Índice de Precariedad Colectiva

Se extiende la preocupación por el IPC. No solo porque sube, sino porque no se entiende la carencia de correspondencia entre lo que marca el IPC y el aumento real de los precios de los productos más demandados. La discrepancia se produce porque la ponderación recogida por el IPC no traslada el peso real de los bienes y servicios que consumen las personas con rentas más debilitadas. Así, mientras el IPC interanual de octubre se situaba en Catalunya en el 5,2%, la rúbrica “calefacción, alumbrado y distribución de agua” había subido un 42% y la del transporte un 12,5%.

Si en 2020 había un 9,4% de los hogares catalanes que no podían mantener la vivienda a temperatura adecuada o un 12,4% que sufrían retrasos en el pago de los gastos relacionados con la vivienda principal, la irrupción del invierno previsiblemente comportará, con los incrementos de precios actuales, situaciones de extrema precariedad para muchas personas. Y la situación no necesariamente mejorará en los próximos meses. El Banco de España, en septiembre, corrigió las proyecciones de la evolución de los precios para 2022, hasta situar la inflación prevista para el próximo año en el 1,7%.

El problema radica en la crisis de oferta que acompaña a la recuperación y que impacta en los precios energéticos, pero que se traslada también gradualmente a la inflación subyacente, que es la que no incluye los precios energéticos o de alimentos y que tiene por tanto un carácter más estructural. Las limitaciones en la cadena de suministros afectan a todo el tejido productivo por el aumento de los precios de la energía y las restricciones en el acceso a bienes intermedios como se ha visto en el caso de los semiconductores. El problema por tanto no es tan solo para los hogares, especialmente los más vulnerables.

Debe detenerse el debilitamiento del poder de compra de las rentas más bajas. Hay que tener en cuenta, además, el peligro añadido de que el ahorro acumulado por las rentas medias a lo largo de la crisis de la covid-19 se desvanece rápidamente al pagar precios más altos. Es necesario incrementar salarios y pensiones para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo por ser de justicia. Pero también para mantener el pulso de la demanda interna. Si la demanda interna no se sostiene, las empresas lo van a pasar muy mal. No se entiende la resistencia férrea de la patronal a subir salarios, tal y como se ha visto en el conflicto de Cádiz.

Afortunadamente, el incremento de las pensiones compensará al IPC, aunque en el caso de las 820.000 personas que cobran menos de 800 euros el incremento previsto del 3% se quedará demasiado corto. En las rentas más bajas tiene un efecto demoledor la congelación desde hace más de 10 años del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) puesto que solo permite dar ayudas y subsidios a aquellas personas con una renta inferior a los 7.967,73 euros anuales. Pensar que la suficiencia económica para sobrevivir se sitúa en 7.967 euros anuales es una crueldad ahora mismo.

En cuanto a los salarios, al margen del efecto que tienen sobre la renta disponible existen tres factores más que conviene destacar. En primer lugar, impulsan la demanda agregada que, en un entorno de incertidumbre de la economía global, es un factor de estabilidad. En segundo lugar, cabe decir que la productividad ha aumentado muy por encima de los salarios y reclama un ajuste al alza para superar un modelo de bajo valor añadido que es débil en términos de competitividad. Pero hay una tercera cuestión que es clave. Cuando se incrementan los salarios no solo se impulsa la renta disponible de quien trabaja, sino también los ingresos que alimentan el estado del bienestar mediante cotizaciones e impuestos que garantizan la calidad de los servicios públicos y la suficiencia de prestaciones y ayudas.

En un contexto de crecimiento de la deuda pública y con la merma crónica de la aportación del capital, la parte socializada del salario es fundamental para mantener el estado del bienestar. Si la temporalidad, intermitencia y parcialidad involuntaria de las carreras de cotización impulsa la precarización de las relaciones laborales, la contención en los salarios completa un marco que compromete el presente y el futuro de las clases trabajadoras en nuestro país. Por tanto cuando defendemos nuestros salarios, no solo defendemos nuestra renta familiar, sino también la calidad de los servicios y de las ayudas que necesitan otras personas. Por esta razón es responsabilidad de todos organizarnos y hacer que el Índice de Precios al Consumo no se convierta en un Índice de Precariedad Colectiva.

Suscríbete para seguir leyendo