La deuda pública de España se enquistará en el entorno del 115% del PIB según el FMI

Las políticas fiscales y monetarias ayudaron a frenar el impacto económico de la pandemia pero ese éxito llegó con un precio: los déficits se elevaron y creció la deuda de una forma sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora, cuando la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia alimentan una crisis que llega en la estela de la que aún no se había cerrado completamente de la pandemia, con la inflación al alza y la incertidumbre disparada, los desajustes en las cuentas públicas toman un lugar central. Y España es uno de los países donde son acentuados, según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional.

El informe Monitor Fiscal, presentado este miércoles en Washington, calcula que la deuda pública española, que se disparó del 95,5% del PIB en 2019 hasta el 120% en 2020, va a enquistarse en el entorno del 115% en los próximos años. Concretamente, según los cálculos del organismo, se prevé que este año se sitúe en el 116.4% del PIB y vaya experimentando ligeras reducciones cada año hasta 2027 para acabar entonces en el 114.6%. 

Esos datos colocan a España en una trayectoria similar a la de Francia pero lejos de las previsiones de la zona euro, donde el endeudamiento público se calcula este año en el 95,2% del PIB y por debajo del 90% en 2027. Está, eso sí, en línea con las perspectivas globales de economías avanzadas, que también se estima que seguirán en cinco años con un endeudamiento del 112, 7%, nueve puntos porcentuales por encima de los niveles previos a la pandemia.

También en cuestión de déficit hay un estancamiento a medio plazo en las previsiones para España. Para este 2022 se calcula que se logrará una reducción hasta el 5,3% respecto al 7% del 2021 y el 11% del año del estallido del Covid. Se prevé también otro descenso de un punto más para 2023. Pero a partir de entonces el déficit español se estanca hasta 2027 en un 3.9%, un punto por encima del que se registraba antes de la pandemia.

Son datos que llegan un día después de que otro informe del FMI situara a España como la economía avanzada con un crecimiento más fuerte del PIB, aunque el dato del 4,8% estimado para 2022 supusiera una rebaja de un punto respecto a los cálculos anteriores, parte de una rebaja global de las perspectivas económicas.  Y es que los intensificados riesgos y la incertidumbre que están provocando la guerra y las sanciones, sumados a una inflación al alza y volátil, sacuden la economía.

Riesgos prominentes

En la presentación del informe Monitor Fiscal en rueda de prensa en Washington, Vitor Gaspar, director del Área Fiscal del FMI, ha subrayado que “los riesgos que plantean los altos niveles de deuda, para todos los grupos de países (ya sean economías avanzadas o emergentes o en desarrollo), ahora son muy prominentes”.

El informe advierte, por ejemplo, de que “el escenario en el que opera la política fiscal ha cambiado abruptamente” y señala que “conforme se suben los tipos de interés para tratar de controlar la inflación, se está limitando el espacio fiscal”. Asimismo, destaca que “en un régimen de inflación permanentemente elevada y volátil, se mina el atractivo de los bonos de deuda soberana, haciendo más difícil sostener niveles elevados de deuda”. Y avisa de que “la reducción de déficit y deuda puede probarse difícil, especialmente si el crecimiento económico es más bajo de lo esperado”.

Proteger a los vulnerables

El FMI vuelve a incidir en las brechas que se acentúan entre las economías avanzadas y las emergentes y en desarrollo, que hace que ahora enfrenten retos diferentes. Y Gaspar y otros técnicos del organismo, así como el informe, ponen el foco en la imperiosa necesidad de ayudar y proteger especialmente a los hogares y los países de más bajos ingresos, los más vulnerables por la crisis de subidas de precios de alimentos y energía, tanto con políticas nacionales como con una intensificada cooperación global.

En ese contexto, en cualquier caso, el FMI ha lanzado un mensaje de advertencia ante los potenciales “consecuencias indeseadas y grandes costes fiscales” que pueden tener algunas medidas para tratar de frenar el alza de los precios, como recortes de impuestos o subsidios.

Frente a eso, se insta a los gobiernos a concentrarse en las necesidades más urgentes. Y Gaspar ha defendido que, como propuesta general, se favorecen "transferencias directas, temporales y específicas".

En términos de política fiscal, en el caso concreto de los países donde el crecimiento es más fuerte y las presiones inflacionarias siguen elevadas, se propone que esa política “tiene que pasar del apoyo excepcional en respuesta a la pandemia a la normalización”. Y el informe asegura que “el aumento de las presiones de gasto requiere de acciones proporcionadas para movilizar ingresos domésticos” y urge a “establecer estrategias fiscales que aseguren sostenibilidad a medio plazo, ancladas en marcos fiscales creíbles y acompañados de planes robustos de contingencia”.

Gaspar también ha destacado que “la respuesta política necesita considerar no solo las limitaciones fiscales sino también la crisis climática”. Y el Monitor Fiscal dedica su segundo capítulo a tanto la cooperación global en términos de impuestos, un campo en el que se insiste en promover la tasa mínima del 15% para las corporaciones, así como a la apuesta por fijar un precio mínimo global para las emisiones de carbono.