inversiones verdes

Austria, Holanda, Suecia y Dinamarca dan la última batalla contra considerar el gas energía verde

La Comisión Europea tiene previsto aprobar este miércoles el acto delegado que determinará que las inversiones en este combustible y la energía nuclear son “verdes” y sostenibles

Central de ciclo combinado de Iberdrola en Tarragona.

Central de ciclo combinado de Iberdrola en Tarragona. / JOAN PUIG

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Silvia Martinez
Silvia Martinez

Periodista

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En menos de veinticuatro horas la Comisión Europea aprobará el acto delegado sobre la taxonomía que establecerá los criterios por los que una inversión puede ser considerada “verde” y “sostenible". Los planes de Bruselas apuestan por conceder esta etiqueta también a determinados proyectos de gas natural y energía nuclear lo que ha llevado a algunos Estados miembros -Austria, Holanda, Suecia y Dinamarca- a volver a la carga y pedir in extremis cambios en una propuesta que ha generado mucha polémica y división y sobre la que tendrán que pronunciarse el Consejo y la Eurocámara. 

“La falta de pruebas científicas para incluir el gas fósil en la taxonomía debería llevar a la Comisión Europea a reconsiderar la propuesta”, sostienen representantes de los cuatro países en una carta remitida a los vicepresidentes ejecutivos Frans Timmermans y Valdis Dombrovskis así como a la comisaria de servicios financieros, Mairead McGuinness. En la propuesta remitida a finales de enero, el Ejecutivo comunitario propone calificar de sostenibles las plantas de gas para generación eléctrica que emitan menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio hora hasta 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil.

Un criterio insuficiente para el ministro de clima y energía holandés, Robe Jetten, la ministra de clima, medio ambiente energía de Austria, Leonore Gewessler, su homólogo sueco Dan Jorgensen y el ministro de energía danés Khashayar Farmanbar que han vuelto a urgir a Bruselas a excluir los proyectos de gas fósil de la taxonomía. “Pedimos a la Comisión Europea que no incluya ninguna actividad de gas fósil como sostenible en la taxonomía actual, mientras estas actividades no estén sujetas a las mismas normas que otras tecnologías energéticas, es decir, el umbral de 100 gramos de CO2e/kWh”.

División entre los Veintisiete

La inclusión del gas no es el único elemento que ha generado tensiones y división entre los Veintisiete. La intención de Bruselas es considerar “sostenibles” también las inversiones en energía nuclear para plantas con permiso de construcción antes de 2045. Una idea que apoyan al cien por cien países como Francia o Finlandia, férreos defensores de la nuclear, pero que rechazan Alemania o Austria que ha amenazado con recurrir al Tribunal de Justicia de la UE. 

En el caso alemán, sin embargo, sí secundan el uso del gas natural como vía de transición. Lo mismo ocurre con Holanda y la energía nuclear que está dispuesta a incluir en la taxonomía si se respetan algunas condiciones y se aclara cómo evitar que el agua para enfriar los reactores dañe al medioambiente. España, por su parte, no es partidaria de considerar sostenible ni el gas ni la nuclear mientras que para otros como Polonia es vital para dejar atrás el carbón.

Examen de Consejo y Eurocámara

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Una vez que la Comisión Europea adopte formalmente el acto delegado este miércoles, la pelota pasará a manos del Consejo y el Parlamento Europeo que tendrán 4 meses de plazo para examinar el documento aprobado por la Comisión, aunque ambas instituciones pueden solicitar 2 meses suplementarios para concluir su examen. Tras el escrutinio, Consejo y Eurocámara tendrá derecho a rechazar el acto delegado aunque no podrán enmendarlo

Esto significa que en la práctica será bastante complicado introducir cambiar a partir de ahora. Para bloquear los planes de Bruselas, en el Consejo se necesitará una mayoría cualificada inversa de países Es decir que al menos el 72% de los Estados miembros (al menos 20 de los 27 Estados miembros) que representen al 65% de la población se opongan. En el caso del Parlamento, la institución que puede dar más la batalla, necesitará una mayoría absoluta (353 eurodiputados) en el pleno para impedir que los planes de Bruselas se conviertan en legislación. Si ninguno de los colegisladores se opone el acto tras el periodo de control la ley entrará en vigor y será de aplicación.