Energía

El Gobierno lanza su propuesta de tarifa regulada de la luz para evitar vaivenes en el precio de la factura

El nuevo método de cálculo incluirá referencias del mercado de futuros y entrará en vigor de forma gradual a partir de 2023

Esta fórmula suaviza los precios en los años de grandes picos, pero se incrementa en aquellos periodos de precios bajos

El Gobierno lanza su propuesta de tarifa regulada de la luz para evitar vaivenes en el precio de la factura
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Sara Ledo
Sara Ledo

Periodista

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El Gobierno vinculará la tarifa regulada de la luz, conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), a los mercados de futuros para evitar la volatilidad de precios que le provoca estar indexada únicamente al precio diario ('pool'). La propuesta, que acaba de ser lanzada a información pública (hasta el 7 de noviembre) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, es una de las condiciones acordadas entre el Ejecutivo y la Comisión Europea para autorizar la 'excepción ibérica' y debía ser presentada a principios de este mes para su entrada en vigor a partir de 2023. Y así ocurrirá, aunque de forma progresiva, para que la referencia de mercados a plazo represente el 25% del precio en 2023, el 40% en 2024 y el 55% en 2025. El porcentaje restante seguirá correspondiendo al precio diario. ¿Y cómo se realizará esa cesta de precios futuros? El 10% corresponderá al producto mensual, el 36% al producto trimestral y el 54% al producto anual.

Esta nueva fórmula no es el precio final que pagan los consumidores, sino el precio del concepto energía, al que hay que sumar la potencia contrata, los impuestos y otros cargos. Desde la creación de esta tarifa en el año 2014, el PVPC ha sido una de las ofertas de suministro eléctrico más competitivas del mercado, según han indicado anualmente los informes del mercado minorista elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Y a ella están acogidos en la actualidad 9 millones de usuarios, el 35% del total, incluidos los consumidores vulnerables que se benefician del bono social eléctrico, al ser esta tarifa obligatoria para acogerse a ese descuento.

El problema es que esta relación directa con los precios mayoristas --que en el último año se han incrementado un 500%-- provoca que las variaciones en el precio del 'pool' se reflejen de forma automática en las facturas y esto en el último año ha provocado grandes diferencias de precios en la factura de la luz de un mes a otro. Al mismo tiempo, según reza el texto publicado este miércoles, incita a una "elevada exposición" al mercado diario por parte de los grandes compradores, lo que socava los incentivos a comprar energía a plazo, algo que "se ha revelado como una debilidad en el contexto de escalada alcista" de precios provocada por el efecto contagio del gas natural sobre los precios de la electricidad.

De esta forma, a largo plazo la nueva fórmula no supondrá necesariamente un precio más bajo y ese tampoco es su objetivo. Y así se refleja en la memoria económica del real decreto ley, que explica que en un mercado como el de 2021 en el que el precio del 'pool' finalizó en 111,9 euros por megavatio-hora de media (precio caro), con la nueva metodología el resultado final hubiera sido un 20% más barato. En 2019 (año de precios baratos que cerró a una media de 47,7 euros por megavatio-hora), sin embargo, hubiera sido un 11,4% más caro con la nueva metodología. Es decir, los años en los que hay grandes picos de precios, esta fórmula los suaviza, pero en los años de precios bajos es muy probable que salga más caro.

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Pero sí que disminuirá la inestabilidad. Es decir, que los precios sean menos cambiantes. Según los cálculos del Gobierno, la volatilidad anual del precio diario (cuanto varía a lo largo del año el precio medio diario) se reduce al 17%, frente al 27% de volatilidad del pool; mientras que la volatilidad anual del precio medio mensual (cuanto varía a lo largo del año el precio medio mensual) se reduce al 16%, frente al 23% del precio del pool. Estos porcentajes son orientativos porque parten de la media de los últimos cinco años (2018-2021), pero sí demuestran una tendencia a la estabilidad.

Por otra parte, la nueva norma también acota quiénes puede ser receptores de esta tarifa. Así, a partir del 31 de diciembre de 2023, un año después de la entrada en vigor de la nueva regulación, se limita a la posibilidad de acogerse a ella a "consumidores domésticos y microempresas". En la redacción original de la norma que regula el PVPC actual no se preveía ninguna restricción entorno al tamaño de la empresa sino que la única limitación es tener una potencia de 10 kilovatios.