El Gobierno palestino pide a España la salida de las empresas que construyen el tranvía en Jerusalén

El Gobierno palestino ha enviado una carta al ministro de Industria, Comercio y Turismo español, Héctor Gómez, en la que le "urge con fuerza" a que tome "acciones inmediatas y medidas para exigir a CAF y a GMV la suspensión y retirada de los proyectos ilegales" en los que las empresas españolas están involucradas en la Jerusalén ocupada por Israel. Ambas empresas trabajan en proyectos multimillonarios para levantar dos líneas de tranvía que llegan a asentamientos ilegales israelíes en territorio palestino.

En el texto, al que ha tenido acceso este diario, se argumenta que las dos empresas multinacionales españolas colaboran en un proyecto de infraestructuras, el tren ligero JLR, "que no solo fortalece y sostiene la expansión de los asentamientos ilegales israelíes en terrenos confiscados a los palestinos, sino que contribuye al continuo desplazamiento forzoso y fragmentación de las comunidades palestinas". Contribuyen también, alega la misiva, a "la anexión ilegal del Jerusalén Este ocupado".

Industria confirma a este diario la recepción de la carta y aseguran que se está tramitando una respuesta. Recuerdan que un organismo dependiente del ministerio y dedicado a velar por el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa, el Punto Nacional de Contacto, ofreció su mediación en el caso. Dicha mediación no fue aceptada por la empresa CAF y, tras haber escuchado al Consejo Asesor, el PNC cerró el caso sin haber alcanzado un acuerdo entre las dos partes, pero haciendo a las empresas una serie de recomendaciones para reforzar "los elementos relacionados con los derechos humanos, la difusión de información y la debida diligencia en su cadena de valor". En cualquier caso, afirma Industria, "la ejecución de proyectos en terceros países es responsabilidad únicamente de las empresas, no pudiendo el Ministerio interferir en las decisiones".

La empresa CAF, que a su vez subcontrata a GMV, no había atendido la petición de información al cierre de este artículo. 

Un proyecto millonario

El gigante ferroviario vasco CAF participa, junto a su socia israelí Shapir, en la construcción de dos líneas de tranvía que conectan las zonas israelíes de Jerusalén con sus colonias dentro de los territorios considerados tanto por España como por la comunidad internacional como palestinos. Hay más de 700.000 colonos israelíes dispersos por todo el territorio de Cisjordania y la parte palestina de la Ciudad Santa. La compañía madrileña GMV, por su parte, se encarga de proveer a los tranvías de sistemas de localización automática. Se trata de un proyecto que lleva en marcha cuatro años y supone unos 1.000 millones de euros en total.

La participación de las empresas españolas en estos proyectos es fuertemente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional o el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que consideran que consolidan la ocupación israelí del territorio palestino. En 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró ilegal el proyecto de ampliación del tranvía, dado que viola varias de sus resoluciones y otras empresas ferroviarias internacionales descartaron acudir al concurso público, según Amnistía Internacional.

Cuatro empresas españolas en el Jerusalén ocupado

El PNC pidió a ambas compañías que reevaluaran el impacto de su proyecto en la situación de derechos humanos en los territorios ocupados por Israel.

De momento, solo la empresa CAF emitió el informe requerido, como adelantó El Periódico de España, de Prensa Ibérica. El texto admite que el Derecho Internacional Humanitario (en concreto, el artículo 49 del Convenio de Ginebra) no permite “infraestructuras que sirvan para los desplazamientos y asentamientos de colonos”. Sin embargo, el estudio considera que en el caso del tranvía este no se aplica porque “la casi totalidad de los asentamientos son previos a la construcción de esa infraestructura” y porque se trata de “un transporte urbano de proximidad” y no “de una infraestructura ferroviaria que uniese territorios más o menos distantes y facilitase el traslado de la población” para alterar la demografía de la zona.

La semana pasada se supo que otra empresa española, la catalana COMSA, ha ganado junto a su socio israelí J-Train, un concurso de 2.200 millones para construir otra línea, la azul, que también conecta con los asentamientos. Son ya por tanto cuatro las empresas que trabajan en los polémicos proyectos en la Ciudad Santa (la cuarta es TYPSA, que que también da servicios a CAF).

El tranvía en el Jerusalén ocupado

El proyecto de expansión del tren ligero en Jerusalén conecta partes legítimamente controladas por Israel con asentamientos considerados ilegales por España, la UE, Naciones Unidas y Estados Unidos, entre otros. 

Las líneas verde y azul, por ejemplo, terminan en la localidad de Gilo, un enclave en el que viven más de 30.000 colonos judíos, fuertemente defendidos por el Ejército.

La línea roja conecta con el asentamiento ilegal de Pisgat Ze'ev, también en la Jerusalén ocupada. Esa misma línea se está extendiendo ahora hacia el norte, para conectar con la colonia de Neve Ya'akov.

CAF es una multinacional ferroviaria con sede en Beasain (Guipuzcoa) que cotiza en bolsa y facturó en 2022 más de 3.000 millones de euros. Tiene más de 13.000 empleados. Cuenta con una concesión de 15 años junto a Shapir para diseñar y entregar 57 trenes eléctricos, compuestos por 114 vagones para la línea verde. Además, debe renovar los 46 tranvías en servicio en la línea roja. CAF, junto a GMV (más de 3.000 empleados y 260 millones de ingreso), debe proveer de la energía, la señalización y los sistemas de localización y comunicación del servicio.

Shapir está en la lista negra de Naciones Unidas de empresas que operan en asentamientos en Cisjordania ocupada. Consta de 112 empresas, tanto israelíes como extranjeras, e incluye varias firmas turísticas en línea como las estadounidenses Airbnb, Expedia, Trip Advisor o Booking, la británica Opodo o eDreams. Un grupo de 31 organizaciones de derechos humanos y sindicatos ha pedido a la ONU que incluya también a CAF, por su participación en la ampliación del tren ligero de Jerusalén.

La carta enviada por el Gobierno palestino no incluye referencia alguna al proyecto que lleva a cabo la catalana COMSA, ya que es previo a la concesión.