El Gobierno arranca el plan para poder implantar el pago en autovías en 2024

El Gobierno ya ha iniciado los trámites para estudiar las distintas posibilidades encaminadas a introducir un nuevo sistema de pago por uso en las autovías a partir de 2024, tal y como se comprometió con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros en subvenciones.

La Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha encargado a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras, según la documentación publicada en el portal de contrataciones.

El Gobierno descarta volver a los peajes, pero sigue sin alternativa

El coste de estos servicios ascenderá a 1,4 millones de euros y el plazo establecido será de 10 meses. Ineco ya ha contratado los servicios de KPMG Abogados por 89.000 euros para realizar el servicio de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras, como parte de este contrato, según informa Europa Press.

Estos contratos abren la primera de las tres fases en las que se articulará esta medida. La segunda será el diseño e ingeniería de la solución adoptada y la tercera estará constituida por los servicios necesarios de soporte para la licitación de la implantación del nuevo sistema de cobro. Uno de los primeros elementos que se analizarán en estos informes será si se adopta un sistema de viñetas, con las que se paga una cantidad fija al año para poder circular, o de peajes, que dependerá de la distancia que se recorre en cada momento. También se estudiará el alcance de la red vial a tarificar, si son solo las autovías estatales o también las autonómicas (para no crear agravios territoriales) o incluso cualquier carretera, así como la posible progresividad fiscal para no perjudicar a los más vulnerables.

Pendientes de la ley de movilidad

Según fuentes del ministerio que dirige Raquel Sánchez, el objetivo es "manejar distintas propuestas para mejorar el sistema de financiación en la red de carreteras y desarrollar los aspectos técnicos del mismo, tal como recoge el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible que se aprobará est año en Consejo de Ministros, cumpliendo así con los compromisos asumidos con la Comisión Europea". El anteproyecto no define ni concreta ningún modelo pero establece que el mecanismo que se plantee deberá tener en cuenta criterios de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental; buscará un amplio consenso social y político y se ajustará a las circunstancias económicas concurrentes.

La ministra, Raquel Sánchez, ha señalado en varias ocasiones que "este será un tema que tendrá que ser consensuado con toda la sociedad y el resto de las fuerzas políticas". "En este contexto, hay que atender a la situación económica de uno de los sectores más afectados, que es el del transporte y no parece que sea el momento más propicio. Así, aunque el Gobierno sigue estudiando cuáles son las mejores alternativas para sostener la red viaria de alta capacidad, a corto plazo, difícilmente se podrá implementar dada la difícil coyuntura económica actual agudizada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia”, explicó Sánchez el pasado mes de junio

No obstante, volvió a confirmar que se aplicará esta medida y avanzó que ya se estaba realizando un estudio previo. De hecho, al margen del debate que se debe abrir con el sector para consensuar el mejor sistema posible, los planes para implantar el pago por uso en las carreteras siguió adelante.

De esta forma, el 10 de junio se formalizó el contrato interno entre la Dirección General de Carreteras e Ineco, y el pasado 10 de agosto esta empresa adjudicó los servicios de consultoría a KPMG. Todos los documentos apuntan al año 2024 como el año a partir del cual "podrían" implantarse los peajes.

Alineamiento con la UE

El Gobierno defiende que este plan responde a las recomendaciones específicas hechas a España en el marco del Semestre Europeo 2019-2020 y al alineamiento con las agendas estratégicas de la Unión Europea, en cuya mayoría de países (Italia, Francia o Portugal, por ejemplo) se aplican peajes de forma generalizada.