Impacto laboral del coronavirus

Las bajas por ómicron obligan a parar parcial o totalmente al 33% de las pymes catalanas

La patronal Pimec insta a una moratoria administrativa para evitar un alud de incidencias en las liquidaciones de cuotas a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF

Las bajas por ómicron obligan a parar parcial o totalmente al 33% de las pymes catalanas
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Eduardo López Alonso
Eduardo López Alonso

Periodista.

Especialista en distribución, comercio, industria, lobis, empresas, farmacéuticas, sector inmobiliario, telecomunicaciones, innovación, logística, infraestructuras, consumo, transporte, energía, sostenibilidad...

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Las bajas laborales provocadas por la sexta ola del covid-19 han obligado a una de cada tres pymes catalanas a parar su actividad de manera total o parcial desde el pasado 20 de diciembre, según una encuesta elaborada por la patronal Pimec. En concreto, el 30,6% de las empresas han tenido que interrumpir su día a día de manera parcial y el 3,1% se han visto forzadas a hacerlo totalmente. La elevada tasa de contagio de la cepa del coronavirus ómicron se está dejando notar en el tejido productivo, aunque el impacto económico directo en la marcha de las empresas se presume menor por la elevada implantación del teletrabajo y la menor gravedad de los contagiados (bajas más cortas).

Los sectores más afectados por el aluvión de bajas producidas por la variante ómicron son la construcción, con el 48,8% de las empresas afectadas; el primario (47,1%); la restauración y la hostelería (44,6%); y el comercio (40,7%). El sondeo, que ha hecho público Pimec este martes en un comunicado, revela también que el 70,5% de las empresas catalanas ha tenido trabajadores en baja por incapacidad temporal entre la semana previa a las Navidades y el 17 de enero, y más del 35% han doblado la incidencia media registrada en 2020.

Problemas administrativos

Esta avalancha de trabajadores contagiados ha llevado a una cuarta parte de las empresas a tener problemas para tramitar las bajas laborales, al tiempo que un 55% de las pymes admite hacer frente a un incremento de los costes laborales. La encuesta revela que un 4% de las empresas ha tenido más del 50% de la plantilla de baja; el 11,3% ha registrado entre un 26% y un 50% del personal en estas condiciones; el 19,9%, entre el 11% y el 25% ; el 15,4%, entre un 6% y un 10%; y el 19,9%, entre un 1% y un 5%.

Para hacer frente a toda esta incidencia, las pymes han optado por reorganizar su actividad creando grupos burbuja (32%); incrementando el teletrabajo (27,1%) y contratando más personal (21,8%), entre otras fórmulas. Este último efecto, el de más contrataciones, es una consecuencia colateral inesperada que no ha sido suficientemente estudiada por los analistas y que responde a que las empresas no pueden permitirse desaprovechar la recuperación económica por no disponer de fuerza laboral suficiente.

El 55,8% de las empresas afirma que las bajas laborales le han supuesto un aumento de los costes y el 22,8% tiene incluso problemas para tramitarlas. Ante esta situación, Pimec ha reclamado "una moratoria administrativa" para "evitar una avalancha de incidencias en las liquidaciones de las cuotas a la Seguridad Social y en las retenciones del IRPF". 

Críticas de la patronal Pimec

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Pimec insta a "la necesidad de emprender medidas efectivas para detener las cadenas de transmisión, y por supuesto, la necesidad de que las personas contagiadas deban permanecer según los protocolos vigentes aisladas", pero ha lamentado también "la falta de anticipación frente a estos datos que eran totalmente previsibles teniendo en cuenta el comportamiento que esta variante ha tenido desde su aparición en Sudáfrica y hace semanas por toda Europa".

La patronal critica la falta de sensibilidad con el tejido productivo y la actividad económica generando, en un primer momento, incertidumbres en los protocolos e inseguridad a empresas y personas trabajadoras, y posteriormente, automatismos de las bajas y las altas que conllevan incidencias administrativas". En este sentido, considera que "no se ha dotado los recursos necesarios, y con la celeridad necesaria para evitarlo, con cierta improvisación que ha revertido en un funcionamiento deficiente de las tramitaciones y la transmisión de comunicaciones a empresas y al sistema de seguridad social". Por otra parte, considera que todo esto revierte en un número relevante de incidencias en los cálculos de los salarios y de las liquidaciones de seguridad social, así como de las liquidaciones de retenciones a cuenta del IRPF y otras tramitaciones administrativas, razón por la que pide una moratoria administrativa para evitar el alud de incidencias en estos trámites administrativos.