Según Hacienda

Más del 40% de las gasolineras sigue sin cobrar el descuento de los 20 céntimos

Las patronales CEEES y Aevecar denuncian que "la mayoría" de establecimientos se encuentran "al borde del cierre"

Una persona reposta gasolina en su vehículo en una gasolinera.

Una persona reposta gasolina en su vehículo en una gasolinera. / EP

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El Ministerio de Hacienda reconoce que más del 40% de las gasolineras españolas no ha cobrado aún la devolución por el descuento de 20 céntimos por litro de combustible realizada en el mes de abril, después de que esta mañana la Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) hayan denunciado que "la mayoría de las empresas" no había cobrado, lo que las sitúa "al borde del cierre".

En declaraciones a El Periódico, el director general de CEEES, Nacho Rabadán, explica que el 11 de mayo la Agencia Tributaria les informó de que había abonado el 49% de las solicitudes, lo que dejaba el 51% sin abonar. Mientras que este jueves fuentes del Ministerio de Hacienda elevan esa cifra a "casi el 60%".

El Gobierno facilitó a las estaciones de servicio un anticipo que les ha cubierto hasta el día 20 de abril "en el mejor de los casos", según CEEES, porque se calculó sobre las ventas del año 2021 cuando "todavía había muchas comunidades con restricciones a la movilidad y además se decidió anticipar sólo el 90% de la cantidad resultante". Así, el Gobierno debiera pagar a principios de mayo la bonificación de abril; a principios de junio, la de mayo, y a principios de julio, la de junio, mientras que el ajuste del anticipo se realizará al final de este periodo.

En un comunicado, CEEES y Aevecar acusan a la Administración de desconocer cuál es el verdadero alcance de la medida, cuyo fondo comparte "por ser beneficiosa para los consumidores", pero que "está resultando muy perjudicial para las gasolineras por su mal diseño y peor ejecución". En este sentido, considera que la falta de desarrollo del Real Decreto-ley 6/2022 provoca que en cada comunidad autónoma se actúe de manera diferente, lo que ha creado "una situación que puede definirse como de asfixia económica, caos administrativo e inseguridad jurídica". Así, Rabadán explica que en el caso de las haciendas forales la situación es diferente y mientras Vizcaya "está pagando muy bien", en Navarra todavía no ha cobrado ninguna estación de servicio. "Su Hacienda Foral dice que no sabe cuándo va a pagar", agrega.

Las patronales afirman que "a día de hoy" no tienen respuesta por parte del Ministerio de Hacienda "sobre cuándo se van a poder cobrar" las cantidades adelantadas por los empresarios del sector, lo que está causando graves perjuicios a las empresas, sea cual sea su tamaño, pero con especial incidencia en las pequeñas, "que están abocadas al cierre si no cobran de forma inminente". Las dos asociaciones empresariales más representativas manifiestan "su malestar por la falta de sensibilidad de la Administración", que no ha sido capaz de dar ninguna respuesta escrita a las solicitudes del sector en las diferentes reuniones con los interlocutores designados por el Ministerio de Hacienda.

Rechazan estar subiendo los precios

Por otra parte, Aevecar y CEEES "rechazan rotundamente" las declaraciones de algunos miembros del Gobierno que acusan a los operadores de estar subiendo los precios de manera artificial para quedarse con los 20 céntimos de subvención. "Estas manifestaciones crean una situación de malestar y proyectan la sombra de la sospecha sobre todo un colectivo que actúa como colaborador obligatorio de la Administración en la aplicación del Real Decreto-ley 6/2022", advierten.

Por ello, exigen "respeto" para los empresarios de un sector que se han visto obligados a "pedir créditos para poder adelantar la bonificación, hacer frente a gastos informáticos "para adecuar la emisión de las facturas y asumir los gastos de personal extra necesario para cubrir la demanda creada". "Tanto la actitud como las declaraciones de algunos altos representantes de la Administración causan un daño muy grave a un sector estratégico para la economía española", subrayan.