Foment reclama una reforma legal para atajar la “ocupación delincuencial”

Dice Foment del Treball que la "ocupación delincuencial" de vivienda está tan disparada que ya es motivo de alarma social. La patronal de la gran empresa catalana ha convocado este lunes a los medios de comunicación para hacer una “llamada de atención urgente” a la administración pública por el incremento que detecta en este ámbito. Según esta entidad, la situación tiene fácil solución: modificar la Ley de Enjuiciamiento para acelerar el desalojo de un 'okupa', reformar la Ley de Bases del Régimen Local para reforzar los cuerpos policiales locales y retocar la Ley de la Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan actuar ante una ocupación en su finca.

Porque, si bien datos del ayuntamiento de Barcelona reflejan que las ocupaciones descendieron un 7% entre 2019 y 2021 en la ciudad y que todos los casos se dieron sobre viviendas vacías, Foment afirma que la tendencia es de subida. En base a información del Ministerio de Interior, la patronal ha destacado que hasta setiembre del año pasado hubo un 18% más de casos, y que casi la mitad (un 42%) se dieron en Catalunya. Tanto es así, han insistido, que el asunto está empezando a preocupar a los socios de Foment.

“Las ocupaciones delincuenciales en España se están convirtiendo en un gran negocio para las mafias perfectamente organizadas”, ha sentenciado el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre. “Es necesario reformar la legislación actual que hace referencia a la ocupación delincuencial para que la podamos homologar a la legislación de muchos estados de la Unión Europea”, ha agregado, pensando especialmente en aquellos países donde el desalojo “es inmediato”.

Sánchez Llibre, acompañado del miembro de la comisión jurídica de la patronal, Emilio Zegrí; de su responsable de relaciones institucionales, Montse Surroca; y del presidente de l’Associació de Propietaris de Catalunya, Sergi Llagostera, ha puesto de manifiesto que tales propuestas se plantean alineadas con el Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), con el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona y con el PDCat, que presentó hace unas semanas una propuesta de ley en este sentido.

De hecho, parte del mensaje se ha dirigido a pedir a los distintos grupos políticos que apoyen al partido catalán en su intento de reforma legal. Porque, además, “lejos de asumir sus obligaciones, nos hemos encontrado con que ningún partido se ha preocupado de abordar el problema del alquiler social”, ha denunciado Llagostera. Y que “el problema es procesal –ha completado Zegrí-: la policía se ve incapacitada para adoptar la medida cautelar correcta”.

El rol de la administración

De ahí que los movimientos se centren en acelerar el desahucio, en reforzar a los cuerpos policiales y en capacitar a las comunidades de vecinos para poder denunciar una ocupación en su finca, aunque no sea en su piso. De acuerdo con la patronal, esta última medida está reconocida por parte de un magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, como una de las claves para aliviar el problema.

“Desde Foment damos total apoyo a esta proposición de ley”, ha concluido Sorroca, anticipando que hablarán con todos los grupos parlamentarios para que remen también a favor. “Lo que falta en nuestra sociedad es complicidad entre administraciones e incorporar a los agentes privados para tirar hacia adelante un plan de choque del alquiler social”, ha añadido Sánchez Llibre.