Los agricultores de Doñana recibirán hasta 100.000 euros por hectárea si dejan de cultivar frutos rojos

Los agricultores del entorno del Parque Nacional de Doñana que dejen de trabajar sus suelos de forma intensiva para el cultivo de frutos rojos recibirán hasta 100.000 euros por hectárea durante una década si se comprometen a dejar este cultivo y a "renaturalizar" sus fincas por espacio de 30 años. Es el principal acuerdo económico que este lunes han firmado con toda solemnidad, paseo por Doñana incluido, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno. El pacto cuenta con el visto bueno de los principales regantes afectados, que dieron su voto a favor por unanimidad en una reunión la noche del domingo.

Los agricultores que destinen sus suelos a secano y aquellos que decidan dedicarlo a producción ecológica recibirán también ayudas de menor cuantía por un plazo de cinco años y deben mantener el uso del suelo durante una década.

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Las ayudas económicas las sufraga en su mayor parte el Gobierno pero también la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva. En esos 100.000 euros por hectárea en diez años para renaturalizar suelos, 70.000 euros los aporta el ministerio, 20.000 son de la Junta y 10.000 vienen de la Diputación. El Gobierno andaluz asegura que estas cantidades se podrán cobrar "en cinco años" y no en diez como prevé el documento oficial del ministerio. Las ayudas además, cuentan con exenciones y ventajas fiscales, según han informado desde la Plataforma de Agricultores.

Municipios beneficiados

Se podrán acoger todos los agricultores de 14 municipios y no solo aquellos afectados en un principio por la proposición de ley de regadíos, presentada por PP y Vox y que pretendía regularizar cultivos ilegales, que será retirada del Parlamento. Se beneficiarán los municipios de Sanlúcar de Barrameda, Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado, Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa.

En el caso de aquellos agricultores que quieran destinar sus suelos a cultivos de secano, como la vid, el ministerio aportará 2.500 euros por hectárea por cinco años. En este caso, el uso se debe mantener también como mínimo durante una década.

Si los agricultores optan por la reconversión hacia producción ecológica, recibirán 1.000 euros por hectárea durante cinco años. No se sabe por el momento si habrá complementos en estos casos por parte de la Junta y de la Diputación.

No habrá vetos para optar a estas ayudas cuando salgan en convocatoria pública y se pondrá en marcha una oficina técnica de asesoramiento para los agricultores. Podrán beneficiarse aquellos agricultores que tengan expedientes abiertos por pozos ilegales y también aquellos que hayan sido sancionados en vía administrativa o condenados en vía penal por captación irregular de aguas. Lo que no se suspenderán serán los expedientes que sigan abiertos.

Tras dos años de guerra política, especialmente intensa desde que se volvió a registrar la proposición de ley de regadíos en marzo de 2023, Junta y Gobierno han escenificado por todo lo alto su pacto político por Doñana. Del acuerdo ya se ha informado a las autoridades europeas, tras las severas advertencias de sanciones si la norma que preveía ampliar las hectáreas de regadío veía la luz. Esa norma será retirada del Parlamento andaluz.

Significado político

"Bien está lo que bien acaba", ha señalado Moreno, que se ha mostrado convencido de que se ha cerrado "un acuerdo histórico en beneficio de Doñana y de Andalucía". Los agradecimientos mutuos han sido la tónica compartida en la comparecencia conjunta del presidente de la Junta y la vicepresidenta tercera del Gobierno, que han hablado de "un esfuerzo importante" de todas las partes. "Todo el mundo gana y nadie pierde", ha asegurado el presidente andaluz.

El acuerdo supone en total más 1.400 millones de euros en fondos públicos para Doñana y su entorno. Son 356 millones que ya tenía previsto el plan estatal, más 350 millones que se suman fruto de esta negociación. En total más de 700 del Gobierno de España y "más de 700 millones de la Junta de Andalucía", han subrayado los comparecientes, con medidas que incluyen también esperadas obras hidráulicas en depuración, abastecimiento y embalses, o ayudas para el sector pesquero y la coquina, por ejemplo, o la compra por parte de la Junta de la finca Veta La Palma, para preservarla como humedal y que costará 70 millones de euros. Una amalgama de líneas de ayudas heterogéneas que se engloban en el acuerdo de Doñana.

Reacción de científicos y regantes

En primera fila, ha asistido a la firma del acuerdo el presidente del Consejo de Participación de Doñana, el científico Miguel Delibes, que ha sido muy beligerante todos estos meses pasados contra la norma que preveía autorizar más suelo de regadío. Preguntado sobre el contenido del acuerdo. Delibes ha señalado que el Consejo de Participación necesita tiempo para "estudiarlo con calma" y revisar los documentos. "Tengo la esperanza, estoy casi seguro de que habrá cosas que me gusten más o menos pero lo juzgaremos muy positivamente", ha avanzado, agradeciendo que se haya tenido en cuenta al Consejo antes de rubricar el pacto de Gobierno y Junta.

Desde la plataforma de Regantes del Condado de Huelva, su presidente, Romualdo Macías, ha celebrado el acuerdo tras "meses muy duros". "No nos merecemos lo que hemos pasado", ha dicho el portavoz del millar de agricultores que promovieron con PP y Vox la proposición de ley con la que querían recuperar sus derechos de regadíos sobre el suelo que se quedó fuera del plan de la fresa en 2014, cuando se trató de poner coto al crecimiento desaforado del cultivo de frutos rojos en el entorno de Doñana.

Los regantes están convencidos de que gracias a esa polémica proposición de ley, que levantó en armas a la comunidad científica, ecologistas y a la Unión Europea, "el problema se ha reconocido" y se ha puesto "Huelva en el mapa". "Somos gente sensata, humilde y capaces de negociar. Basta ya de criminalizar a los agricultores del Condado, porque hemos sido capaces de ceder más que ninguna otra parte", ha defendido el portavoz de los principales beneficiarios de las ayudas económicas. "A quien crea que es mucho dinero, decir que hay que dejar una agricultura que ha sido nuestro sustento de vida durante 50 años, y eso tiene también mucho valor sentimental".