La UE pacta normas para evitar la evasión fiscal con criptoactivos

Los ministros de economía y finanzas de la Unión Europea han cerrado un acuerdo político sobre la primera normativa europea destinada a mejorar la transparencia fiscal de los criptoactivos y facilitar su rastreo con el objetivo de garantizar el pago de impuestos. La nueva ley, según ha destacado la Comisión Europea, es una “buenas noticia” para la transparencia fiscal en un mundo que ha escapado hasta ahora del control fiscal y que evoluciona a una “velocidad vertiginosa”.

“El anonimato significa que numerosos utilizadores de criptoactivos realizan beneficios importantes que escapan al control de las autoridades fiscales nacionales lo que es inaceptable. Cuando esta directiva entre en vigor, los Estados miembros obtendrán la información que necesitan para garantizar el pago de impuestos sobre las ganancias realizadas en el marco de las transacciones o inversiones con criptoactivos” ha explicado el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni. “Así se reduce el riesgo de que los criptoactivos sirvan de refugio para la elusión y el fraude fiscales”, ha añadido la ministra de hacienda de Suecia, Elisabeth Svantesson, satisfecha con una decisión que permitirá reforzar las normas de “cooperación administrativa y colmar las lagunas que se utilizaban para evitar la tributación”.

Hasta ahora, la naturaleza descentralizada de los criptoactivos ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las administraciones tributarias de los Estados miembros ya que carecen actualmente de la información necesaria para controlar los beneficios obtenidos mediante la utilización de criptoactivos. Esta situación, alega la Comisión Europea, que presentó su propuesta a finales del año pasado, limita su capacidad para garantizar el pago efectivo de impuestos, lo que significa que los ciudadanos europeos pierden considerables ingresos fiscales. La directiva aprobada garantizará un intercambio automático, de carácter obligatorio, de la información que tendrán que presentar los proveedores de servicios de criptoactivos entre las haciendas europeas.

Objetivo: detectar el fraude

De esta forma, mejorará la capacidad de los Estados miembros para detectar y contrarrestar el fraude, la evasión y la elusión fiscales por cuanto exigirá a todos los proveedores de criptoactivos establecidos en la UE, independientemente de su tamaño, que comuniquen las transacciones de los clientes residentes en la UE, ya sean operaciones nacionales o transfronterizas. La nueva ley también amplía el ámbito de aplicación para incluir las obligaciones de notificación de las entidades financieras en relación con el dinero electrónico y las monedas digitales de banco central, así como el intercambio automático de información sobre los acuerdos previos con efecto transfronterizo utilizados por personas físicas. Por ejemplo, las reglas cubrirán un amplio rango de criptoactivos, incluidos aquellos que hayan sido emitidos de manera descentralizada, como las monedas estables, los tokens de dinero electrónico y los tokens no fungibles (NFT).

Los nuevos requisitos de notificación sobre los criptoactivos, el dinero electrónico y las monedas digitales de banco central entrarán en vigor el 1 de enero de 2026. La adopción definitiva de la nueva normativa será posible cuando el Parlamento Europeo haya emitido su dictamen consultivo. “Los criptoactivos y la moneda electrónica esconden un potencial enorme para estimular la actividad económica y la innovación pero comportan igualmente riesgos de reducción de la transparencia y la facilitación de la evasión o el fraude fiscal. La puesta al día de nuestras reglas fiscales ayudará a las administraciones nacionales a percibir los impuestos de forma más eficaz y a seguir la evolución de tecnologías a medida que Europa progrese en su transición digital”, ha valorado el vicepresidente de la Comisión, Valdis Domvrovskis, sobre una ley que enmendará directiva de cooperación administrativa (DAC8).

La directiva no está sujeta al procedimiento legislativo ordinario, sino al procedimiento de consulta, lo significa que el Parlamento Europeo puede presentar sus puntos de vista aunque no tiene competencias legislativas para introducir cambios en la propuesta. Esto significa que el resultado final de este proceso legislativo lo decidirán los Veintisiete por unanimidad.