La UE no detectó infracciones de la flota en las 87 áreas vetadas a la pesca de fondo

Uno de los argumentos que siempre ha esgrimido el sector pesquero, sobre todo en aquellos instantes en los que se ha visto especialmente amenazado, es haber caminado en todo momento hacia la sostenibilidad. Los armadores españoles son los primeros interesados en proteger los recursos marinos de los que viven y en los que viven –y así lo han justificado en repetidos manifiestos–, aunque en esa senda –pese a su propia voluntad y compromiso– hayan sido sometidos a una normativa más rígida de lo debido en materia de conservación. Es la tan criticada deriva legislativa que llevan denunciando años, que exprime con restricciones autoimpuestas a nuestra flota pero sigue siendo benevolente con el pescado que la Unión Europea (

UE

) importa de países donde las medidas medioambientales reinan por su ausencia. Esas desigualdades que acaban por anular la rentabilidad de las embarcaciones nacionales, ya no solo por la entrada de producto infrarregulado y sustancialmente barato sino también por el impacto directo de las prohibiciones de

Bruselas

sobre dichos buques, se acrecentaron más si cabe el pasado 9 de octubre.

Fue ese día, hace hoy casi un año, cuando entró en vigor el llamado veto a la pesca de fondo. El reglamento atañe a 87 zonas del Atlántico Norte en las que ya no es posible faenar empleando esta técnica, a más de 400 metros, si bien estrictamente solo afecta a 46 de ellas puesto que las otras 41 poseen una profundidad inferior a esa longitud y, por ende, resulta imposible hacerlo.

Según el último informe de la European Fisheries Control Agency (EFCA), sobre dicho perímetro tuvo lugar un dispositivo de vigilancia que se extendió entre los meses de noviembre y diciembre de 2022. En esa franja temporal, un avión de ala fija (FWA) permaneció desplegado en aguas de Gran Sol, operando desde el aeropuerto de Cork, en Irlanda, hasta realizar un total de 84 horas de vuelo.

Fruto de esas sesiones se registraron 53 avistamientos desde la aeronave, equipada con una cámara de alta resolución que permitía transmitir las imágenes que captaba casi en tiempo real al centro de coordinación que ejecutaba el operativo. Las maniobras contribuyeron “a garantizar el cumplimiento de las restricciones pesqueras en los ecosistemas marinos vulnerables (EMV) establecidos”, recoge el documento en relación a las 87 áreas, “y facilitaron la recolección de evidencias para un posible procedimiento de seguimiento en caso de detectarse sospechas de actividades pesqueras ilegales, que no ocurrieron”.

En este sentido, la EFCA incluyó las susodichas zonas del Atlántico Norte en su sistema marítimo integrado (IMS) y estableció un monitoreo automático del comportamiento (ABM). En coordinación con los Veintisiete, esto permitió que las instalaciones de control pesquero de los respectivos estados miembros recibieran alertas cuando un barco entrase en una demarcación vedada.

Este año, el avión de ala fija ha sobrevolado regiones como el Mar del Norte. También ha inspeccionado desde el aire el Mar Báltico y el

Mediterráneo

, formando parte de una dotación que es completada por tres buques patrulla –el Ocean Guardian, el Ocean Protector y el Ocean Sentinel–, con un dron en dos de ellos, además de la aeronave y de los equipos informáticos que apoyan estas tareas de observación.

“Al organizar los despliegues, la planificación se basa en la evaluación del riesgo, teniendo en cuenta la identificación de amenazas de no cumplimiento con los reglamentos vigentes, y se recurre a la aeronave (FWA) en aquellas áreas o períodos donde la vigilancia aérea sea una herramienta de control adecuada”, explican fuentes de la EFCA, cuya sede se ubica en Vigo.

Suscríbete para seguir leyendo