Rescate a la banca

El Gobierno tiene ya preparado un cambio legal para nacionalizar la Sareb

  • La modificación se aprobará en las próximas semanas y será el paso previo a que el Estado tome el 54,1% del capital en manos de accionistas privados

  • El Ejecutivo ha rechazado inyectar nuevas ayudas a la compañía pues busca con la operación minimizar el coste del banco malo para las arcas públicas

El presidente de la Sareb, Javier García del Río.

El presidente de la Sareb, Javier García del Río.

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Pablo Allendesalazar
Pablo Allendesalazar

Periodista

Especialista en banca, finanzas, política monetaria y mercados de capitales

Escribe desde Madrid

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Después de meses de preparativos, el Gobierno tiene ya preparado un cambio legal que permitirá al Estado tomar el control de la Sareb, el banco malo creado en 2012 que recibió los activos inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorro rescatadas en la anterior crisis. El Ejecutivo tiene previsto aprobar la modificación en uno de los Consejos de Ministros de las próximas semanas, en principio antes de que acabe el año o como muy tarde a comienzos del próximo ejercicio, según han confirmado fuentes al tanto de sus planes a EL PERIÓDICO. Será un primer paso que se completará "no mucho después" con la salida de los accionistas privados y la nacionalización de la compañía. 

La medida es consecuencia de la decisión del pasado marzo de Eurostat, la oficina estadística comunitaria, de obligar a España a incluir a la empresa dentro del sector público a efectos contables, lo que elevó la deuda en 34.918,2 millones y el déficit en 9.891 millones. Para tratar de evitar ese desenlace, la Sareb nació en el 2012 con una mayoría de accionistas privados por un imperativo legal que ahora se va a eliminar (el 54,1% de sus títulos está en manos de empresas, fundamentalmente bancos, y el 45,9% pertenece al Estado). El principal problema es que las pérdidas multimillonarias que acumula la firma desde entonces (5.947 millones hasta junio) han volatilizado sus recursos propios, es decir, los 4.800 millones de capital y deuda subordinada que le aportaron dichos propietarios.

Pese a tener un abultado patrimonio negativo (-9.292 millones en junio) que a otra empresa le llevaría a la quiebra, la Sareb puede seguir operando gracias a un cambio legal aprobado por el Gobierno en marzo del año pasado. Sin embargo, la compañía tiene todavía pendiente de amortizar 34.570,2 millones de euros de la deuda avalada por el Estado con la que pagó a las entidades rescatadas los activos inmobiliarios que le traspasaron. El hecho de que ya no le queden recursos propios con que hacer frente a esa deuda en caso de no generar los ingresos necesarios para amortizarla explica que Eurostat obligase a consolidar sus cuentas con las del Estado, pues este tendrá que pagar dicha deuda en caso de que no pueda hacerlo la Sareb. 

Esa es también la razón de que el Gobierno ultime su nacionalización: si el Estado asume todo el riesgo es lógico que quiera también toda la gestión para tratar de minimizar el coste de la compañía para las arcas públicas. Y el riesgo no es poco: en su último plan de negocio hasta 2027, la Sareb apunta la "imposibilidad de generar flujos de caja suficientes a lo largo del periodo para amortizar íntegramente la deuda emitida por la compañía". De ahí que el Ejecutivo también tenga sobre la mesa alargar su fecha de liquidación más allá de 2027 para tratar de evitar un alza de la factura del rescate bancario.

Distintas fórmulas

El primer paso es modificar, como va a hacer el Gobierno, el Real Decreto 1559/2012 que establece que "en ningún caso la participación pública podrá ser igual o superior al cincuenta por ciento del capital de la sociedad". Una vez retirado ese escollo legal, el Ejecutivo baraja varias fórmulas para nacionalizar la compañía, como comprar directamente por un precio simbólico la participación de los accionistas privados (de un euro, por ejemplo) o hacer una operación acordeón (reducir el capital a cero dada su situación patrimonial y hacer una ampliación de capital posterior a un precio simbólico que suscribiría el Estado). Lo que tiene muy claro el Ejecutivo es que no va a inyectar nuevas ayudas públicas a la compañía en este momento, pese a que alguna de las partes implicadas en el proceso lo consideraban oportuno.

El Estado, a través del FROB, ya dio en 2019 por perdidos los 2.192 millones que inyectó a la Sareb, con lo que la nacionalización no le ocasionará números rojos adicionales por sí misma. Para los accionistas privados tampoco es un gran problema salir del accionariado, ya que hace tiempo que la mayoría dieron por perdidos los 2.600 millones invertidos y asumieron el impacto en sus cuentas. Eso sí, los 15 bancos propietarios (todos los relevantes menos el BBVA, que rechazó la petición de participar del entonces ministro Luis de Guindos) quieren que el Gobierno les permita mantener los derechos al menor pago futuro de impuestos (activos fiscales diferidos) generados por las provisiones realizadas para asumir la pérdida de su inversión. 

Con la normativa actual, los bancos perderían la deducibilidad fiscal de dicha pérdida por tener más del 5% del capital. De hecho, una de las posibilidades que se ha planteado es que el Estado tome más del 95% del capital en un primer momento y diluya a los accionistas privados por debajo de ese umbral del 5%. Pasado un año, dichos propietarios ya sí podrían vender el capital de la Sareb que todavía tuvieran y deducirse la pérdida en el pago de impuestos. Otra opción por la que los bancos abogan es cambiar la ley para poder activar los activos fiscales directamente.

Pecado original

En su nacimiento, el Gobierno de Rajoy aseguró que la Sareb no costaría un euro a los contribuyentes y tendría una rentabilidad media del 14%. Desde el principio se demostró que era completamente falso. El principal problema de la compañía es que recibió los más de 200.000 activos que le traspasaron las cajas rescatadas a un precio excesivo. Así, pagó 50.781 millones de euros mediante la deuda avalada por el Estado, con un sobreprecio respecto a su valor de mercado que la Comisión Europea calculó en unos 19.000 millones y consideró ayuda pública.

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Ello benefició a las entidades rescatadas, ya que evitó hacerles un agujero aún mayor del que ya tenían, pero perjudicó al banco malo, que durante años no pudo vender sus créditos e inmuebles a precios de mercado para evitar sufrir pérdidas aún mayores, lo que le hubiera dejado sin recursos propios todavía más rápido. A ello se sumó un derivado financiero ('swap') que contrató para protegerse de las subidas de tipos de interés pero que, al derrumbarse estos, le ha costado unos 3.350 millones desde su creación.

La consecuencia de todo ello es que la firma cerró junio con unas minusvalías en sus activos de 8.812 millones (el 71% tienen un valor de mercado menor que su valor contable), -61 millones de recursos propios y -9.292 millones de patrimonio. Una situación que no dejará de empeorar: "Se estima que la mayor parte de la cartera produzca un margen negativo en su desinversión", admite su plan de negocio.