Raquel Sánchez anuncia 500 millones para la movilidad sostenible en las ciudades

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado en Barcelona que "dos de cada cinco euros" de los fondos europeos destinados para el ferrocarril en Catalunya se destinan a cercanías. Sánchez, que ha participado en una jornada sobre la movilidad sostenible organizada por EL PERIÓDICO, ha asegurado que su departamento ya ha movilizado el 60% de los fondos procedentes de Europa y ha destacado la apuesta por "el impulso del ferrocarril en Catalunya”. A su vez ha anunciado el lanzamiento de una segunda convocatoria en el plan de recuperación para zonas de bajas emisiones (ZBE) y transformación del transporte para municipios de 500 millones de euros más para completar el total de 1.500 millones "para convertir las ciudades en espacios más sanos, seguros y amables con políticas de movilidad".

En la sesión, en la que también ha intervenido el secretario general de la Vicepresidència y de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, se han debatido respuestas a una realidad social indiscutible: la necesidad de configurar un modelo de transporte más eficiente que mejore la competitividad del sistema productivo, que facilite la integración de los ciudadanos, incremente la calidad de vida, no comprometa la salud y aporte más seguridad.

En la sesión, patrocinada y apoyada por Cellnex, Abertis, Cepsa, la Generalitat y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y el Área Metropolitana de Barcelona, la ministra Sánchez ha señalado que, actualmente, nos encontramos en un momento en el que se debe tener claro que la transición ecológica es una urgencia incuestionable y el transporte, “uno de los espacios de acción prioritarios para descarbonizar las ciudades”. Ha agregado que todo ello junto con la digitalización, permitirá “un aumento de las alternativas al vehículo privado” y, además, implementar “nuevos proyectos como el coche eléctrico, las baterías, las estructuras de recarga, los drones o las soluciones de micro movilidad o movilidad compartida”.

Cambio de enfoque

Alcanzar estos retos ha requerido de un marco regulatorio y, por ese motivo, Sánchez ha indicado que la nueva Ley de Movilidad Sostenible ha supuesto un “cambio radical de enfoque” que garantiza la movilidad de toda ciudadanía como un derecho. Además, mediante las medidas que contempla la ley, tal y como ha explicado la ministra, se reducirán “ineficiencias en el gasto de las instituciones públicas que han sido cuantificadas en 8.000 millones de euros en un año”, aumentará la productividad de las empresas "en un 2,3% en un periodo de 10 años" y, en lo que respecta al marco competencial, también tendrá efectos positivos.

Más allá de la inversión directa, Sánchez ha insistido en los “1.000 millones de ayudas para las zonas de bajas emisiones y la transformación del transporte para entidades locales” que, ya en la primera convocatoria en Catalunya, se han conseguido “más de 200 millones de euros de ayudas para 41 ayuntamientos y el área metropolitana de Barcelona”. Ha garantizado la transferencia a la Generalitat de “155 millones de euros para la transformación de la movilidad dentro del ámbito de sus competencias” .

Subvención para mercancías

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En relación a las convocatorias para empresas, ha explicado que se ofrecerá “una subvención de 580 millones de euros en toda España”, con la intención de impulsar un transporte de mercancías sostenible y, además, “la transferencia a la Generalitat de 22 millones de euros para subvencionar la renovación de flotas de transporte y carreteras”, eso sí, sin dejar a un lado el mensaje principal y es que “por cada usuario que decide abandonar el vehículo y utiliza el transporte público, se reducen las emisiones de CO2 un 60% por kilómetro recorrido”.

Por su parte, Ricard Font, que ha clausurado la jornada, ha destacado que "no existen soluciones universales sino singulares" para descarbonizar las ciudades. Barcelona, ha agregado, no está rodeada de ciudades dormitorio, como en el caso de Madrid, lo cual merece soluciones ádhoc. Ha destacado que serán precisos recursos públicos y la colaboración público-privada. En cuanto a soluciones como el pago por uso o el pago por contaminar ha defendido que los recursos obtenidos por la primera vía fueran al mantenimiento de infraestructuras y los segundos, a invertir en transporte público.