La Generalitat ha decidido cambiar su política inmobiliaria del alquiler de sus edificios, a la propiedad. Una de las muestras de esta nueva estrategia anunciada por la consellera de Economia, Natàlia Mas, es una inversión de 68 millones en una nueva torre de 25.000 metros cuadrados que construye Fira 2000 y que estará lista en 2027 y albergará a unos 1.200 empleados públicos en el área de Zona Franca entre Barcelona y L'Hospitalet en la que ya cuenta con numerosas instalaciones. La Generalitat pasará a ser el principal propietario de las instalaciones. Fira 2000 es una sociedad en la que la Generalitat tiene el 50% del capital y le acompañan el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputació, el Área Metropolitana, el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat y la Cambra de Comerç de Barcelona.

Una 'city' para la Generalitat

El Ejecutivo catalán, que aprobará su nuevo plan inmobiliario en el Consell Executiu de este martes, estima que por cada euro que invierta en ladrillo en los próximos 22 años ahorrará casi dos (1,98), con lo que rompe con una política que la antigua CiU llevó a cabo a principiso de la década de 2010. Todo ello se combinará con la optimización de los edificios que ya posee y los que cuentan con contratos de arrendamiento de medio y largo plazo, ha explicado el director general de Patrimonio, Josep Maria Aguirre. Los nuevos inmuebles estarán siempre en suelo propiedad de la Generalitat.

Tras la crisis del 2008, el Govern, entonces presidido por Artur Mas y con Andreu Mas-Colell como conseller de Economia, necesitaba recursos y vendió 40 inmuebles en Barcelona con contratos de arrendamiento asociados. La consecuencia fue pasar del 63% de edificios en propiedad al 22% en Barcelona y su área. El objetivo ahora es subir al 68% los inmuebles en propiedad en 2038, una proporción que puede aumentar si se aplica el acuerdo alcanzado entre ERC y los socialistas para la investidura de Pedro Sánchez, que prevé traspasar a la Generalitat inmuebles del Estado que o bien están vacíos o con una baja ocupación.

En los planes de la Conselleria de Economia está acceder a 145.000 metros cuadrados de nuevos edificios para 10.000 trabajadores públicos; la rehabilitación integral de 35.000 metros cuadrados para 1.300 personas; la optimización de 47.000 metros cuadrados de inmuebles en propiedad para 1.200 personas más y la optimización de 59.000 metros cuadrados en arrendamiento para 800 empleados más. Una de las últimas operaciones ha sido la compra de 1.100 metros a Inbisa en el polígono Mas Blau, en el Prat de Llobregat para el Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC). Las oficinas se han adquiridio tras un concurso público.

Ingresos extraordinarios

La etapa de venta de inmuebles aportó ingresos extraordinarios, pero ha derivado en un nuevo escenario patrimonial que requiere una gestión muy compleja, riesgos e ineficiencias, ha explicado la consellera, que no ha querido criticar explícitamente la política de sus antecesores. Y eso, en Barcelona y su área metropolitana supone aumentos de precios e incertidumbre por cláusulas de rescisión anticipadas y mantenimiento y obras en inmuebles que no son de su propiedad, ha destacado.

Todo ello ha hecho que haya una gran dispersión de ubicaciones y una gestión patrimonial compleja, con 453.000 metros cuadrados en 109 inmuebles en los que trabajan 20.000 personas, la mayoría de los cuales son de alquiler. La superficie ocupada en 2012 era de 468.000 metros, que ahora son 453.000 y 364.000 en 2038, gracias a la aplicación de un modelo de trabajo híbrido con un mínimo de dos días a la semana de teletrabajo.

Los objetivos son evitar la volatilidad del mercado, garantizar la estabilidad, ahorros a medio y largo plazo y aumentar el patrimonio de la Generalitat. Esta nueva estrategia, que cambia totalmente la aplicada desde el Govern de la antigua CiU se irá aplicando gradualmente a medida que venzan contratos en los próximos 15 años. Los vencimientos de contratos de 2023 a 2027 obligarán a reubicar a 2.700 personas y de 2028 a 2037, otros 8.100.