Energía

Bruselas ignora las quejas y concede la etiqueta “verde” a las inversiones en gas y nuclear

  • La Comisión Europea define su propuesta de “realista y pragmática” y recuerda que se revisará cada tres años

  • Los Veintisiete y el Parlamento Europeo podrán bloquear los planes del Ejecutivo pero necesitarán una amplia mayoría para tumbarla

Central nuclear de Ascó.

Central nuclear de Ascó. / Roger Segura/ACN

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Silvia Martinez
Silvia Martinez

Periodista

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Pese a la enorme presión política y la polémica suscitada en los últimos meses, las inversiones en proyectos de gas natural y de energía nuclear llevarán la etiqueta de “verdes” y “sostenibles”. La Comisión Europea ha aprobado este miércoles el controvertido acto delegado complementario sobre taxonomía, un sistema de clasificación para permitir a los inversores a planificar sus inversiones e identificar actividades sostenibles con los objetivos climáticos y que garanticen la transición energética. Según Bruselas, tanto la nuclear como el gas natural son energías clave para garantizar dicha “transición” y deben poder utilizarse como “puente” hacia un sistema más limpio y una economía descarbonizada.

"Durante esta transición tendremos que aceptar soluciones imperfectas. Este acto delegado es quizás imperfecto pero es una solución real que nos acerca hacia la neutralidad climática”, ha justificado la comisaria de servicios financieros, Mairead McGuinnes, durante la presentación de una herramienta destinada a orientar las inversiones del sector financiero, que no es un “instrumento de política energética” porque los Estados miembros seguirán siendo los responsables de fijar su “mix energético” y de decidir qué energías utilizan, pero que ofrece “transparencia” para conocer qué proyectos pueden cumplir con los requisitos de sostenibilidad. 

“Tenemos que alejarnos de fuentes de energía dañinas como el carbón que hoy en día suponen el 15% de la producción de electricidad en Europa” y “para hacerlo tenemos que utilizar todos los instrumentos que tenemos”, ha insistido la comisaria irlandesa. Esto en su opinión, y pese al rechazo de expertos y algunos países, significa utilizar al gas natural y a la energía nuclear como solución de "transición". La nueva propuesta, que solo ha sufrido tras el período de consultas con expertos y Estados miembros pequeños retoques respecto a la planteada el pasado 31 de diciembre, establece las condiciones, "estrictas" según Bruselas, en las que las inversiones en nuclear o gas natural serán consideradas sostenible.

En el caso del gas, Bruselas propone que sean consideradas sostenibles las inversiones en plantas de gas que emitan menos de 270 gramos de CO2 por kWh siempre que el permiso se obtenga hasta el 31 de diciembre de 2030 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil. El documento también recoge que las centrales eléctricas de gas tendrán que pasar a gases de baja emisión en 2035, frente a la fecha inicial prevista de 2026. En cuanto a la energía nuclear, de donde procede el 26% de la electricidad producida en la UE, para obtener el label de sostenible la autorización para la renovación de instalaciones ya existentes podrá solicitarse hasta 2040 mientras que el plazo será 2045 para la construcción de centrales de nueva generación. El reglamento también incluye la exigencia de minimizar los residuos radiactivos y requisitos en materia de seguridad. 

Inversiones privadas masivas

“El gas y la energía nuclear no son neutrales climáticamente. No son renovables y sabemos que no son verdes per se", admiten fuentes del Ejecutivo comunitario sobre las críticas recibidas de manos de gobiernos, partidos políticos y sociedad civil. Para Bruselas, sin embargo, ambas son claves para lograr “la transición hacia un sistema energético sostenible”. En primer lugar porque lograr la neutralidad climática en 2050, a la que se han comprometido los Veintisiete, requerirá de inversiones masivas -unos 350.000 millones de euros anuales, que tendrán que llegar sobre todo del sector privado porque “el dinero público simplemente no será suficiente”, apuntan las mismas fuentes que califican la propuesta de “realista y pragmática”.

Lo cierto es que los planes en torno al gas y la energía nuclear han generado muchísima controversia en los últimos meses y protestas de Estados miembros, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, como Greenpeace que ha calificado la decisión como "acto de robo" porque incentivará que millones de euros en inversiones privadas escapen de las energías limpias como las renovables hacia el gas y la nuclear acelerando la crisis climática".

Los últimos cuatro Estados miembros en quejarse por la inclusión del gas eran este martes Holanda, Dinamarca, Suecia y Austria, pero muchos otros recelan de los planes de considerar “verde”a la energía nuclear -que defienden con firmeza Francia, Hungría o la República checa- como es el caso de España, Austria o Luxemburgo. Estos dos últimos países, por ejemplo, han amenazado con denunciar el acto delegado ante el Tribunal de Justicia de la UE. “Es una posibilidad teórica”, admiten fuentes del Ejecutivo comunitario. “Pero estamos seguros de que lo que planteamos es jurídicamente sólido”.

Debate en Consejo y Eurocámara

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Las divergencias son evidentes y habrá mucho debate en los próximos meses. El siguiente paso ahora será el examen por parte del Consejo y la Eurocámara de la propuesta de la Comisión. Ambas instituciones tendrán 4 meses de plazo para examinar el documento aunque podrán solicitar 2 meses suplementarios para concluir su examen si necesitan más tiempo. Al tratarse de un acto delegado, ni la Eurocámara ni los gobiernos podrán enmendar los planes de Bruselas aunque sí podrán tumbarlos. Para ello, sin embargo necesitarán aglutinar una fuerte mayoría.

En el caso del Consejo se necesitará una mayoría cualificada inversa de países. Es decir al menos el 72% de los Estados miembros (al menos 20 de los 27 Estados miembros) que representen al 65% de la población se opongan. Una posibilidad complicada dados los apoyos variables con que cuentan unas y otras fuentes de energía. En el caso del Parlamento, necesitará una mayoría absoluta (353 eurodiputados) en el pleno para impedir que los planes de Bruselas se conviertan en legislación. Si ninguno de los colegisladores se opone el acto tras el periodo de control la ley entrará en vigor y será de aplicación a partir de 2023.