La campaña 'Soy mayor, no idiota' llega al Congreso

Tras dos meses activa, la campaña 'soy mayor, no idiota' ha dado el salto al Congreso. Varios partidos han registrado ya iniciativas en este órgano para garantizar la asistencia presencial en la prestación de servicios, tanto en el sector bancario (germen inicial de la movilización), como en la propia Administración Pública. Todo ello a raíz del éxito de la recogida de firmas a través de 'change.org' impulsada por un jubilado de 78 años que exigía precisamente sucursales físicas y atención presencial a los bancos. Carlos San Juan, el hombre que inició esta campaña, ha recabado más de medio millón de firmas desde que publicó la petición, que lleva en torno a dos meses en el aire pero que se ha hizo mediática a mediados de enero. De hecho, tal como contó él mismo, San Juan ha recibido llamadas del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y del Ministerio de Economía, y en las últimas dos semanas todo esto se ha trasladado al plano político.

Según recoge la agencia Europa Press, El PSOE ha registrado una proposición no de ley destinada a aplicar el principio constitucional de no discriminación por razón de edad en el campo digital y a atajar la llamada brecha digital. En concreto, plantea ayudas de asistencia y medios presenciales alternativos para facilitar el acceso a servicios públicos digitales a quienes, por su edad o situación de vulnerabilidad social, no cuenten con competencias digitales o medios técnicos para acceder a estos servicios. En su iniciativa, los socialistas proponen también facilitar la formación digital de personas mayores en "espacios cívicos de proximidad y gratuitos".

También el otro partido integrante del Gobierno, Unidas Podemos, ha registrado su propia proposición no de ley en esta materia, al igual que antes hizo Más País-Equo, aunque ambos la llevan más allá de la administración y extienden estas exigencias al sector privado, particularmente a las empresas de servicios esenciales. En concreto, Unidas Podemos apuesta por fijar unas exigencias mínimas para que bancos y compañías energéticas, de suministro de aguas o cualquier otra que preste servicios esenciales, habiliten atención presencial a la ciudadanía, con especial atención a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.

De su lado, Más País-Equo propone aprovechar la futura Ley de servicios de atención al cliente para garantizar que ninguna persona sufra exclusión financiera. Para ello, plantea reconocer el acceso al dinero efectivo como servicio universal, obligando a la banca un mínimo de cajeros automáticos y oficinas.

Por último, también el PP ha hecho suya la reivindicación de Carlos San Juan y ha registrado hasta sendas iniciativas pidiendo que se lleven a cabo las reformas legislativas necesarias para evitar "la exclusión financiera que se cierne sobre los españoles más vulnerables, por la amenaza digital en la prestación de servicios bancarios y el cierre de oficinas".