Los impagos de los créditos ICO se concentran en autónomos y pymes

Los créditos bancarios con aval público del ICO creados por el Gobierno para evitar una debacle empresarial tras el estallido de la pandemia están presentando un comportamiento más positivo del que hubiera sido esperable cuando se decretó el confinamiento en 2020, pero con diferencias por segmentos. Así, la morosidad -más de 90 días de impago- está siendo mayor en autónomos (2,38%), micropymes (2,55%) y pymes (1,82%) que en las empresas de mayor tamaño (0,55%), según un informe publicado este jueves por el Instituto de Crédito Oficial. Como adelantó este diario el miércoles, la tasa general de impagos se sitúa por ahora en el 1,67% (2.346,3 millones) y ha obligado al Estado a abonar 391,4 millones de euros a los bancos en virtud de las garantías que concedió para lograr que la financiación siguiese llegando a la economía en las primeras fases del coronavirus.

Las operaciones morosas, así, ascienden por ahora a 39.839 y fueron concedidas a 28.831 clientes, en un 99,2% y un 99,7% de los casos autónomos y pymes, respectivamente. Se trata de unos porcentajes lógicos, ya que el 98% de las operaciones de esta línea de créditos avalados fueron suscritas por trabajadores por cuenta propia y pequeñas y medianas empresas. En cambio, los datos de morosidad (la del total de autónomos y pymes se situó en el 2,1%, frente al 0,55% del resto de compañías) sí que demuestran que los clientes de menor tamaño están teniendo más problemas en términos relativos para afrontar los pagos. De los 2.346,3 millones que han entrado en mora (total del capital pendiente de los créditos impagados), el 90,6% (2.127 millones) corresponde a autónomos y pymes, mientras que solo el 10,4% (219,4 millones) se debe a grandes empresas. 

El Estado se comprometió a asumir el 80% de las pérdidas que causaran a los bancos los créditos morosos a autónomos y pymes y entre el 60% y el 70% en los préstamos impagados a empresas de mayor tamaño. El ICO va abonando a las entidades el monto avalado de las cuotas impagadas, no de todo el principal pendiente del crédito. De los 391,4 millones que ha transferido a las entidades, 353 millones corresponden a impagos de autónomos y pymes y 38,5 millones a empresas mayores. Con el nivel actual de impagos, el coste potencial para el Estado roza por ahora los 2.000 millones de euros, pero lo previsible es que estas cifras vayan creciendo a medida que los clientes en situación más delicada tengan más problemas para afrontar las cuotas.

Sectores afectados

El informe del ICO también desglosa la morosidad por sectores productivos, lo que da pista sobre aquellos que sufrieron más los efectos económicos de la pandemia y la posterior escalada de la inflación. Así, la tasa de impagos está siendo mayor que la media en los de energía (2,42%); industria textil y moda y comercio relacionado (2,31%); transporte y logística (2,26%); construcción e infraestructuras (2,23%); distribución comercial de alimentos y bebidas (2%); industrias extractivas (2%); bienes de consumo y comercio relacionado (1,92%); tecnologías de la información y la comunicación (1,89%); agricultura, ganadería y pesca (1,83%); e industria papel, madera y servicios relacionados (1,77%).

En Catalunya, por otro lado, han entrado en mora 8.243 operaciones concedidas a 6.257 empresas y autónomos, que recibieron 487,5 millones de euros (de los que 384,6 millones están garantizados por el Estado). La comunidad presenta una tasa de impagos ligeramente superior a la media (1,73%), pero inferior a las de la Comunidad Valenciana (2,49%), Extremadura (2,34%) y Castilla-La Mancha (2,19%). En el extremo opuesto aparecen el País Vasco (0,96%), Baleares (0,77%), Navarra (0,68%) y La Rioja (0,53%).

El saldo de esta línea de créditos para el Estado, por su parte, está siendo positivo por el momento, ya que frente a los 391,4 millones pagados a los bancos, ha cobrado 1.571,7 millones de las entidades financieras, que le abonan anualmente una comisión sobre el saldo vivo avalado. El documento del ICO también detalla que la tasa de dudosidad (que suma a los créditos morosos los que están al corriente de pagos pero con fuertes indicios de que dejarán de estarlo) se sitúa en el 4,4% de la financiación máxima concedida (140.736,7 millones). El Banco de España la calcula en el 7,1% porque toma como referencia el último saldo vivo del crédito dispuesto (hay cantidades aprobadas que las empresas finalmente no necesitaron, aunque las tenían aprobadas y disponibles)