Bruselas cifra en 13.000 millones el ahorro de extender la ‘excepción ibérica’ al resto de la UE

Extender al conjunto de la Unión Europea el ‘mecanismo ibérico’ que aplican España y Portugal para poner un tope al precio del gas utilizado para generar electricidad supondría un ahorro neto de 13.000 millones de euros con el consiguiente impacto positivo sobre la inflación aunque con un impacto desigual entre los Estados miembros. La cifra figura en un análisis preliminar compartido por la Comisión Europea con los ministros de energía de los Veintisiete durante una reunión que ha concluido este martes sin avances y en la que ha vuelto a quedar patente la división que genera un tope al precio del gas. “Todavía hay algunos Estados miembros que son renuentes, a los que les preocupa este tipo de decisiones”, ha admitido la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, al término del encuentro. 

Ante el riesgo de bloqueo la presidenta checa de la UE ha optado por convocar una nueva reunión extraordinaria de ministros de energía el 24 de noviembre, la cuarta desde que asumieron la presidencia en julio. El objetivo, según ha explicado el ministro checo de energía, Jozsef Sikela, será adoptar la última batería de propuestas de emergencia de la Comisión Europea para intervenir el mercado de gas y que incluye: compras conjuntas, un mecanismo de solidaridad entre países que se active en caso de crisis de suministro y un mecanismo de corrección temporal para frenar la volatilidad de los precios intradía mientras se diseña un nuevo índice de precios alternativo al TTF holandés.

“Holanda está abierta a un mecanismo flexible que evite los picos (en los precios) que vimos en el verano pero a corto plazo debemos centrarnos en reducir la demanda, compras conjuntas y mejores acuerdos para rellenar los depósitos el próximo año para calmar el mercado y abaratar los precios”, ha zanjado tras el encuentro el ministro holandés Rob Jetten sobre el mecanismo corrector avalado a priori por los líderes europeos en la cumbre celebrada la semana pasada. Jetten también ha echado un jarro de agua fría al modelo hispano-portugués para toda la UE. “Todavía tengo muchas dudas sobre el aumento del consumo de gas y sobre e impacto financiero”, ha justificado.

Tope al gas para electricidad

El documento de trabajo producido por los técnicos comunitarios, en respuesta al mandato de los líderes europeos, hace hincapié en que con los precios actuales del gas (de unos 60 euros/MWh) un mecanismo de este tipo “no produciría ningún resultado” y sugiere fijar un tope “significativamente más alto” que el aplicado en la Península ibérica, de entre 100 y 120 euros/MWh. Así se podría lograr un equilibrio “entre garantizar la eficacia de la medida para reducir los precios de la electricidad y evitar que las centrales de gas se conviertan en tan atractivas financieramente que aumente su utilización y se reduzca el uso de tecnologías de generación alternativas”.

Según Bruselas, la eficacia del modelo dependerá de evitar la fuga de electricidad subsidiada hacia países terceros, como Reino Unido o Suiza, que de no resolverse podría aumentar el consumo de gas entre 5.000 y 9.000 millones de metros cúbicos. Para evitarlo sugieren acuerdos con los países beneficiados o fijar un modelo en dos fases, con un precio para la electricidad destinada a la exportación y otro para la intraeuropea. El problema de esta opción sería que provocaría un cambio significativo en el funcionamiento del mercado eléctrico y chocaría también con una serie de acuerdos internacionales que prohíben la creación de precios de exportación más altos como el acuerdo de cooperación entre la UE y el Reino Unido.

Francia, el más beneficiado

El análisis preliminar también admite que el impacto será desigual lo que demuestra las reticencias de algunos países. “Los Estados miembros que dependen mucho de centrales de gas en su sistema eléctrico se enfrentarán a los costes más altos para los necesarios subsidios. Este sería el caso por ejemplo de Alemania, Holanda e Italia”, sostiene la Comisión. Mientras tanto, los países importadores netos de gas se beneficiarían de una electricidad subsidiada por otros Estados miembros lo que haría que “el mayor beneficiario neto sería Francia”, concluye la Comisión que también apunta que otros países de Europa Central y del Este “probablemente” también registrarían “beneficios” de un mecanismo como el ibérico. Dado que el sistema no tendría impacto en los contratos a largo plazo, los Estados miembros con una parte importante de la generación eléctrica cubierta por ellos, como los países bálticos o nórdicos, se verían menos beneficiados. La manera más efectiva de responder a todos estros desequilibrios sería, según Bruselas, crear un esquema europeo de redistribución de costes aunque sería complicado de diseñar debido a la falta de estadísticas fiables y a los desafíos políticos”.

“Hay diferentes puntos de vista entre los Estados miembros sobre la posible extensión de la excepción ibérica al resto de la UE”, ha admitido la comisaria de energía, Kadri Simson, reacia a presentar propuestas legislativas antes del 24 de noviembre para frustración de Sikela que ha vuelto a afear, lo mismo que Ribera, la falta de propuestas concretas. “El papel de la Comisión lo veo como una contribución para la discusión pero no es una propuesta y necesitamos una propuesta para impulsar la discusión. Es algo que los ministros ya pidieron en el consejo extraordinario del 9 de septiembre. Hay países que no ven el modelo como el camino a seguir pero para evaluar esto de forma apropiada necesitamos más detalles o propuestas legales o un estudio de impacto”, ha insistido. “Pocos avances concretos, sí mucha más precisión sobre lo que esperamos de la Comisión”, ha dicho por su parte Ribera.

Pese a este decepcionante balance, la Comisión Europea considera que los cambios en el diseño del mercado pueden proponerse y aplicarse rápidamente. “Proporcionaría una solución más permanente a la excesiva dependencia de la factura eléctrica europea de los mercados de gas natural, muy volátiles, y aportaría a los consumidores los beneficios de las energías renovables de menor coste, en consonancia con su participación en el mix eléctrico y con la rápida asimilación que se necesita para eliminar el gas ruso”, concluye la Comisión.

Reforma del mercado eléctrico

El documento preparado por Bruselas también pone sobre la mesa las primeras pistas sobre una posible reforma del mercado eléctrico más estructural para mitigar los precios. La intención del equipo de Ursula von der Leyen es dar las primeras pistas a finales de año, antes de presentar una propuesta a comienzos de 2023. La reforma, según Bruselas, deberá abordar cómo remunerar las energías renovables y otras tecnologías en función de sus verdaderos costes de producción. "Las energías renovables y otros tipos de generadores inframarginales (por ejemplo, la nuclear) serían remunerados mediante contratos por diferencia, independientemente del precio marginal. El precio de estos contratos se establecería normalmente mediante licitación y será una función directa de los costes reales de producción de las tecnologías correspondientes", apunta la Comisión.