Sistema público
El PSOE y Unidas Podemos formalizan un acuerdo para cerrar la reforma de las pensiones
El PP carga contra el "nuevo impuesto al trabajo" que incluye el acuerdo de coalición
Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
El PSOE y Unidas Podemos han logrado cerrar un acuerdo para tratar de cerrar la última fase de la reforma de las pensiones. Pese a las turbulencias que atraviesa la relación de los socios de coalición en materias como la ley del 'solo sí es sí', socialistas y morados han solventado las diferencias que llevaban bloqueando desde hace meses la reforma del sistema público de prestaciones.
El principal escollo que se interponía entre ambas fuerzas era la propuesta de elevar el número de años cotizados tenidos en cuenta por la Seguridad Social para calcular la futura pensión. Aquí el ministro José Luis Escrivá ha limado su oferta y plantea dos opciones: o bien los futuros jubilados se quedan con el cómputo actual de los últimos 25 años de vida laboral o bien lo elevan a 29 años, pero se descuentan los dos peores.
De esta manera se dan más ventajas a aquellas carreras más inestables y que en los últimos años de carrera profesional no encuentran sus mejores cotizaciones y a la vez no se perjudica a aquellos que sí culminan su carrera con los mejores sueldos. Un modelo que implicará un mayor gasto para la Seguridad Social, pero para lo que Escrivá ya ha obtenido el 'plácet' de la Comisión Europea. Los canales de Twitter del presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han sido los canales escogidos para divulgar el acuerdo.
"Damos seguridad a nuestros mayores y a sus jubilaciones presentes y futuras y garantizamos la sostenibilidad de nuestro sistema público para las próximas décadas", ha tuiteado el líder del Ejecutivo.
"Hemos alcanzado un acuerdo para proteger las pensiones y reforzar el carácter redistributivo del sistema. Lo haremos incrementando los ingresos que aportarán las empresas por los salarios más altos y protegiendo más las pensiones más bajas", ha declarado la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, a través de su cuenta de Twitter.
La oferta inicial de Escrivá sobre el periodo de cómputo encontró el rechazo por parte de sus socios, que ante el maratón electoral de este 2023 no estaban dispuestos a apoyar ninguna modificación que pudiere ser interpretada como un recorte de las prestaciones. Es por ello que han insistido en introducir la posibilidad de mantener los actuales 25 años de cotización que contempla el actual periodo de cómputo, para que ningún futuro jubilado pueda decir que la coalición le ha recortado la pensión.
El PP y la patronal cargan contra el acuerdo
Una vez desencallado el escollo dentro de la coalición y atados unos apoyos parlamentarios mínimos, Escrivá ha citado a patronal y sindicatos este viernes para tratar de pactar con ellos la reforma. Logrado el 'plácet' de Unidas Podemos, el 'sí' de los sindicatos queda allanado, en tanto que la propuesta incrementa los ingresos de la Seguridad Social y no implica peores prestaciones.
Quien es más que probable que rechace de lleno la propuesta que el Gobierno pondrá encima de la mesa es la patronal, pues será en las empresas, especialmente en las grandes, quien costearán principalmente la reforma. "La 'voracidad' recaudatoria de Escrivá y el Gobierno no tiene límites. Todo apunta que el incremento del coste de pensiones lo cubrirá con un fuerte incremento de las cotizaciones, poniendo en serio riesgo el empleo y la viabilidad de empresas y autónomos, a las que seguirá esquilmando", ha escrito en su cuenta de Twitter el vicepresidente de CEOE Lorenzo Amor.
El PP ha cerrado filas entorno a la posición patronal y ha considerado que el "nuevo impuesto al trabajo" que incluye la reforma de Escrivá dañará la capacidad de las empresas españolas. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha criticado que el acuerdo de la coalición implica "un impuesto más al trabajo cuando España es poco competitiva y tiene las cotizaciones más altas de la media de la OCDE".
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