Trabajo preparatorio
El Gobierno busca la vía legal para que la justicia no tumbe los impuestos a banca y energéticas
Calviño afirma que se trabaja en "evitar cualquier riesgo legal" y Montero afirma que se "prohibirá" que el coste se traslade a los clientes
Pablo Allendesalazar
Periodista
Redactor de economía desde 2004. Tras estudiar en las universidades de Málaga, Edimburgo y el País Vasco, trabajé durante tres años en la Agencia Colpisa-Redacción Central de Vocento. Desde 2007, en la delegación de Madrid de EL PERIÓDICO. Secretario y miembro de la junta directiva de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
El Gobierno está trabajando en el diseño de los dos impuestos a empresas energéticas y bancos anunciados el martes por Pedro Sánchez bajo la prioridad de tratar de evitar que los jueces los echen para atrás si las compañías de ambos sectores deciden llevar los nuevos tributos a los tribunales. Así lo ha reconocido este jueves la vicepresidenta económica, Nadia Calviño: "Estamos justamente haciendo ese trabajo técnico, serio y responsable para evitar cualquier tipo de riesgo legal o riesgo de doble imposición".
Calviño ha evitado especificar cuál será el hecho imponible del impuesto a la banca, es decir, aquel que generará la obligación de pagar un tributo. La normativa prohíbe que dos impuestos pueden hacer tributar por el mismo hecho imponible (la doble imposición a la que se ha referido la vicepresidenta), con lo que la incertidumbre sobre qué se gravará exactamente es motivo de gran expectación y elucubraciones en el sector financiero.
En principio no podrán ser los beneficios de las entidades, ya que -salvo cambio de criterio- la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó el martes que se trata de crear dos nuevos tributos, no de aplicar un recargo en el impuesto de sociedades (que grava los resultados empresariales). Ello también descarta en principio que se vaya a gravar los depósitos que guardan las entidades financieras a sus clientes, puesto que ya existe un impuesto específico sobre estos productos de ahorro. Lo creó el anterior Gobierno de Rajoy en 2012 para evitar que cada comunidad autónoma fijase el suyo.
La definición de ambos impuestos es clave para determinar las posibilidades que tienen energéticas y bancos de llevar el asunto a los juzgados de lo contencioso-administrativo. Las compañías eléctricas, por ejemplo, han sido tradicionalmente muy activas en impugnar leyes que les perjudicaban, pero no así las entidades financieras. Con todo, la presidenta de la patronal bancaria AEB, Alejandra Kindelán, no lo ha descartado del todo. "Es muy pronto para hablar de algo así, tendremos que ver los detalles", ha afirmado en 'TVE'.
Costes para el cliente
En lo que sí han querido incidir Calviño y Montero es en que el Gobierno tratará de impedir que las compañías afectadas trasladen el coste de los nuevos impuestos a sus clientes en forma de subidas de precios. "Tenemos contemplado que se va a prohibir la repercusión de ese gravamen al precio final que soportan los ciudadanos. Y por otra parte, se va a dotar a la CNMC de todas las funciones para que vigile y, en su caso, aplique sanciones si alguna de las empresas se separa de la legalidad", ha afirmado la responsable de Hacienda en la 'Ser'.
Diversas fuentes financieras, con todo, destacan que es muy difícil que la autoridad de competencia pueda determinar los efectos indirectos del nuevo impuesto en los clientes y vincularlos a la creación del tributo. Así, argumentan, la medida puede provocar que el tipo de los nuevos créditos suban algo más o que los depósitos se remuneren algo menos (cuando empiecen a ser remunerados) de lo que hubiera sucedido de no existir el tributo como vía para asumir el nuevo coste fiscal.
Menos crédito
Kindelán, por su parte, ha destacado que la medida va a "dificultar la capacidad de los bancos de financiarse en los mercados y, por tanto, dificulta su capacidad de dar créditos a familias y empresas, que en este momento es lo que necesitan". Las entidades, ha destacado, tienen una rentabilidad (beneficios sobre el capital) "muy baja" en su actividad en España y no hay "ninguna certeza" de que la subida de tipos se vaya a trasladar a un aumento de beneficios, como argumenta el Gobierno para justificar el impuesto.
Calviño, sin embargo, ha asegurado justo lo contrario: que el alza de tipos sí les aportará unos "beneficios extraordinarios". Lo cierto es que el alza del euribor desde el -0,5% hasta el actual nivel de en torno al 1%, que anticipa las subidas de tipos anunciadas por el Banco Central Europeo, se van a ir traduciendo poco a poco en un alza de los ingresos de las entidades. Pero también es verdad que los tipos llevan en niveles históricamente bajos desde hace seis años, con lo que se está produciendo una normalización, y que está por ver el efecto del encarecimiento del precio del dinero en otras variables financieras, como la morosidad y el coste de financiación en los mercados de capitales.
La vicepresidenta, asimismo, ha negado que el flujo de crédito a la economía se vaya a ver perjudicado. Para argumentarlo, ha defendido que los avales públicos del ICO para créditos bancarios a empresas de la pandemia sirvieron para "garantizar la liquidez del conjunto de la economía, pero también para reforzar los balances de las entidades y evitar una crisis financiera" como la del periodo 2008-2012-. "Durante los años de la pandemia, toda la sociedad ha apoyado al sistema financiero", ha afirmado Calviño, que la semana que viene se reunirá con las patronales bancarias.
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