Facua tilda de "desproporcionado" el precio tope del gas

La organización de consumidores Facua considera "desproporcionado" el tope del precio del gas acordado este martes en Bruselas. En opinión de la organización, los 50 euros por megavatio hora acordados por España y Portugal con la Comisión Europea durante 12 meses no evitarán que en 2022 "los consumidores paguen el recibo más alto de toda la historia".

La asociación considera "desproporcionadamente alto" el máximo de 50 euros/MWh que se fijará para el gas, nada menos que un 67% por encima de la cifra que plantearon de inicio los gobiernos español y portugués. En este sentido, Facua ya señaló en su día que los 30 euros propuestos derivarían en un precio de la luz que seguiría siendo excesivo, "con lo que la cantidad pactada no representará precisamente una factura justa para los consumidores".

Facua advierte de que esos 50 euros el megavatio hora se traducirán en unos 140 euros/MWh para la electricidad en la subasta diaria. El importe, aunque por debajo de los niveles actuales, "seguirá provocando un recibo infladísimo durante los próximos meses". "Para propiciar una factura razonable", la asociación reclama una intervención tarifaria que limite a un máximo de 50 euros/MWh el precio de la electricidad en la subasta diaria -desde finales de los 90.

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El modelo de subasta marginalista es el origen de la especulación y de los desproporcionados precios que pagan los consumidores, advierte Facua, que reclama al Gobierno de España que plantee a la Comisión Europea un cambio radical en el sistema, dado que "resulta disparatado que los consumidores tengan que pagar las energías más baratas al precio de las más caras", explica la organización de consumidores. Además, las más caras no son siempre las que tienen los costes de producción más altos -las que dependen del gas-, sino también las que, como viene ocurriendo con la hidroeléctrica, pujan en la subasta al mismo precio o incluso por encima de lo que lo hacen las centrales que queman gas.

Facua insiste en exigir al Gobierno que proteja a las familias por la vía de declararlas a todas -excepto las rentas más altas- consumidores vulnerables, de manera que puedan acogerse coyunturalmente a un bono social especial, que les permitiría pagar tarifas con grandes descuentos sobre lo que dicta el mercado. Se trata de una fórmula que, en opinión de la asociación, respeta el derecho comunitario en materia eléctrica.