El Gobierno calcula que su plan energético ahorrará más de la mitad del gas comprometido con Bruselas

El Gobierno calcula que el plan de ahorro que obliga a apagar la luz de edificios públicos a partir de las 10 de la noche y limitar a 19 grados en invierno y 27 en verano la climatización de los establecimientos supondrá una reducción de la demanda de gas de entre el 4% y el 5%. Esto es más de la mitad del objetivo acordado con Bruselas fijado en un descenso del consumo del 7% entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023, en comparación con la media de los cinco años previos. Si bien el resultado final "dependerá" de la efectividad en la "aplicación" de este plan. [Éstas medidas entran en vigor el miércoles]

Así lo ha afirmado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras la Conferencia Sectorial celebrada este lunes con los representantes de las comunidades autónomas y municipios --representados por la FEMP-- para contener la bronca política iniciada por la Comunidad de Madrid, que llegó a anunciar que no cumpliría el decreto ley, y seguida en menor medida por otras comunidades como el País Vasco. 

El encuentro ha durado alrededor de tres horas y en él también han participado por parte del Gobierno la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. "Ninguna (región) ha dicho expresamente que no vaya a cumplir el plan", según Ribera, pero hasta cinco comunidades (Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia y Castilla y León), todas del Partido Popular, han pedido la retirada del decreto ley. El Gobierno lo ha descartado y ha defendido su aplicación como un mal menor para contener el consumo de gas.

"Es más sencillo y más adecuado reducir (la demanda de gas) cuando es posible y en aquellos ambientes en los que es más fácil, antes de encontrarnos con una situación que pudiera llegar a ser más complicada para las familias y para la industria y evidentemente, más perjudicial para los Estados europeos más directamente afectados por el chantaje energético de Putin", ha advertido Ribera. 

Algunos consejeros han planteado la aplicación de la norma solo en el ámbito público, pero el Ejecutivo ha defendido que se han incluido sectores que se pueden beneficiar porque "reducen su factura energética" y que, además, notarán un "menor impacto" en su actividad que si las medidas se hubieran dirigido a hogares e industria. Esta última ha reducido ya un 12% su consumo de gas en los últimos seis meses debido a los altos precios de la energía y descarta cualquier medida que no tenga que ver con la eficiencia de su consumo a través de gases renovables o servicios de interrumpibilidad. Además, con el apagado de luces y la rebaja del aire acondicionado se consigue contener la demanda eléctrica, que ha disparado su consumo de gas un 80% desde enero.

En la reunión sectorial no se han escuchado propuestas alternativas a las del Gobierno, según Ribera, pero se ha encomendado a los representantes políticos a presentar todos sus planteamientos concretos antes del 31 de agosto para elaborar el plan de contingencia que prevé entregar a finales de septiembre a la Comisión Europea y que recogerá el grueso de las medidas para hacer frente a la actual crisis energética. "Todos han destacado su voluntad de aportar y contribuir", ha agregado la vicepresidenta. Pero ha advertido de que “volver al carbón, alargar la vida útil de las nucleares o bajar impuestos (…) no son propuestas de ahorro y eficiencia sino un posicionamiento político e ideológico”. 

La vicepresidenta ha vuelto a recordar que el decreto ley aprobado el pasado lunes, y cuyas dos medidas principales y más polémicas (limitar la temperatura y obligar al apagado de luces) entran en vigor el miércoles, es "flexible" para garantizar las condiciones de seguridad laboral (sobre todo en el pequeño comercio en lugares con alta actividad, como los bares) o siempre que esté justificado por condiciones térmicas (por ejemplo, los hornos o comercios que deban estar refrigerados como las pastelerías). Y ha insistido en que la vocación del decreto ley no es sancionar, sino cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas. “El Gobierno ha hecho lo que está en su mano, que es aprobar estas medidas; ahora corresponde a las comunidades autónomas establecer cómo se aplican y cómo se vigilan”, ha agregado Ribera.