Hacienda recauda el 51% de cuotas defraudadas a través de condenas penales

La Agencia Tributaria recaudó el año pasado 14 millones de euros (51,3%) de los 27,4 millones de la cuota defraudada que fueron reflejadas en las sentencias condenatorias dictadas en Barcelona, según los datos del servicio de delitos económicos de la fiscalía de la capital catalana. Estas cantidades fueron desembolsadas por los imputados antes del juicio y tras haber llegado a un acuerdo con la fiscalía y la Agencia Tributaria. Los acusados, además, desembolsaron 3,6 millones en concepto de intereses. "Cuando se consigue cobrar, sobre todo, es por las conformidades. En sentencia, es difícil", admite la fiscal delegada de este servicio, Carmen Martín Aragón.

La absolución de los condenados, sin embargo, impidió la recaudación de otros 7,5 millones de euros en 2022, lo que representa el 26,63% del total. El año anterior, en 2021, esta última cifra alcanzó los 10 millones, es decir un 18,58%. También resultó menor en el 2021 la cantidad captada por la Agencia Tributaria en los procesos penales. En concreto, 10,7 millones, que supone el 23,16% de los 46 millones de cuotas recogidas en las sentencias condenatorias.

La fiscal Carmen Martín Aragón explicó en la presentación de la memoria que el 82% de los casos que pasan por el servicio de delitos económicos de la Fiscalía de Barcelona son por posibles fraudes a Hacienda. El resto de asuntos incoados se basan en delitos societarios (son escasos y la mayoría son pugnas entre socios) e insolvencias punibles. De los delitos de fraude fiscal, el 57% son por impagos del IVA, el 22% del impuesto de la renta (IRPF) y el 15% por el impuesto de sociedades. Los casos de impago de IRPF han aumentado de un año a otro en un 22,50%.

Investigaciones y retrasos

En 2022, el servicio de la fiscalía de delitos económicos abrió 50 diligencias de investigación (41 por defraudar a Hacienda) y presentó 40 querellas y denuncias. De las sentencias dictadas por el impago de impuestos, el balance es positivo: de 49, 42 (85,7%) fueron condenatorios y siete absolutorias. De las condenatorias, 20 (40,82%) fueron por conformidad entre las partes.

Un dato significativo en estos procesos judiciales por delitos económicos es el alto índice de suspensiones en los juicios. De los 82 celebrados en los juzgados penales, 36 fueron suspendidos (43,90%) y de los 11 realizados en la Audiencia de Barcelona, dos se aplazaron (18,18%). Una posible explicación es la complejidad de los asuntos. Los retrasos y la lentitud durante la instrucción en el juzgado del caso queda patente en la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas en el 37,21% de las sentencias. En este sentido, precisar que esta es una de las causas que se utilizan para lograr la rebaja de las penas con la intención de sellar un pacto de conformidad.

La memoria destaca que la Audiencia de Barcelona en dos sentencias acordó la nulidad de dos fallos judiciales dictados por un juez de lo penal y la celebración de nuevo juicio. En ambas resoluciones, los magistrados mantuvieron como “incuestionable” la jurisdicción y competencia del juzgado de lo contencioso-administrativo para autorizar una entrada y registro con la finalidad de obtener información con trascendencia tributaria, pues esta potestad viene ampara por la legislación vigente.