El Gobierno estudia ampliar el código de buenas prácticas a más hipotecados vulnerables

El Ministerio de Economía estudia relajar los criterios para determinar a quién se considera un cliente bancario vulnerable, de manera que un número mayor de hipotecados pueda beneficiarse del código de buenas prácticas para la reestructuración de hipotecas, según ha adelantado 'El País' y confirman diversas fuentes financieras. Desde el sector se afirma que el Ejecutivo no ha trasladado a las entidades aún ninguna propuesta concreta al respecto, pero sí la voluntad de avanzar por esta vía ante la brutal escalada del euribor de los últimos diez meses (del -0,5% a rondar el 2,5%), que ha elevado la presión política para que tome medidas.

Pese a la escalada del indicador al que están vinculadas la inmensa mayoría del 75% de las hipotecas en España (las de tipo fijo son el 25%, pese a su subida de los últimos años), la morosidad hipotecaria sigue sin despuntar. En junio bajó al 2,65%, a años luz del máximo del 6,28% de marzo de 2014, en plena resaca de la Gran Crisis Financiera. Con todo, las entidades admiten que antes o después los impagos comenzarán a subir por la escalada de los tipos de interés con que los bancos centrales tratan de combatir la espiral inflacionista.

Para anticiparse a este problema, el Ministerio de Economía y la banca, por un lado, y las propias entidades entre sí, por otro, han comenzado a estudiar posibles medidas de apoyo a los hipotecados. El departamento que dirige Nadia Calviño, en este sentido, está centrando sus esfuerzos en reforzar el código de buenas prácticas creado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 ante la oleada de desahucios de aquellos años, y que ya ha sido ampliado en 2013, 2015, 2017 y 2019. 

Reestructuraciones, quitas y daciones

Las 87 entidades que se han adherido voluntariamente al mismo han asumido una serie de compromisos para ayudar a familias vulnerables que no pueden hacer frente al pago de sus créditos. Así, el código incluye tres fases de actuación. La primera consiste en reestructurar la deuda: aplicar a los créditos un periodo de carencia en el pago del principal y una reducción del tipo de interés (a euribor más 0,25%) durante cinco años, así como la ampliación del plazo total de la hipoteca hasta un máximo de 40 años. 

Si pese a ello la cuota a pagar es superior al 50% de los ingresos de la unidad familiar, las entidades tienen la posibilidad (no obligación) de ofrecer una quita (en general del 25%) sobre el conjunto de la deuda. Y si pese a estas dos medidas el esfuerzo hipotecario es inasumible, los clientes pueden solicitar y las entidades deben aceptar la dación en pago (entregar la vivienda para saldar la deuda).

Para acogerse al mismo, los hipotecados deben cumplir una serie de requisitos que demuestren su vulnerabilidad, como que la cuota hipotecaria sea superior al 50% de los ingresos netos de la unidad familiar, que dichos ingresos no superan tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas (es decir, 24.318,84 euros) o que el pago de la hipoteca haya elevado su peso sobre la renta familiar en al menos 1,5 veces en los últimos cuatro años. Este tipo de requisitos son los que Economía contempla suavizar para aumentar el colectivo de potenciales beneficiarios.