Consejo de Ministros

El Gobierno prorrogará todo 2023 los abonos gratis de Renfe pero aplaza la decisión sobre otras ayudas

El Ejecutivo de momento deja fuera de los PGE medidas extraordinarias del decreto de la guerra como los 20 céntimos o rebajas de impuestos de luz y gas y estudiará si las prorroga a final de año

El Gobierno prorroga a 2023 la gratuidad de los trenes y pretende hacerla "estructural".

Vídeo: AGENCIA ATLAS Foto: Agencias

David Page

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El

Gobierno

mantendrá

durante todo 2023

los abonos de viajes gratuitos de 

Renfe

, pero deja en el aire la continuidad de otras ayudas para familias y empresas para paliar el impacto del golpe económico de la guerra en Ucrania, como el descuento de los 20 céntimos por cada litro de combustible o las rebajas extraordinarias del

IVA

en los

recibos de la luz

y el gas, sobre los que no tomará una decisión hasta final de año, cuando las medidas están a punto de expirar.

El Ejecutivo incluirá en el proyecto de 

Presupuestos Generales del Estado

(PGE) para el próximo año, pactado in extremis por los PSOE y Unidas Podemos y aprobado este martes por el Consejo de Ministros, la prórroga durante todo 2023 de la gratuidad de los abonos para Cercanías, Rodalíes y trenes de Media Distancia de Renfe, prevista inicialmente sólo para el último cuatrimestre de este año.

Los PGE incluirán una partida específica de 700 millones en los presupuestos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana destinada a Renfe y que servirá para financiar la gratuidad de los abonos de los cerca de 2 millones de beneficiarios que se prevén alcanzar, desde los 1,5 millones que se registran actualmente. De momento, se prorrogan las ayudas para bonificar el 100% del importe de los abonos gestionados por Renfe, pero se decidirá más adelante si se mantienen también la bonificación del 30% del coste de los abonos de empresas regionales y municipales.

Política estructural

El Gobierno concibió inicialmente el programa de ayudas a los viajes en tren como una medida extraordinaria para reducir el uso del transporte privado en plena crisis energética y con una duración prevista de cuatro meses, del pasado septiembre hasta final de año.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la decisión de prolongar su vigencia con el objetivo de de convertirla en una “política estructural” para hacer un seguimiento más preciso de su efectividad para incentivar el uso del transporte público en detrimento del coche y calibrar sus beneficios sobre la sostenibilidad y la reducción de emisiones contaminantes.

Los abonos gratuitos de Renfe se erigen en política estructural y por eso se mantienen, pero el Gobierno aplaza la decisión sobre otras medidas extraordinarias vinculada a los decretos anticrisis. El Ejecutivo no ha incluido en el proyecto de PGE, que llegará en los próximos días al Congreso para iniciar su tramitación, otras ayudas como el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para todos los conductores y también se contempla la prórroga de las rebajas hasta el 5% del IVA de los recibos de la luz o del gas.

El Gobierno apunta que la decisión sobre estas otras ayudas se adoptará cuando esté a punto de expirar su vigencia, prevista hasta el próximo 31 de diciembre, para poder calibrar con mayor precisión la situación exacta de los precios del petróleo o de los mercados de la electricidad y del gas natural y determinar si tiene sentido mantener las medidas. Desde Hacienda se desliza que se dispondrán de fondos suficientes para cubrir el coste de todas esas medidas extraordinarias si finalmente es necesario mantenerlas.  

Bono alquiler joven

La ministra de Hacienda también ha avanzado este martes que se va a consolidar el bono alquiler joven con una dotación presupuestaria de 200 millones en 2023. Montero ha añadido que también se pondrá en marcha un programa de alquileres accesible dotado con 260 millones de euros. En total se movilizarán 3.472 millones de recursos en el capítulo de vivienda, un incremento del 5,4%.

El bono alquiler joven es una ayuda de 250 euros mensuales por dos años para personas de entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el Iprem y alquilen una vivienda de 600 euros mensuales o menos (ampliables en cada comunidad a 900 euros) o una habitación de hasta 300 euros (ampliable a 450 euros).