El Gobierno ultima un 'infojobs' estatal con todas las ofertas públicas y privadas de empleo

  • El anteproyecto de la nueva ley transforma el SEPE en la Agencia Española de Empleo, con más presupuesto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; en el Congreso. / David Castro

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Gemma Robles / Gabriel Ubieto / Rosa María Sánchez

El Gobierno ultima su anteproyecto para una nueva ley de empleo, una reformulación de los servicios públicos de ocupación para tratar de mejorar los resultados de inserción y que más parados vean en la Administración una aliada eficiente para encontrar un puesto de trabajo. 

Las líneas maestras de la reforma buscan reconvertir el actual SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) en lo que será la Agencia Española de Empleo, un organismo con mayor autonomía, mayor presupuesto y abierta a un mayor protagonismo de las agencias privadas en las tareas de prospección de ofertas de trabajo, según figura en el último borrador al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El texto que han perfilado desde el Ministerio de Trabajo, y consultado con autonomías y agentes sociales, está en fase definitiva, con la previsión de que el Consejo de Ministros lo apruebe próximamente. Podría ser este mismo martes. 

La reforma propuesta por Trabajo se apoya en medidas como la creación de una plataforma digital estatal "que funcione como un 'job marketplace' que conecte a todos los demandantes de empleo con todas las ofertas a nivel nacional tanto públicas como privadas”, se afirma en la exposición de motivos del borrador. En esta especie de ‘infojobs’ de carácter público deberían aparecer todas las ofertas de empleo de ámbito estatal, autonómico y local, así como las procedentes de agencias de colocación privadas y de las entidades colaboradoras. Estos son los cinco pilares de lo que el borrador denomina como nuevo ‘Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo”. 

La gobernanza del nuevo Sistema Estatal de Empleo será compartida entre la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales (donde están presente Gobierno y comunidades autónomas, en quienes reside la competencia de aplicación de las políticas activas de empleo) y el nuevo Consejo del Sistema Estatal de Empleo, donde estarán representados Estado, comunidades autónomas, patronales y sindicatos.  

Cartera común de servicios

El anteproyecto de ley pretende poner las bases de una reconversión de las políticas activas de empleo en España. Esto es: todas aquellas iniciativas financiadas con recursos públicos que tienen como objetivo ayudar a las personas en paro a encontrar un empleo o a las que quieren cambiar de ocupación. En un país con una tasa de paro actualmente del 14,5%, esta es una de las reformas comprometidas con la Comisión Europea por el Gobierno de España en el marco de recepción de los fondos europeos. Previsiblemente este martes el Consejo de Ministros pondrá en marcha la maquinaria legislativa, para que luego devenga en proyecto de ley y se tramite en el Congreso para ser aprobada durante 2022. 

Una de las grandes novedades del texto es el establecimiento de una “cartera común de servicios” para todos los usuarios de los servicios de orientación, intermediación , formación y asesoramiento para el empleo. Esta cartera será ofrecida tanto por el Estado (a través de la Agencia Española de Empleo) como por los servicios de empleo autonómicos y locales, las agencias privadas de colocación y las entidades colaboradoras. 

El borrador introduce la figura del tutor, un profesional de referencia para la persona desempleada, que le acompañará en un recorrido formativo prediseñado, con el fin último de encontrar un nuevo empleo y le irá informando de las ofertas disponibles. La nueva Agencia Española de Empleo, siempre según el último borrador, establecerá una ratio máxima de tutores por desempleados para poder garantizar una carta de servicios y derechos básica para todo ciudadano y que será común en todas las comunidades autónomas. Esta figura pretende emular los modelos nórdicos, donde los usuarios de los servicios públicos de empleo tienen un orientador de referencia.  

Mayor presupuesto

Y para hacer viable esa transformación, hará falta más dinero. "El reconocimiento de servicios garantizados en este ámbito exige una profunda revisión del marco financiero, para que la Ley no se convierta en una mera declaración de voluntad" se afirma en la exposición de motivos del borrador. El nuevo modelo contabilizará todas las fuentes de financiación que puedan destinarse a políticas activas para el empleo; no solo las procedentes de los presupuestos de las administraciones territoriales, sino también cotizaciones sociales y fondos europeos. 

El anteproyecto de ley de empleo plantea un incremento de los derechos para el desempleado, según los cuales y como contraprestación, deberá asumir responsabilidades. La formación es condición sine qua non en la gran mayoría de programas de inserción laboral y, conservando la actual legislación, una desatención de esas obligaciones puede comportar faltas, siendo la infracción más grave motivo de la retirada de la prestación de paro.

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Más movilidad geográfica

La redacción del anteproyecto pone gran énfasis en la movilidad geográfica, para casar las necesidades de empleo de unas regiones con los perfiles desocupados que pueda haber en otras. En esa línea, cualquier persona podrá postular a un programa de ayudas públicas para el empleo de cualquier autonomía. Con excepciones, como es el caso de los programas rurales o “sin perjuicio de los requisitos de conocimiento de la lengua propia de una comunidad autónoma”.