Bruselas abre la puerta a compras conjuntas de gas en la UE

Pese a las dudas expresadas a mediados de noviembre por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) en su informe preliminar sobre el funcionamiento del mercado eléctrico (el definitivo estará listo en abril), la Comisión Europea ha abierto la puerta a que los Estados miembros que los deseen se alíen para realizar compras conjuntas de gas en la Unión Europea, tal y como lleva meses pidiendo el Gobierno de Pedro Sánchez como medida para frenar el alza de los precios de la luz en el continente europeo. Bruselas incluye la posibilidad en la revisión de las reglas del mercado interno de gas presentada este miércoles aunque la medida sería de carácter voluntario y para situaciones de emergencia. 

La propuesta, incluida dentro del paquete para descarbonizar el mercado del gas e impulsar el hidrógeno, responde a la escalada de los precios de la energía de los últimos meses, la volatilidad de los mercados mundiales y la petición cursada a mediados de octubre por los líderes de la UE, que invitó al Ejecutivo comunitario a adoptar medidas a medio y largo plazo para aumentar la resiliencia y reforzar la seguridad en el suministro en caso de crisis energética. La respuesta de Bruselas incluye incluye un paquete con varias líneas de actuación. En primer lugar, la citada posibilidad de que los Veintisiete realicen compras conjuntas. 

“La idea es que los Estados miembros que lo deseen, sobre una base voluntaria, unan fuerzas a través de compras conjuntas que podrían ayudarles a conseguir mejores condiciones en el mercado global" aunque se limitaría para "casos de emergencia”, explican fuentes del Ejecutivo comunitario cuyo papel será garantizar que se respetan las reglas de la competencia, el mercado interior y que se respeta la legislación europea. Por emergencia Bruselas entiende cualquier situación de escasez de gas que afecte a consumidores, hogares o empresas.

¿Reuniría la situación actual las condiciones para activar el mecanismo?. "No, afortunadamente no estamos ahí y esperamos no llegar a eso", apuntan las mismas fuentes sobre una de las principales demandas de España para abaratar los precios actuales, secundada por otros como Francia, pero que no ven con buenos ojos en Alemania o Bélgica. Los países interesados en poner en marcha una operación de compra tendrían que informar al resto de socios así como a la Comisión Europea de sus intenciones aunque posteriormente serían los operadores y transportistas eléctricos (TSO, en inglés) los que asumirán la operación. En cualquier caso, tendrá que respetar las reglas de la competencia "y estar abierto a la participación en una fase posterior de otros Estados miembros que lo deseen", apunta el Ejecutivo comunitario.

Capacidad de almacenamiento

El plan también apuesta por reforzar la capacidad de almacenamiento europeo, incluyendo explícitamente el papel del almacenamiento en las evaluaciones de riesgo a nivel regional. “Si los Estados miembros concluyen que hay un riesgo, deberán considerar medidas en sus planes preventivos de emergencia, para asegurar un nivel mínimo de stocks, que podría realizarse en forma de obligaciones de almacenamiento mínimo, de licitaciones o subastas”, explican las mismas fuentes. En este caso, los países europeos afectados de una región tendrían que acordar las modalidades de financiación y los pagos de compensación así como el mecanismo para transportar el gas de la instalación de almacenamiento a su destino. 

“En caso de escasez, ningún hogar en Europa quedará abandonado, gracias a una mayor solidaridad automática transfronteriza mediante nuevas disposiciones predefinidas y aclaraciones sobre los controles y compensaciones en el mercado interior de la energía”, asegura Bruselas sobre un plan que también aspira a reforzar las reglas actuales para cubrir los nuevos riesgos de ciberseguridad y que deberá ahora ser negociado ahora con Parlamento Europeo y Consejo. El paquete, que forma parte del plan para lograr la neutralidad climática en 2050, también incluye una propuesta para reducir las emisiones de metano, el segundo causante del calentamiento global tras el dióxido de carbono, y otra para garantizar la eficiencia energética de edificios, con obligaciones de renovación para aquellos más ineficientes. Según la misma, el 15% del stock de viviendas menos eficientes tendrán que estar renovadas para 2030 y para 2027 el mismo porcentaje de edificios públicos..