Administración General del Estado
Los funcionarios del Estado podrán teletrabajar más a partir del 1 de enero
Montero anuncia que el real decreto sobre trabajo a distancia en la Administración General del Estado estará en vigor en enero del 2022
Este parte del acuerdo alcanzado en abril entre Iceta y los sindicatos y que habilitaba un máximo de tres días a la semana de ejercicio a distancia
Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
La nueva norma que regula el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor el próximo 1 de enero del 2022. Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en su exposición de este jueves en el Congreso de los Diputados. "Estamos trabajando con las organizaciones sindicales para hacer posible que esa norma se pueda aprobar y que entre en vigor en enero del próximo año", ha afirmado. Actualmente el Gobierno y los sindicatos están negociando los detalles de la normativa, que parte del acuerdo alcanzado en abril con el anterior ministro, Miquel Iceta, y que preveía un máximo de tres días a la semana de ejercicio a distancia. Fuentes de Hacienda consultadas recelan a la hora de dar por definitiva esa referencia y emplazan a cerrar primero la negociación.
Parte de los 230.395 empleados públicos que forman la plantilla de la Administración estatal verán a partir del año próximo ampliados sus días hábiles de teletrabajo a la semana, respecto a su actual situación, que contempla una jornada a la semana a distancia. Si bien durante la pandemia los empleados de la AGE pudieron ejercer a distancia hasta cuatro días a la semana, la vuelta a la presencialidad posteriormente llevó a Función Pública y sindicatos a negociar cómo estabilizar ese ejercicio a distancia. El resultado, tras cinco meses de negociación, se rubricó el 12 de abril, cuando Iceta y las centrales acordaron un máximo de tres días en casa a la semana y dos en la oficina.
No obstante y con un cambio de ministro mediante, ese pacto no se llegó a plasmar en un real decreto que consolidara la norma. Y en septiembre el Ministerio ordenó la vuelta a la presencialidad, conservando únicamente un día a la semana de teletrabajo. Ahora Montero y las centrales están negociando el texto definitivo que deberá regir hasta enero y los sindicatos exigen que la nueva titular respete lo negociado con su antecesor.
Incentivo para la España vaciada
A partir de la nueva norma cada departamento podrá ir evaluando cada puesto de trabajo para determinar si puede o no trabajar a distancia y, si puede, cuantos días a la semana es asumible que lo haga. Desde Función Pública pretenden "compatibilizar la prestación de servicio, pero incorporando una mayor flexibilidad laboral y capacidad de conciliación", según se ha expresado la ministra este jueves. Montero ha destacado que la consolidación del teletrabajo en la Administración pretende ser un incentivo para que los empleados públicos puedan "establecerse en las zonas despobladas".
A falta de cerrarse los detalles del nuevo real decreto, el texto de Iceta remitía siempre a la "voluntariedad" del trabajo a distancia para los empleados, por lo que aquellos que no quisieran teletrabajar no estarían obligados a hacerlo. Y excluía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía o de los juzgados; que pertenecen a la AGE pero quedaban excluidos de este acuerdo por sus particularidades. Es decir, el agente policial que renueva DNIs o patrulla, el mecánico de aviones militares o el administrativo de los juzgados, no podrían acogerse a este marco de teletrabajo. Lo que deja, según cálculos sindicales, a unas 230.395 personas cubiertas por este nuevo acuerdo.
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