El Síndic riñe al Govern por tener a 4.000 interinos durante 6 meses esperando las notas de su oposición

Unos 4.000 interinos llevan más de seis meses esperando las notas de sus exámenes que les dirán si podrán o no ser funcionarios del cuerpo superior de administrativos de la Generalitat de Catalunya (grupo A, subgrupo A1). Llevan seis meses esperando para disputarse 760 plazas y casi tres años estudiando, pues este proceso de selección para acceder de forma estable a la función pública comenzó formalmente a finales del 2019. Y todavía faltan dos pruebas más para culminar la oposición. Una lentitud inexcusable a ojos del Síndic de Greuges de Catalunya que ha reñido al Ejecutivo catalán por la tardanza, tras recibir 21 quejas formales, le afea la "situación de cansancio, desmotivación y desmoralización de los aspirantes" que ello está causando entre los opositores y critica la falta de transparencia en el proceso.

"Una vez que el tribunal calificador disponga de la corrección de los ejercicios de la primera prueba, se procederá a dar publicidad de las calificaciones de los mismos", afirman desde la 'conselleria' de Presidència. Esta convocatoria ha sido denunciada por el sindicato IAC ante el contencioso administrativo por la tardanza en los plazos, aunque todavía la justicia no se ha pronunciado, según explican fuentes de la central consultadas por EL PERIÓDICO.

Todas las administraciones públicas están ultimando o ya han publicado sus ofertas públicas de empleo extraordinarias para tratar de estabilizar a centenares de miles de interinos que llevan años (algunos incluso décadas) esperando una oportunidad para poder consolidar su plaza. El Gobierno, censurado en repetidas ocasiones por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tuvo que realizar una ley específica para estabilizar los altos niveles de eventualidad que arrastra la Administración desde hace décadas. Esa temporalidad se ha cronificado principalmente por dos motivos. Por un lado, la época de austeridad y recortes cortó la oferta de nuevas plazas. Y, por el otro, las pocas que se han ido convocando sufren de la lentitud de la burocracia y pasan años desde la primera convocatoria hasta que el nuevo funcionario asume la plaza.

Como muestra la convocatoria número 242 por la que el Síndic ha censurado públicamente a la Generalitat este miércoles. El caso se remite a una oferta pública de empleo para estabilizar interinos del 2017, cuya convocatoria se formalizó en 2019 y el primer examen no se realizó hasta noviembre del 2021. Antes de la nueva ley ya existían procesos especiales de estabilización de interinos, pero su velocidad y eficacia no han funcionado hasta ahora, tal como demuestran los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Según estos, uno de cada tres trabajadores del sector público están empleados con un contrato temporal.

¿Cuántas personas concretamente están afectadas por este retraso? Esta es una información competencia de la Generalitat, pero que, a preguntas de EL PERIÓDICO, no ha facilitado. Públicamente un total de 4.477 personas fueron admitidas para presentarse a la convocatoria, aunque ello no es garantía de que finalmente, tras tres años de espera, se acabara presentando a examen.

Una oposición bajo tres 'governs'

Las bases de las oposiciones (plan PESCO) por las que el Síndic riñe a la administración catalana se iniciaron bajo el mandato de Carles Puigdemont, con Meritxell Borràs de responsable de la función pública. La convocatoria formal a la que fueron admitidos 4.477 opositores para disputarse 760 plazas tuvo lugar cuando Quim Torra era 'president' y los empleados públicos eran competencia de Jordi Puigneró. Y la actual revisión de los exámenes se está llevando a cabo en el mandato de Pere Aragonès y bajo la batuta de la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà. Cinco años, tres 'presidents' y tres responsables de función pública han pasado desde la aprobación de las condiciones para la estabilización de interinos hasta la fase definitiva en la que los opositores esperan saber si ocuparán o no las plazas.

Una tardanza que "mantiene los aspirantes en una situación de incertidumbre, que los aboca a proseguir los estudios y la preparación del concurso, algunos de ellos en academias de pago y, en todo caso, con un sacrificio personal que se está extendiendo más allá del que podría ser comprensible", afirman desde el Síndic. "El estallido de la pandemia no puede amparar una ralentización de más de dieciséis meses en la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos", añade.

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