Plan de recuperación
Bruselas admite avances para que España renuncie a aplicar peajes en las autovías en 2024
El Gobierno espera con optimismo que la Comisión Europea le permita retirar su compromiso inicial de un sistema de pago por uso el año próximo
Silvia Martinez
Periodista
La Comisión Europea señaló este jueves que ha hecho "progresos satisfactorios" en su evaluación de la revisión del Plan de Recuperación solicitada por España en junio -a través de una adenda- y que incluye la retirada de los peajes que el Gobierno se había comprometido a establecer en las autovías a partir de 2024.
"España ha solicitado una modificación de la medida [peajes], como parte de la revisión del plan de recuperación (adenda) que España ha remitido. Los trabajos relativos a esta evaluación del plan revisado, incluida la modificación de la medida, están en marcha", indicó a EL PERIÓDICO la portavoz de Economía de la Comisión Europea, Veerle Nuyts.
El Gobierno sigue negociando con Bruselas la adenda al Plan de Recuperación presentada en junio que, sobre todo -además de liberar al Gobierno de su compromiso inicial para implantar peajes- debe servir para atraer a España 7.700 millones de euros adicionales en transferencias de los fondos europeos Next Generation y 84.000 millones en préstamos. El objetivo es culminar estas negociaciones con la Comisión Europea en las próximas semanas, de modo que pueda llegar a la mesa del próximo Consejo de Ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) del 17 de octubre para su aprobación, según ha podido saber EL PERIÓDICO.
"Se han logrado progresos satisfactorios y se están manteniendo conversaciones constructivas con las autoridades españolas para finalizar nuestra evaluación lo antes posible", añadió la portavoz. Nuyts indicó que, "como se hace con todos los Estados miembros, Bruselas comunicará la conclusión de su examen "tan pronto como se llegue a esa etapa".
Optimismo del Gobierno
El compromiso de los peajes consta en el plan de recuperación español dentro del hito número 3, según el cual España debe crear "un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de "quien contamina paga'", tal y como se lee el documento del plan.
Este hito está vinculado, en concreto, al pago del sexto tramo del fondo de recuperación, por el que España recibiría 8.000 millones de euros en ayudas directas.
Ya en agosto de 2022, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, descartaba volver a los peajes pero seguía sin poder ofrecer a Bruselas una alternativa para financiar el mantenimiento de las carreteras. No obstante, durante la campaña electoral previa al 23-J, el compromiso inicial del Gobierno de implantar peajes en 2024 se convirtió en motivo de enfrentamiento entre el PSOE y el PP, hasta que el Ejecutivo reconoció abiertamente que había solicitado su modificación en la adenda al Plan de Recuperación presentada ante la Comisión Europea.
Este martes, la ministra en funciones Raquel Sánchez, se declaró "optimista" respecto a que la Comisión Europea acepte las "propuestas alternativas" que el Gobierno ha planteado para no introducir peajes en las autopistas.
Estas "propuestas alternativas", manifestó a los medios en la sede del Parlamento Europeo, incluyen medidas "en la línea de reforzar otras que ya se han aplicado", como "incentivar el transporte ferroviario" o el transporte público.
"Las condiciones que se daban en el momento de plantear esta medida no son las mismas que en la actualidad", argumentó la titular de Transportes.
Borrador de acuerdo
Según el borrador del texto que España ha presentado a la Comisión Europea -al que ha tenido acceso El País- el Gobierno ha sustituido su compromiso inicial de aplicar peajes en 2024 por el de "la entrada en vigor de una Ley de Movilidad Sostenible para mejorar la planificación, la coordinación y la eficiencia de las políticas de transporte público, apoyar la digitalización del transporte y el uso del transporte público. Comprenderá medidas específicas para promover el transporte ferroviario de mercancías, que contribuya a reducir las emisiones del transporte terrestre de mercancías”.
Entre esas medidas cita tres en concreto. La primera es “la obligación de implantar un programa de desarrollo de autopistas ferroviarias en aquellos corredores en los que resulte viable y exista un interés empresarial para su desarrollo”. Como segundo punto, la ley contemplaría también “la bonificación de los cánones ferroviarios para los tráficos de mercancías durante un periodo mínimo de cinco años”. Y, por último, adoptaría el compromiso para “el desarrollo de un programa de apoyo al transporte ferroviario de mercancías, que incluirá medidas de incentivo al cambio modal de la carretera al ferrocarril y el impulso a la modernización e innovación en el sector del transporte ferroviario”, concreta el borrador al que ha tenido acceso El País.
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