Catalunya sigue perdiendo más sociedades de las que gana

La tendencia de Catalunya de que periodo tras periodo pierde más sociedades de las que gana se mantiene. Según los datos de los registros mercantiles en el segundo trimestre de este año, entre las comunidades de las que se van compañías, destaca Madrid, con 408 salidas, seguido de Catalunya, 236, Andalucía, 137 y Comunitat Valenciana, con 115.

Si se compara el saldo de entradas y salidas, Madrid destaca con un saldo positivo de 47 empresas, seguida de la Comunidad Valenciana con 25 y Andalucía con 23. En la parte opuesta Catalunya presenta un saldo negativo de 60 empresas menos, seguida de Castilla y León, con 21. En el acumulado de seis meses de este año se mantiene un saldo negativo por parte de Catalunya con 82 más de las que se van que las que llegan, mientras que en Madrid, la situación es la inversa, con 87 más.

Fuga de sedes sociales: Avalancha otoñal de mudanzas en 2017

Los expertos atribuyen parte de estas cifras a la suma de sociedades instrumentales y filiales, sin empleados. Cada sociedad, por pequeña que sea, tiene su 'matrícula' o CIF y se contabiliza.  

Lo cierto es que desde que en 2017 se produjo la fuga de sedes de grandes compañías no se ha producido ningún movimiento de retorno reseñable, el de la matriz de Agbar. "Estamos en València como razón social con vocación indefinida". Es la respuesta que el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, dio a la pregunta de si está previsto devolver la sede social a Barcelona esta semana durante la presentación del plan estratégico de esta entidad de origen catalán que absorbió a Bankia. La verdad es que en los dos últimos ejercicios, Catalunya ha cedido terreno en porción del PIB frente a Madrid, que se ha situado en primera posición.

Y resulta un gran contraste que a la vez que crece el atractivo de la comunidad para la instalación de centros de investigación y desarrollo (I+D) o centros de servicios compartidos o de excelencia, la cuestión sobre las sedes sociales sigue siendo recurrente y se repite la pregunta en juntas de accionistas como las de Naturgy, Cellnex, Abertis y otras muchas compañías que, antes o justo después del referéndum de 2017 decidieron trasladar su sede social.El

El caso de Caixabank

Desde momento hasta el pasado 30 de marzo el saldo (diferencia entre entradas y salidas) en Catalunya es de más de 2.378 compañías que han decidido mudar su razón social a Madrid, Palma de Mallorca o València, por poner solo unos ejemplos. En el mismo periodo de tiempo, Madrid ha alcanzado un saldo positivo de 1.654, es decir, con más desembarcos que salidas, según los datos de los registros mercantiles.

CaixaBank, por ejemplo, tiene su sede social desde entonces en València, aprovechando la del antiguo Banco de Valencia, que absorbió; y con la integración de Bankia aún se ha afianzado más en esa plaza; mientras que la sociedad de participadas, Criteria; y la fundación La Caixa, principal accionista del banco, la tiene en Palma de Mallorca. Por su parte, el Banc Sabadell la trasladó a Alicante, donde tenía su cuartel general la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que se integró dentro de este grupo.

Son solo dos ejemplos de la banca, ya que las entidades financieras estaban obligadas a disipar y cortar de raíz cualquier duda ante una posible salida de la Unión Europea (UE) y del sistema del Banco Central Europeo (BCE), en caso de independencia de Catalunya, aunque fuera de manera temporal. Pero lo cierto es que la fuga fue multisectorial: Codorniu, Grupo Planeta, Catalana Occidente, Pastas Gallo, Colonial, La Bruixa d’Or, Agbar...

La mudanza masiva de sedes sociales, con el consiguiente cambio de celebración de las juntas de accionistas o reuniones del consejo de administración, ha sido el impacto más palpable de la etapa de inestabilidad política surgida a raíz del referéndum del 1-O, el momento culminante de los años del ‘procés’ en Catalunya. Hasta la fecha se ha tratado, con aplastante mayoría, de viajes solo de ida.

La huida masiva por la consulta

El peor ejercicio de esta fuga de sedes sociales fue precisamente el de la consulta, cuando se produjo una huida masiva de sedes sociales. El saldo negativo ese año en Catalunya fue de 1.988 que optaron por ubicar su cuartel general fuera de esta comunidad: 2.536 se marcharon y 548 optaron ese ejercicio por poner su sede social en Catalunya. De las que decidieron mudarse, 1.457 lo hicieron a Madrid. La Comunitat Valenciana fue, a gran distancia, la segunda mayor beneficiaria, con 279; y Aragón, la tercera, con 194.

Por aquella época, Foment del Treball estimó que el 'procés' independentista multiplicó por 10 la pérdida de domicilios sociales de empresas. Lo incluyó en una de las conclusiones del informe 'Incidencia de la situación política en la actividad económica y empresarial'.

El año del referéndum, un total de 1.279 sociedades dejaron Madrid como sede social, pero otras 2.541 eligieron la capital como ubicación. Eso arroja un saldo positivo de 1.262. Cada año, de hecho, en Catalunya se han producido más marchas que llegadas y en Madrid, a la inversa.

El ‘think tank’ de Foment, el Institut d’Estudis Estratègics, advirtió en uno de sus estudios de los riesgos de no revertir este proceso de fuga de sedes. Su director, Jordi Alberich, apelaba a la estabilidad institucional y a ejercer el autogobierno como receta para crear un clima de mayor confianza.

El informe aseguraba que «las corrientes de fondo de la sociedad catalana apuntan claramente a la distensión. Y la política parece lanzar señales en la misma dirección. Solo así abordaremos los desafíos del momento y, entre ellos, el favorecer el retorno de sedes corporativas. De lo contrario, pueden acarrear el desplazamiento irreversible de centros de decisión y puestos de trabajo».

La marcha de una sede social no tiene por qué implicar pérdida de capacidad de decisión, ya que en muchos de los casos, si no en la mayoría, las sedes operativas de compañías que mudaron su sede social, se mantienen en Catalunya. En todo caso, si se prolonga mucho tiempo puede acabar suponiendo el traslado de los cuarteles generales, unidades importantes de negocio e incluso capacidad productiva. Las implicaciones de ese proceso van de la pérdida de riqueza y actividad a puestos de trabajo. A su vez se corre el riesgo de que los directivos, para evitar constantes viajes, acaben trasladando su residencia donde se encuentra la sede social de la compañía. Y aún más con una fiscalidad atractiva como la de Madrid.

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