El Gobierno dejará de ingresar 2.300 millones por las deducciones de la ley de start-ups

La ley de start-ups implicará para el Gobierno dejar de ingresar 2.300 millones de euros. La cifra es consecuencia, sobre todo, de las rebajas fiscales que incluye la nueva norma, que permite por ejemplo reducir a la mitad los impuestos que pagan los inversores por aportaciones de hasta 100.000 euros o incluso eliminarlos en los paquetes de hasta 50.000 euros de acciones de la start-up que reciban sus trabajadores como parte del sueldo.

Sin embargo, la medida que más reducirá la recaudación pública es la disminución del impuesto de sociedades que pagarán estas empresas, que pasa del 25% al 15%. Según la memoria económica del anteproyecto, a la que ha tenido acceso Europa Press, bajar en diez puntos el impuesto de sociedades supone para el Gobierno dejar de ingresar 2.000 millones de euros.

El ejecutivo de Pedro Sánchez toma como escenario que unas 5.000 empresas emergentes con una facturación de dos millones de euros pasen dos años acogidas a las deducciones de la ley. Sin embargo, de acuerdo con el texto que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, las start-ups pueden acogerse a estas deducciones hasta cinco años, siempre que facturen menos de cinco millones de euros al año.

En el otro lado de la balanza, el Gobierno contempla que el proyecto impulsado por el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, capitaneado por Nadia Calviño, incite a que se creen unas 1.000 nuevas de estas empresas en España.

Aprovación de Bruselas

Ahora bien, el anteproyecto también revela que buena parte de los puntos de la ley de start-ups dependen de que la Comisión Europea dé su visto bueno. Así, Bruselas tiene que dar luz verde tanto a los artículos que afectan a la tributación, como al aplazamiento de impuestos, a la exención de aranceles notariales y de registro o a la compensación del patrimonio neto.

Pese a eso, la norma está preparada para entrar en vigor el día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que el Gobierno ha trasladado a Bruselas que se producirá en el último trimestre de 2022.