En tres meses
El acuerdo entre Gobierno y transportistas ahorrará 3.560 euros a los camiones y 830 euros a las furgonetas
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Entre las medidas acordadas destaca el descuento de 20 céntimos por litro de combustible y ayudas directas para el sector
Sara Ledo
Periodista
El Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) -órgano en el que no están incluidos los transportistas que convocaron un paro que se prolonga desde hace 12 días- alcanzaron en la madrugada de este viernes un pacto para un paquete de medidas de 1.000 millones de euros tras una reunión maratoniana. Entre las principales medidas se incluye una rebaja de como mínimo 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio, así como ayudas directas por importe de 450 millones de euros en función del tipo de vehículo. En total, esto supondrá un ahorro durante los próximos tres meses de 3.560 euros para camioneros y de 830 euros para las furgonetas, según los cálculos de la patronal del sector, el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y el Gobierno.
Todas las medidas entrarán en vigor una vez se apruebe el decreto ley que prepara el Ejecutivo para aprobar en Consejo de Ministros el próximo martes 29 de marzo como parte de su plan de respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania.
Bonificaciones al combustible
Según el acuerdo, más de 600 millones se destinarán a conceder una bonificación de 15 céntimos por litro de combustible (gasolina, gasóleo, gas y 'adblue') a los profesionales de este colectivo, a lo que se sumarán otros 5 céntimos -como mínimo- aportados por las petroleras.
Esta medida tendrá una vigencia desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, "prorrogable en función de la evolución de los mercados", según la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
Ayudas directas
Además, también se concederán otros 450 millones de euros en ayudas directas al sector tanto de transporte de mercancías como de viajeros procedentes de los presupuestos públicos: la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias), con un límite de 400.000 euros como máximo por empresa.
Préstamos
El acuerdo incluye ampliar el plazo de los vencimientos de los préstamos ICO al sector hasta 8-10 años y una ampliación del período de carencia de los créditos avalados por el ICO de 6 meses, como medida de aplicación inmediata. Además, se establecerá una nueva línea de créditos al sector avalados por el ICO con 12 meses de carencia.
Abandono de la actividad
También se duplicará la dotación presupuestaria de las ayudas al abandono a la profesión de transportista, al pasar de 10 a 20 millones de euros en 2022. El sector del transporte por carretera se caracteriza por la existencia de un número importante de profesionales de edad elevada para este tipo de trabajo, con carencia de recursos para el abandono de la actividad antes de cumplir 65 años. Esta situación supone una incidencia social para la que el Ministerio destina una importante partida presupuestaria, con ayudas por autónomo de 30.000 euros y que, gracias al acuerdo alcanzado, duplicará dichas cuantías para ayudar así a un mayor número de autónomos a poder afrontar el abandono de la actividad.
Una nueva ley
Asimismo, el Gobierno se compromete a enviar al CNTC antes del 31 de julio un borrador de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte "los principios de la ley de la cadena alimentaria" para evitar un abuso de la subcontratación e impedir que se abone por sus servicios un precio inferior al de sus costes.
Otros compromisos
Estas ayudas inmediatas se suman a otras acordadas en diciembre para mejorar la situación del colectivo como la prohibición de las operaciones de carga y descarga de la mercancía por parte de los conductores, salvo en casos muy concretos como mudanzas, entrega de paquetes, grúas porta vehículos u otros similares; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga; la inclusión obligatoria en todos los contratos de transporte de la cláusula de revisión de precios por la variación del precio del combustible; el refuerzo de la inspección de transporte y la previsión legal del establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles, así como la aprobación por parte del Ministerio de Transportes de un estándar de zonas de carga y descarga en relación con las instalaciones y los servicios disponibles.
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