Bruselas planea obligar a comprar conjuntamente el 15% del gas para abaratar el precio

Tras el mandato de los líderes europeos hace casi dos semanas, la Comisión Europea tiene prácticamente lista la última batería de medidas que propondrá este martes para abaratar los precios del gas (y de paso la factura de la electricidad). El nuevo paquete, tal y como avanzó el pasado jueves la comisaria de energía, Kadri Simson, incluirá un mecanismo temporal para limitar la volatilidad de precios así como compras conjuntas de gas para aprovechar el poder de negociación colectivo y evitar que los Estados miembros compitan entre sí y disparen los precios. La intención de Bruselas, que sigue apostando ante todo por negociar con los países productores “fiables” (Noruega, Argelia…), es obligar a los Veintisiete a comprar conjuntamente al menos el 15% del gas que almacenen en los depósitos.

“Creo que los Estados miembros podrían aceptar que un 15% de los volúmenes encargados sean obligatoriamente comprados de forma conjunta por las compañías que utilizan este gas”, explicaba este domingo en los micrófonos de la cadena belga RTL-TVi el comisario de justicia, Didier Reynders, minutos después de participar en una reunión extraordinaria por videoconferencia del colegio de comisarios para ultimar la nueva propuesta que el Ejecutivo comunitario adoptará este martes y presentará a finales de semana a los líderes de la UE durante el Consejo Europeo previsto para este 20 y 21 de octubre. 

El Ejecutivo comunitario parte de la idea de que comprar conjuntamente el gas -como los Veintisiete hicieron con la compra de vacunas contra el covid19- permitirá a los Estados miembros utilizar su poder de compra colectivo para negociar mejores condiciones, reducir el riesgo de que los Estados miembros compitan entre sí en el mercado, y de esta forma evitar que se disparen precios. Además, considera que la transparencia ayudará particularmente a los países más pequeños, que se encuentran en una situación más desfavorable como compradores.

Bruselas reconoce, no obstante, que esta medida no tendrá impacto a corto plazo y que solo servirá para coordinar la demanda cuando los Estados miembros empiecen a rellenar de nuevo los depósitos en primavera -actualmente están al 91%- para prepararse al próximo invierno de 2023/2024 y sucesivos. Un invierno que, según Bruselas, podría ser todavía más complicado que el actual si Rusia termina cortando definitivamente el grifo del gas ruso, pese a que la dependencia europea de este país se ha reducido notablemente en el último año.

De ahí la necesidad de adoptar otras medidas para limitar los precios, incluido un mecanismo temporal destinado a corregir los precios. Se trataría de introducir un límite de precios “dinámico” y un límite a los picos de precios intradiarios que para evitar una volatilidad extrema en los mercados de derivados energéticos. Tal y como avanzó Simson, el plan apuesta además por crear un índice complementario al TTF holandés, la referencia utilizada para negociar los contratos en Europa, para garantizar una referencia “representativa” para las importaciones de gas natural licuado que no se vea "artificialmente" inflada ni influenciada por la manipulación de Rusia. Este nuevo índice de referencia, que proponen encargar a la Agencia e Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), tendría que estar listo para el inicio de la temporada de llenado de gas, en marzo de 2023.

Acuerdos de solidaridad

La Comisión Europea también incluirá entre sus propuestas un mecanismo de “solidaridad” que garantice que los Estados miembros más afectados por la crisis energética tendrán el apoyo del resto de socios europeos en caso de emergencia. “Dado que no todos los Estados miembros tienen acuerdos de solidaridad mutua en marcha, la Comisión propone disposiciones directamente aplicables en ausencia de dichos acuerdos de solidaridad”, señala el borrador. Bruselas también propondrá extender la obligación de solidaridad a los Estados miembros con instalaciones de almacenamiento de gas natural licuado que no están conectados, como es el caso de España que dispone de siete plantas regasificadoras. “Esto garantizará que estaremos preparados y listos para actuar en caso de que sea necesario”, sostiene Bruselas.

Tal y como avanzó Simson, el plan también contemplará la posibilidad de introducir nuevos recortes en el consumo de gas. Una opción sería convertir en obligatorio el objetivo de recorte del 15% -7% en el caso de España y Portugal- acordado por los Veintisiete en julio pasado y revisar los objetivos si se consideran insuficientes. En cuanto a la posibilidad de imponer un tope al precio del gas destinado a generar electricidad, en línea con la ‘excepción ibérica’ que disponen España y Portugal, la Comisión abre la puerta a desarrollar vías para limitar el impacto del gas en la factura de la luz pero de momento no propone extender el mecanismo al resto de la UE porque conllevaría “riesgos” dada la diversidad del mix energético, conexiones y sistemas de generación. “Es necesaria una solución que funcione para todos y que esté en línea con nuestro objetivo: no aumentar el consumo de gas y gestionar los flujos más allá de las fronteras de la UE”. El borrador tampoco incluye topar el precio del gas, tal y como pidieron una quincena de países, y al que se opone Alemania que teme provoque escasez y ponga en riesgo la reducción