Reforma laboral

La CEOE presenta su contrapropuesta al Gobierno: nada de topes máximos de temporales por sectores

Los empresarios abren la puerta a pactar una ultraactividad mínima en los convenios y que las partes no tuvieran que volver a negociar de cero si decae la vigencia

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. / Europa Press

Gabriel Ubieto

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La reforma laboral entra en el tiempo de descuento, con las partes todavía distantes en varios de los huesos de la negociación. En la reunión de este martes la CEOE ha presentado su contrapropuesta a los documentos que el Gobierno ha ido poniendo encima de la mesa para reformar cuestiones como la temporalidad, la subcontratación, la ultraactividad o el nuevo modelo de ertes. Los empresarios no plantean una enmienda a la totalidad, pero casi. Según detallan diferentes fuentes del diálogo social, CEOE ha presentado este martes por escrito su rechazo a fijar topes o porcentajes máximos de temporalidad por sectores o tamaño de empresa, tal como planteaba el Gobierno. En materias como la prioridad aplicativa de los convenios, se mantiene firme en preservar la primacía de los sectoriales. Y en ultraactividad se abre a pactar un contenido de mínimo que no decaería en caso de perder vigencia el convenio.

La CEOE mueve ficha para tratar de dar la vuelta a una reforma laboral que ve marcada por la "ideología" y que no es "lo que pide Europa", según ha reiterado su presidente, Antonio Garamendi, durante las últimas semanas. Para ello pone encima de la mesa un vuelco a la propuesta sobre temporalidad que el Ejecutivo les planteó el pasado 17 de noviembre. Los negociadores de Trabajo, Economía y Seguridad Social plantearon limitar la eventualidad según el tamaño de empresa. Con topes del 8% de eventualidad para las pymes o del 4% para la gran empresa. Ahí los empresarios se han plantado y, según explican fuentes del diálogo social, le han dicho al Gobierno que ni límites porcentuales ni de ningún tipo a la temporalidad.

Tampoco ven con buenos ojos la subida de cotizaciones que diseño Seguridad Social para las empresas que utilicen contratos temporales de muy corta duración. Escrivá busca multiplicar el coste empresarial de estos contratos, con el objetivo de minimizar el efecto 'fin de semana' (empresas que dan de baja a un trabajador el viernes para recontratarle el lunes y ahorrarse dos días de cotización).

Otra vía por la que el Ejecutivo quiere atajar la temporalidad es reformulando su causa, es decir, que las compañías tengan menos argumentos para poder registrar un contrato eventual y no uno indefinido. Por ejemplo, la última propuesta gubernamental prevé habilitar un contrato de máximo tres meses si el empresario tiene que atender un pico de actividad no periódico, por ejemplo, contratar un camarero durante unos días para las fiestas del pueblo. Sobre causalidad, los empresarios se abren a estudiar una causalidad adaptada por sectores y tamaños de empresa, señalando que no todos los sectores tienen las mismas necesidades productivas y que no es lo mismo la organización del trabajo en el campo, que va por estaciones y donde la temporalidad supera el 50%, que en la industria, más estable y con índices sustancialmente por debajo.

La contrapropuesta de los empresarios, pese a que contiene muchas enmiendas, también incluye algunas medidas cercanas a las posiciones que ha ido dejando por escrito el Gobierno. Es el caso, por ejemplo, de la subcontratación. Ahí el textual del último borrador del Gobierno reza que "el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad ejecutada en la contrata o subcontrata". Elemento compartido en la contrapropuesta de la patronal.

Ertes y contratos formativos

El documento de CEOE, según cuentan desde el diálogo social, ve margen de mejora en la última propuesta de modelo de ertes, el conocido como 'Mecanismo RED'. Los empresarios consideran que las exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas debiera ser mayor cuando impartan formación a los trabajadores afectados. Ahí el Gobierno plantea un 50% de ahorro para las empresas, aunque con formación obligatoria. Esa carga formativa y el porcentaje final de ayudas son dos cuestiones en liza actualmente en las mesas.

Y la propuesta empresarial también contiene modificaciones en el terreno de los contratos formativos, aquellos similares a la antigua figura del aprendiz. En este sentido, los empresarios se abren a mejorar las remuneraciones de estos trabajadores, pero si es la Administración la que asume ese incremento de ingresos.

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