Un despido impugnado tarda año y medio en llegar a juicio en Catalunya

Si hoy un trabajador es despedido y decide impugnar ante los tribunales catalanes la decisión de la empresa deberá esperar más de un año y medio para ir a juicio. Unos 19 meses de media hasta que un magistrado decida si decreta su readmisión, una mayor indemnización o considera que todo lo sucedido está acorde al derecho. Así lo cuantifica un informe de UGT, que recopila los tiempos de espera en los juzgados de toda España y constata el colapso generalizado de la justicia de lo social, que afecta especialmente a las plazas catalanas.

El informe de UGT revela que la duración media de aquellos procedimientos por la vía de urgencia se alarga hasta 6 meses, mientras que la duración media de procedimientos ordinarios se sitúa en los 11 meses. No obstante, hay importantes diferencias entre territorios y Catalunya –con su capital a la cabeza- sale especialmente perjudicada en el balance. 

Una impugnación en lo social, ya fuere por un despido, por un impago salarial o por una denuncia de incumplimiento de las condiciones contractuales, entre otros, tarda 17,9 meses en solventarse. En Barcelona algo menos, 15,7 meses y en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) un caso por la vía ordinaria se demora 16 meses en dirimirse. Solo tienen que esperar más los andaluces, que con 22 meses de media de demora son los que sufren los juzgados más colapsados. Entre ellos está el juzgado número 2 de Sevilla, el tribunal de toda España donde más tarda un caso entre que es aceptado a trámite y se dicta sentencia. Concretamente tarde 54 meses, es decir, cuatro años y medio, según el informe de UGT.

Tiempo en el que el trabajador no cobra, queda pendiente de si el magistrado resolverá a favor suyo o no y cómo, ya sea con su reincorporación o no. Tiempo en el que debe decidir si busca un nuevo empleo para subsistir mientras tanto o espera hasta la resolución. O, desde el punto de vista de la empresa, la dirección queda pendiente de si tendrá que pagar más por el cese o si se verá obligada a reincorporar al trabajador y volver a reestructurar la plantilla. 

Una situación que desde UGT denuncian que causa indefensión en los trabajadores. Una indefensión que la reciente reforma laboral –de la que son firmantes- no mejora, ya que no recuperó los salarios de tramitación. Antes de la reforma del 2012 del PP, si una empresa despedía a un trabajador, este impugnaba y ganaba, la compañía se veía obligada a abonarle el salario que hubiera tenido que estar percibiendo desde el momento del cese hasta la resolución judicial. 

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