Un marco legal para diferenciar a las empresas con propósito del greenwashing

La pandemia ha marcado un punto de inflexión en torno a cómo los consumidores perciben a las empresas. Además de comprar sus productos y servicios, en cada vez mayor medida valoran que haya una dimensión social; un compromiso. En concreto, el porcentaje que considera relevante que cuenten con un propósito ha crecido desde el 59% de 2020 hasta el 66% en 2021, según los datos del informe elaborado por Hotwire y Kitchen.

Es importante definir qué es este propósito que demandan los consumidores. A grandes rasgos, es la respuesta a las preguntas ‘por qué’ y ‘para qué’ existe una empresa: cuál es su contribución a la sociedad y de qué forma genera un impacto positivo. En teoría, también las compañías están prestando una atención creciente a este concepto. El 81,3% de las que entrevistó LLYC para elaborar un informe presentado en mayo aseguraron haber definido un propósito con el que escalar la razón de ser de su negocio desde el mero beneficio económico hasta la contribución a la citada dimensión social. 

Sin embargo, pasar de la teoría a la práctica no es tan sencillo. Ni son tantas las empresas que lo logran. Por eso desde B Lab Spain exigen estándares comunes que pongan los puntos sobre las íes en cuanto a qué estrategias y acciones tienen un verdadero impacto y a qué empresas las ponen en práctica. Esta organización, impulsora del movimiento B Corp en España, lidera la iniciativa ‘EmpresasConPropósito’, que reclama la creación de una ley que reconozca a las empresas que verdaderamente aporten valor a todos los grupos de interés, desde sus empleados hasta la sociedad, y no solo se limiten al aspecto económico o al ‘greenwashing’. 

"Hay que saber desgranar el grano de la paja. Necesitamos generar confianza en la sociedad"

"Hay que saber desgranar el grano de la paja. Necesitamos generar confianza en la sociedad, ya sea consumidores, el regulador o los inversores. Y tiene que venir de un marco que nos permita establecer qué es una empresa con propósito, con impacto, y qué no lo es", subraya Pablo Sánchez, director ejecutivo de B Lab Spain.

Lo que persiguen es la creación de una figura jurídica, las 'Sociedades de Beneficio e Interés Común' (SBIC), que identifique legalmente a aquellas compañías que alcancen los más altos estándares de desempeño social y ambiental verificado. Los criterios a tener en cuenta, según explica Sánchez, pasarían principalmente por integrar el propósito en la gobernanza de la compañía y definirlo "de forma clara y explícita" en el objeto social; que la responsabilidad fiduciaria de los administradores también responda de los intereses de la sociedad (trabajadores, comunidad, medio ambiente) "y que eso conlleve un proceso de rendición de triple impacto"; y que se impongan requisitos de transparencia pública periódicos.

Es decir, las empresas se comprometen estatutariamente a cumplir objetivos sostenibles, a medir su impacto, a evaluar sus resultados y seguir un plan de acción, a través de controles externos, por medio de auditorías, e internos.

Ante la pregunta de qué diferencia marcaría las SBIC, el director ejecutivo de B Lab Spain destaca tres ideas. Para empezar, considera "fundamental" que se dé reconocimiento y visibilidad a aquellas empresas que "adoptan compromisos firmes y explícitos para generar un propósito social". Según explica, disponer de parámetros medibles y un modelo riguroso sería de gran utilidad para definir el grado de compromiso social y "en un momento en el que hay mucha empresa que afirma ser sostenible y utiliza la sostenibilidad como herramienta de comunicación". Esto va de la mano del segundo aspecto, ya que un marco y unos estándares de evaluación comunes, cuya aceptación fuera general, son clave para "generar credibilidad".

Por último, Sánchez hace hincapié en la transparencia que este marco normativo traería, "de tal modo que se pudiera crear un reconocimiento, ya sea en procesos de compra pública, de inversión y financiación de impacto…". 

Incentivar el propósito

Desde la plataforma de B Lab Spain aseguran que la aprobación de esta nueva figura generaría diversos beneficios a nivel empresarial, social, político y jurídico que, por sí solas, podrían suponer un atractivo para las empresas a la hora de ceñirse a unos parámetros de impacto.  "Por un lado hay unas tendencias de mercado que van a animar a las empresas: habrá quien lo haga de forma proactiva, porque considera que tiene el deber moral de hacerlo, pero también habrá quien vea cómo las tendencias de mercado llevan a la empresa hacia ese modelo, ya sea porque el inversor o el consumidor le está presionando", explica. 

Y por otra parte, resaltan la contribución del reconocimiento legal a la hora de acelerar la adhesión de nuevas organizaciones. "Lógicamente el Estado tiene también una función muy relevante, por eso estamos actuando con el legislador", indica Pablo Sánchez, que puntualiza que entre sus objetivos no se encuentra el que haya incentivos fiscales, "porque entonces podría parecer que se hace con esa intención".

La propuesta, dirigida a la administración y a los poderes públicos, la han canalizado a través de una plataforma online donde han recabado el apoyo de más de 350 entidades de diversa índole. En  la lista figuran Danone, HolaLuz, CAPSA Food, Heura, Camper, Esade, Oxfam Intermón, Triodos Bank, Save the Children o la Cámara de Comercio de Cantabria. Además, han puesto en marcha una petición ciudadana que acumula más de 30.400 firmas en Change.org. 

Próximos pasos

Este marco legal para las empresas con propósito ya existe en otros países, como Estados Unidos, Italia o Francia. "Cogiendo el testigo y siguiendo la estela, en España veíamos necesario aprobar este reconocimiento", detalla Sánchez. Además del impulso, de estos modelos previos se podría replicar el contenido normativo "casi al 100%" o tomar ejemplo de las políticas públicas desarrolladas. Con estos mimbres B Lab Spain está preparando el libro blanco, que incluirá el desarrollo normativo para la propuesta de ley y describirá cómo deben ser los estándares de evaluación y qué organismo o institución lo puede garantizar o evaluar.  

"Hay interés, no sé si hay urgencia. Necesitamos que esto se apruebe con urgencia"

En paralelo, la plataforma tiene previsto reunirse con todos los grupos del Congreso a lo largo del primer trimestre de 2022 y han mantenido conversaciones con el Alto Comisionado de la Nación Emprendedora. A su favor jugaría, según resume su director ejecutivo, la "recepción favorable" que están encontrando tanto en los distintos agentes implicados como en la opinión pública. "Creo que la sociedad está hoy más preparada y más madura para hacer estos planteamientos y visualizar a la empresa como parte de la solución y no del problema. Y creo también que la Administración está cada vez más preparada para este discurso", afirma. 

Con este contexto, las previsiones de la plataforma apuntan a la segunda mitad del próximo año para pasar los filtros institucionales: "Nuestra expectativa es que este tema se pudiera discutir y aprobar a lo largo del 2022, seguramente en el segundo semestre", plantea Sánchez. "Hay interés, no sé si hay urgencia. Pero necesitamos que esto se adopte con urgencia", concluye.