Víntegris: la empresa de origen catalán que desplegará la firma electrónica en el Congreso

Esta adjudicación, de en torno a 130.000 euros y válida durante cuatro años, permitirá “que todos los trámites habituales que hacen los diputados se puedan hacer con validez jurídica probatoria y con la trazabilidad adecuada de una manera presencial o remota y con los estándares de seguridad al más alto nivel que existe hoy”.

Poco más puede contar sobre el asunto el director general de Víntegris, Javier Bustillo, que está en pleno despliegue de la solución y que confía en el proyecto como uno de los grandes catalizadores de la empresa. De hecho, su llegada al frente de la compañía hace año y medio responde en buena medida a esta intención de crecer algo más rápido los próximos años: pese a no dar cifras de facturación, sí que confiesan no tener más del 15% de un mercado potencial de 160 millones de euros (es decir, en torno a 25 millones), que pretenden duplicar esta cifra en dos años y que prevén ampliar todavía más su plantilla tras haber contratado este año a 20 nuevas personas.

Además, la llegada de Topaz “va a provocar que a finales de año sistematicemos la aproximación internacional fundamentalmente en 4 geografías: Francia, Italia, Alemania y Reino Unido”, añade Bustillo. “El objetivo es claramente internacionalizar la empresa, no solo porque la tecnología está preparada o porque la oportunidad potencial de negocio sea brutal, sino porque además en 2016 conseguimos la certificación eIDAS, que nos permite operar en la Unión Europea”, explica este directivo, destacando que esto les distingue “inmediatamente” de varios de sus competidores.

La oportunidad del metaverso

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Víntegris se define como un fabricante de ‘software’ especializado precisamente en la emisión de certificados electrónicos para validar las firmas digitales que hoy son clave ya en muchos procesos administrativos. “Algo que antes se utilizaba de manera anecdótica cada vez está más presente, porque la tecnología lo habilita y porque los modos de relación entre administración pública, empresas y personas lo requieren”, contextualiza Bustillo.

Su importancia radica también, dice, en que cada vez hay más máquinas automatizando procesos y gestiones, y una tecnología así asegura que lo hagan de modo seguro, correcto y que el proceso tenga validez jurídica. Y, por último, en el auge del metaverso. “Allí van a existir transacciones económicas que tienen su correspondencia en la vida real, así que los participantes tendrán que estar perfectamente vinculados e identificados”, asegura Bustillo, que no descarta que, en un futuro aún algo lejano y en función de cómo reaccionen empresas y clientes, esta acabe siendo una de sus líneas de negocio.